Por Agencias
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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó el miércoles al expresidente Donald Trump y su compañía, a los que acusó de fraude por inflar en miles de millones de dólares el valor neto de activos como campos de golf, hoteles y residencias en la Torre Trump y Mar-a-Lago.
James describió el ardid como “el arte de robar”, una referencia al libro de Trump “El arte de vender”.
La demanda que James presentó ante una corte estatal en Nueva York es la culminación de una pesquisa de tres años en torno a Trump y la Organización Trump. También son señalados en la demanda los tres hijos mayores de Trump —Donald Jr., Ivanka y Eric— junto con dos ejecutivos de la empresa: Allen Weisselberg y Jeffrey McConney.
La demanda pone los reflectores en la imagen de riqueza y opulencia que Trump ha proyectado durante mucho tiempo en su carrera, primero como empresario de bienes raíces, luego como estrella de los reality shows “The Apprentice” y “Celebrity Apprentice”, y después como presidente.
James quiere que Trump y los demás acusados paguen al menos 250 millones de dólares, monto que afirma fue el valor aproximado de las ganancias conseguidas mediante prácticas fraudulentas.
James, que es demócrata, anunció el miércoles los detalles de la demanda en una conferencia de prensa. La fiscal dijo que su oficina presentó el caso —que es civil y no penal— tras rechazar propuestas para un arreglo que presentaron los abogados de los demandados.
El supuesto ardid tuvo como propósito realzar la imagen de Trump de multimillonario y el valor de sus propiedades para conseguir ventajas empresariales, como la obtención de créditos en condiciones favorables, mientras que otras veces disminuía el valor de sus bienes con fines fiscales, afirmó la oficina de James.
“Esta investigación reveló que Donald Trump durante años incurrió en conductas ilegales para inflar el valor neto de sus activos, a fin de engañar a bancos y al pueblo del gran estado de Nueva York”, declaró James en conferencia de prensa. “Afirmar que tienes dinero que no tienes no es el arte de negociar, sino el arte de robar”, añadió la funcionaria.
James dijo que su pesquisa puso al descubierto posibles infracciones penales, como falsificar archivos empresariales, difundir falsos estados financieros, fraude de seguros, confabulación y fraude bancario.
Añadió que su despacho decidió turnar los hallazgos a fiscales federales y al Servicio Interno de Impuestos.
En un comunicado difundido en su red social Truth Social, Trump describió la demanda como “otra cacería de brujas de una fiscal general racista”, y a James, que es de raza negra, como “un fraude que hizo campaña con la promesa de ‘atrapar a Trump’ no obstante el hecho de que la ciudad es uno de los desastres mundiales de delincuencia y homicidios bajo su supervisión”.
La abogada de Trump Alina Habba dijo que la demanda “no se centra en los hechos ni en la ley, más bien se centra sólo en impulsar la agenda política de la fiscal general”, y acusó a James de abuso de autoridad “al husmear en transacciones en las que no hubo irregularidad alguna”.
Habba dijo que las acusaciones en la demanda “carecen de mérito”.
James pretende separar a los Trump de las empresas involucradas en el presunto fraude y que se nombre un supervisor independiente que vigile durante no menos de cinco años que la Organización Trump cumpla sobre sus estados financieros, valuaciones e información entregada a acreedores, aseguradoras y autoridades fiscales.
También desea reemplazar a los actuales titulares del fideicomiso de Trump, que controla sus intereses empresariales, con un fideicomisario independiente; prohibirle a Trump y a la Organización Trump adquirir bienes raíces comerciales por cinco años; prohibirles obtener préstamos de bancos en Nueva York por cinco años, y prohibir permanentemente que Trump o sus tres hijos mayores funjan como directores o subdirectores de toda empresa registrada o autorizada en el estado de Nueva York.