Por Redacción
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El gobierno del presidente Donald Trump anunció un nuevo programa que ofrece 2,500 dólares a niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países de origen. La medida, revelada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ha generado un amplio debate sobre la presión que podría ejercer en menores de edad que aún tienen casos legales abiertos en Estados Unidos.
El anuncio se conoció a través de un correo electrónico interno obtenido por The Associated Press, dirigido a refugios de migrantes bajo la supervisión de la Administración para Familias y Niños, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El mensaje indicaba que los menores de 14 años en adelante tendrían derecho al pago si aceptaban la oferta en un plazo de 24 horas.
Los directores de los refugios recibieron la instrucción de confirmar la recepción del aviso en menos de cuatro horas, sin que se especificaran consecuencias para aquellos que rechazaran la propuesta. ICE aclaró que los pagos serían entregados solo después de que un juez de inmigración aprobara la salida voluntaria y el niño regresara físicamente a su país de origen.
“Este apoyo financiero busca ayudar en el proceso de regreso a casa si el menor elige esa opción”, señaló la agencia en un comunicado.
Sin embargo, hasta ahora ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no han respondido a preguntas sobre la elegibilidad exacta ni el alcance del programa.
Además del incentivo dirigido a niños migrantes, el gobierno también ha ofrecido 1,000 dólares a los adultos que decidan abandonar el país voluntariamente.
Reacciones y críticas de defensores
La propuesta desató reacciones inmediatas entre organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigración, quienes advirtieron que la suma podría manipular las decisiones de menores vulnerables.
“Para un niño, 2,500 dólares podría ser la mayor cantidad de dinero que haya visto en su vida. Eso podría hacer muy difícil para ellos valorar con precisión los riesgos a largo plazo de aceptar la salida voluntaria en lugar de quedarse en Estados Unidos y luchar legalmente por un alivio migratorio”, dijo Melissa Adamson, abogada sénior del Centro Nacional de Derecho Juvenil.
Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, expresó preocupaciones similares: “La oferta presiona a los niños a abandonar sus reclamos legales y regresar a una vida de miedo y peligro sin haber recibido una audiencia justa”.
Los críticos sostienen que el plan refleja el endurecimiento de la estrategia de Trump hacia la migración infantil, mientras la administración lo presenta como una vía voluntaria para aliviar la saturación del sistema migratorio. Organizaciones religiosas y comunitarias en estados fronterizos también han cuestionado el programa, calificándolo como un intento de “compra de deportaciones”.
En contraste, defensores de la medida aseguran que ofrece una salida práctica a quienes ya no desean continuar en Estados Unidos y buscan regresar a su país de origen.
Contexto migratorio y efectos legales
El programa se da en medio de un panorama migratorio marcado por un alto flujo de menores no acompañados. Desde octubre de 2021, las autoridades fronterizas han arrestado a más de 400,000 niños que cruzaron sin sus padres. Una ley aprobada en 2008 exige que todos los menores comparezcan ante un juez de inmigración antes de ser devueltos, lo que les da la oportunidad de solicitar asilo u otras protecciones.
Sin embargo, bajo la administración Trump, los niños han enfrentado procesos más estrictos antes de ser liberados con familiares o tutores. El gobierno ha implementado medidas de huellas digitales, pruebas de ADN y visitas domiciliarias por parte de agentes de inmigración, lo que ha prolongado significativamente el tiempo de estadía en refugios.
En enero de 2025, el promedio de permanencia era de 37 días, pero en abril alcanzó un máximo de 217 días, según cifras oficiales. Para julio, el promedio bajó a 171 días, aunque todavía se mantiene muy por encima de los niveles previos a Trump.
El ICE negó versiones que circulaban entre abogados de inmigración sobre una supuesta operación masiva llamada “Freaky Friday” para deportar a menores, y aseguró que el plan se limita a la oferta económica.
No obstante, expertos legales advierten que la medida podría enfrentar impugnaciones en tribunales. El consentimiento de un menor para aceptar un pago a cambio de renunciar a su caso migratorio podría considerarse inválido por la presión económica.
“El equilibrio entre la presión financiera y el derecho al debido proceso será el centro del debate legal”, explicó Adamson.
Abogados anticipan que organizaciones y familias podrían presentar demandas para detener la implementación del programa, argumentando que afecta derechos fundamentales de los niños.
Con los refugios ya notificados, los próximos meses serán decisivos para conocer el alcance real de la propuesta. Para algunos, la medida refleja un intento de reducir costos y acelerar procesos; para otros, representa una amenaza directa a la protección de menores migrantes.
