Por Redacción
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El gobierno del presidente Donald Trump anunció que retirará de manera inmediata a unos 700 agentes federales de inmigración desplegados en Minnesota, aunque mantendrá en marcha las redadas migratorias que durante semanas han generado tensiones, protestas y enfrentamientos mortales en el estado, informó el miércoles el llamado “zar de la frontera”, Tom Homan.
La decisión reducirá parcialmente una operación que llegó a contar con cerca de 3.000 agentes federales y que fue presentada por el Departamento de Seguridad Nacional como la mayor ofensiva migratoria jamás realizada en territorio estadounidense. Tras el repliegue anunciado, aproximadamente 2.000 agentes permanecerán activos en Minnesota, una cifra similar a la desplegada a principios de enero, cuando la operación fue ampliada.
Homan explicó que el retiro se produce luego de que autoridades estatales y locales acordaran aumentar su cooperación con las agencias federales, particularmente mediante la entrega de inmigrantes arrestados en cárceles y centros de detención locales. Sin embargo, no precisó una fecha para el fin total del operativo, que se ha convertido en un punto central del debate nacional sobre la política de deportaciones masivas impulsada por Trump.
La operación migratoria en Minnesota se intensificó tras una serie de incidentes que elevaron la presión política y social, incluidos los tiroteos mortales de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis. Desde entonces, la presencia de elementos enmascarados y fuertemente armados ha provocado resistencia de residentes y manifestantes, así como un escrutinio creciente por parte de autoridades estatales y organizaciones civiles.
Cooperación local y presión federal
Homan asumió el control directo de la operación en Minnesota a finales de enero, después del segundo tiroteo fatal y en medio de cuestionamientos sobre las tácticas utilizadas por las fuerzas federales. Desde el inicio, dejó claro que una eventual reducción de agentes dependería de una mayor colaboración por parte de gobiernos estatales y locales.
En particular, el funcionario presionó a las cárceles para que alerten al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sobre reclusos susceptibles de deportación. Según Homan, esta estrategia reduce la necesidad de que los agentes realicen arrestos en comunidades residenciales, lo que, aseguró, disminuye los riesgos tanto para los oficiales como para la población civil.
Durante una conferencia de prensa el miércoles, Homan afirmó que se ha registrado un “aumento sin precedentes” en la cooperación de las fuerzas policiales locales, lo que permitió justificar la retirada de parte del contingente federal. No obstante, evitó especificar qué jurisdicciones han cambiado sus políticas o incrementado su colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló en un comunicado que la administración federal supervisará de cerca a los funcionarios locales para garantizar que cumplan con los compromisos asumidos.
El tema de la cooperación ha sido durante años un punto de fricción entre el gobierno federal y las llamadas ciudades santuario, un término utilizado para describir a jurisdicciones que limitan su colaboración con las autoridades migratorias.
Funcionarios de Minnesota han insistido en que las prisiones estatales y la mayoría de las cárceles de condado ya cooperan con ICE, aunque reconocen que existen diferencias en la interpretación de lo que implica una “cooperación total”.
Las cárceles de los condados de Hennepin y Ramsey, que atienden a Minneapolis y St. Paul, respectivamente, han señalado que entregan a los reclusos a las autoridades federales cuando existe una orden judicial, pero no cumplen automáticamente con todas las solicitudes administrativas del ICE. Las autoridades del condado de Hennepin aseguraron que sus políticas no han cambiado, mientras que el condado de Ramsey no respondió a solicitudes de comentarios.
Críticas políticas, protestas y demandas judiciales
El anuncio del retiro parcial fue recibido con cautela por líderes demócratas del estado. El gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, coincidieron en que retirar 700 agentes representa un primer paso positivo, pero subrayaron que la operación completa debería terminar cuanto antes.
“Necesitamos una reducción de fuerzas más rápida y significativa, investigaciones estatales sobre los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good y un fin a esta campaña de represalias”, escribió Walz en redes sociales.
Trump defendió la decisión en una entrevista con NBC News, donde afirmó que él mismo ordenó la reducción. El presidente señaló que los acontecimientos en Minnesota demuestran que “tal vez podamos usar un enfoque un poco más suave”, aunque insistió en que el gobierno debe mantenerse firme en la aplicación de la ley migratoria.
El vicepresidente JD Vance negó que la medida represente un retroceso en la política migratoria. En una entrevista con “The Megyn Kelly Show”, sostuvo que los agentes retirados estaban principalmente asignados a tareas de protección y que la misión de deportación continúa intacta.
Homan respaldó ese mensaje y calificó la operación en Minnesota como un éxito, citando la detención de personas buscadas por delitos violentos. “Creo que ha sido muy efectiva en términos de seguridad pública”, afirmó, aunque reconoció que no se trató de una operación perfecta. Recalcó que la retirada de agentes no implica abandonar el plan de deportaciones masivas impulsado por el presidente.
En paralelo, la ofensiva migratoria enfrenta desafíos legales. Dos distritos escolares de Minnesota y un sindicato de maestros presentaron el miércoles una demanda para impedir que las autoridades federales realicen operativos migratorios en o cerca de las escuelas. Los demandantes argumentan que estas acciones han interrumpido las clases, reducido la asistencia y puesto en riesgo a los estudiantes.
La demanda sostiene además que la llamada Operación Metro Surge representa un cambio en la política federal al eliminar límites previos sobre la aplicación de la ley migratoria en “lugares sensibles”, como escuelas. En respuesta, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que el ICE no está realizando arrestos de niños en centros educativos y que las operaciones buscan “proteger a los niños”.
Mientras continúan las protestas y los procesos judiciales, el futuro de la operación migratoria en Minnesota sigue siendo incierto. Lo que sí está claro es que el estado se ha convertido en uno de los principales escenarios del debate nacional sobre el alcance, los métodos y las consecuencias de la política migratoria de la administración Trump.
