Por Sergio Naveda
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El Departamento de Seguridad Nacional ha tomado la decisión de regresar a sus países a todos los centroamericanos que hayan sido protegidos por el estatus de protección temporal (TPS) a sus respectivos países.
El TPS fue creado para ayudar a aquellos países que hayan sufrido algún problema de destrucción natural como son: terremotos, maremotos, etc, o que la violencia representara un peligro o atentara contra la población civil.
Los principales países envueltos en este estatus son: El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Nicaragua, Siria y algunas otras naciones de Asia y África.
Todas las naciones involucradas ha sido beneficiadas, principalmente, por causas de desastres naturales, como es el caso de Nicaragua y Honduras que fueron protegidas en 1998 tras la destrucción provocada por el huracán “Mitch” que afectó terriblemente a estos dos países.
Por su parte, El Salvador recibió esa designación en 2001 por el entonces presidente el republicano George W. Bush, después de una serie de terremotos.
Mientras que Haití fue amparado en el 2010 por un devastador terremoto.
En el área de las cifras podemos saber que a la fecha 263,282 salvadoreños viven en USA bajo esta protección, 58,706 haitianos, 86,163 hondureños, 5,349 nicaragüenses, 6,177 sirios, 12,967 africanos y asiaticos.
En total viven 439,625 inmigrantes en Estados Unidos bajo el amparo del TPS.
Todos estos refugiados han estado renovando su permiso cada 18 meses y esto ha sucedido por más de 20 años.
Sin embargo nunca se les dio una oportunidad de residencia permanente.
Y hoy todos estos refugiados tienen un historia, una economía y una familia dentro de los Estados Unidos, pero esto ha cambiado, generando incertidumbre entre todos los centroamericanos que al parecer son los primeros que la administración actual intenta regresar a sus países de origen.
Desde Washington se presionó para eliminar el convenio, a pesar de las solicitudes de los gobiernos de los paises afectados, para que no se rompa el estatus de protección.
Desafortunadamente los primeros afectados según la Secretaria Interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, anunció su decisión de terminar la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua con una fecha de vigencia demorada de 12 meses para permitir una transición ordenada antes de que la designación finalice el 5 de enero de 2019.
“ES UNA INJUSTICIA”
Brian Miranda es una hondureño que tiene más de 20 años viviendo de manera legal gracias al TPS y asegura que la decisión de Trump es “una injusticia”, ya que el programa es de vital importancia para el futuro de él y su familia.
“El TPS es la base de quien soy en este país, gracias a ser amparado he salido adelante, conocí a mi esposa, procreamos hijos y es lo que me ayuda en gran medida a darles de comer”, indica Brian.
Y es que desde hace 11 años Brian sacó su licencia de contratista en el Ventura College, lo que le permitió fundar su propia compañía de electricidad, algo por lo que él está muy agradecido.
“Gracias a Dios tengo el TPS y eso es lo que me ha dado muchas oportunidades, no hay duda que sino lo tuviera no hubiera puesto mi propia compañía y no me iría tan bien”, explica el ahora empresario.
Y es que Brian, en su compañía de electricidad contrata a más de 10 personas, algo que según él es una de las ventajas de legalizar a los indocumentados.
‘Pago impuestos, no sólo de mi negocio sino que también de salario, seguro médico para mis empleados, compró material a compañías locales, es decir aporto mucho a la economía de este país, por lo que querernos quitar el TPS es una injusticia de la administración de Trump”, enfatiza categóricamente.
Según el Pew Hispanic Center, se estima que los beneficiaros del TPS aportan unos $3.5 mil millones de dólares anuales a la economía estadounidense, lo cual es vital para el desarrollo económico.
Mientras la suerte para los nicaragüenses y haitianos parece estar hechada, hondureños y salvadoreños esperan en vilo la decisición del Departamento Seguridad Nacional, DHS.
De acuerdo al DHS, como resultado de la imposibilidad de tomar una determinación, la designación del TPS para hondureños se extenderá automáticamente por seis meses a partir de la fecha de vencimiento actual, 5 de enero de 2018, hasta a la nueva fecha de vencimiento, 5 de julio de 2018.
Y en el caso de Haití la decisión ya fue tomada el 20 de noviembre, se espera que unos 59,000 haitianos (que llegaron después de que un terremoto devastara a su país) abandonen el territorio de los Estados Unidos o enfrenten su deportación.
Los caribeños tienen 18 meses, hasta julio del 2019 para buscar una alternativa para residir legalmente en Estados Unidos, a partir de entonces, serán considerados inmigrantes indocumentados y podrán ser deportados.
Para los demás países como El Salvador y Guatemala, las cosas no son menores prácticamente son iguales, porque en el caso de El Salvador, que es el país que más refugiados tiene viviendo en Estados Unidos, el TPS expira el 9 de marzo de 2018
El peligro es inminente en el corto plazo de un año, aunque no se haya comentado nada al respecto es evidente que seguirán con todos los involucrados en este tratado que dice al calce:
“El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales”.
Para economistas y aquellos que luchan por los derechos de los inmigrantes, el problema no sería tan grave si después de más de 20 años los países centroamericanos hubieran evolucionado correctamente, como debería de esperarse.
Con una economía mejorada su situación sería otra.
Su infraestructura reconstruida y su sistema de mejoramiento social recompuesto.
Con una democracia y una capacidad de trabajo y de calidad de vida en este siglo como debería ser, pero… lamentablemente pasa todo lo contrario. Pareciera que esos años no pasaron, involucionaron todos los acontecimientos: más pobreza, violencia y cinismo por parte de los gobiernos centroamericanos que en lugar de crecer se mantuvieron en la pobreza y en la pereza, en el subdesarrollo infinito.
La oligarquía y los grandes poderes oficiales han demostrado no ser los salvadores de sus países y siguen pidiendo a los Estados Unidos que no deporten a su gente por lo vital que representan las remesas que mandan.
Explotadores de su propia gente, sin embargo el gran problema está compartido entre los gobiernos de Centroamérica y los grandes negocios de Estados Unidos en la comodidad de los gobiernos centroamericanos que sólo ven sus beneficios económicos.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe a través de un estudio que permite observar los grandes problemas políticos y económicos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, estos están en una situación intermedia entre los que se destaca una mano de obra muy poco calificada, un limitado aporte de las empresas privadas a la creación de empleo asociado y centrada en la producción a pequeña escala.
“Gran solución sería que estas deportaciones fueran acompañadas con ayudas económicas directas a la región, que fueran aplicadas al desarrollo de la agricultura, de la educación y el empleo, para sacar del hoyo a todos estos países que viven no nada más las consecuencias de los desastres naturales sino de su propia descomposición social”.
El regresarlos para cruzar totalmente un mundo desprovisto de beneficios, regresando a la miseria, regresando a las condiciones totalmente paupérrimas, afectará a toda una familia.
La entidad afirma que psicológicamente ya no están adaptados a la sociedad a la que pertenecían, muchos de los actuales jóvenes nacidos en Estados Unidos, hijos de esos inmigrantes, ni siquiera hablan español y sería un grave problema su interconexión con la sociedad contemporánea de la región.
SIN VENTAJAS
En una entrevista con Joel Harvey, psicoanalista y documentalista, experto en estudios centromericanos, alertó sobre las consecuencias de cerrar el TPS, porque finalmente todo tiene una consecuencia directa.
“El argumento de los Estados Unidos en relación a terminar con el estatus de protección a centroamericanos, se debe a que las emergencias naturales ya no existen, al menos eso es lo que comenta el gobierno actual. Por lo tanto estos países ya no necesitan el permiso temporal.
Además asegura que la defensa de los centroamericanos debería basarse en otras circunstancias, resaltando que aún para Estados Unidos es absolutamente desfavorable sacar los hacía sus lugares de origen.
El problema radica en que los Estados Unidos están batallando en contra de más migración que llega día con día y regresando a tantos centroamericanos posiblemente se complicaría el problema, porque muchos de los deportados serían presa de pandillas, algunos ni siquiera hablan español y no van a poder integrarse a la economía.
Sufren mucho desempleo, otros podrían integrarse a grupos delincuenciales ya que estas mafias realmente se han convertido en organizaciones internacionales que va creciendo enormemente.
De acuerdo al experto, más peligroso es que la deportación se vuelva un efecto contrario a lo que se espera.
Los maras salvatruchas podrían enrolar a una parte de los jóvenes y coordinarlos con los cárteles del narcotráfico, algo que ya se está viendo en la región desde hace un par de años.
Además de otras cosas ilícitas como son los tratantes de blancas y eventualmente podrían recurrir a colaborar con organizaciones extremas para facilitar el cruce con la frontera norte de México.
“El precio de dejar a estas personas permanecer en Estados Unidos sería muy poco comparado a los riesgos de seguridad. El gobierno está viendo el problema a corto plazo y la prueba de esto es el aumento de nuevos indocumentados, después de haber bajado al principio de la administración. Esto es porque los cárteles están facilitando el cruce en una forma que puedan evitar las detenciones”, finalizó Harvey.
