Por Redacción
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El salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado ilegalmente a El Salvador a inicios de este año y luego retornado a Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial, volvió a quedar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Su caso ha desatado una ola de protestas, denuncias de represalias y un nuevo capítulo en el debate sobre las prácticas migratorias de la administración Trump.
Ábrego García, residente de Maryland y padre de tres hijos, se entregó la semana pasada en una oficina de ICE en Baltimore, donde fue detenido y procesado para una eventual deportación, según confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
“Hoy, las autoridades de ICE arrestaron a Kilmar Ábrego García y lo están procesando para su deportación”, declaró Noem en la red social X.
La funcionaria no precisó a qué país sería enviado, aunque documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional señalan que Uganda figura como destino posible.
El arresto ocurrió pocos días después de que Ábrego García fuera liberado de una prisión federal en Tennessee, donde estaba bajo custodia a la espera de un juicio por un caso de presunto tráfico de personas. Un juez de Maryland le permitió regresar a su hogar bajo supervisión de inmigración mientras se resolvía su situación legal.
Sin embargo, la misma orden judicial no prohíbe que la administración busque deportarlo a un tercer país, siempre y cuando se respeten sus derechos de debido proceso. Esa excepción abrió la puerta a nuevas maniobras legales del Gobierno, que ha intentado ofrecer a Ábrego García acuerdos de deportación alternativos a cambio de su declaración de culpabilidad.
Testimonio y movilización comunitaria
Antes de entregarse en Baltimore, Ábrego García compartió un mensaje de gratitud a la comunidad que lo ha acompañado en su proceso. “Queridos hermanos y hermanas, mi nombre es Kilmar Ábrego García y hoy puedo decir con orgullo que estoy libre, me reuní con mi familia. Un milagro gracias a Dios y a toda la comunidad. Gracias a cada uno de ustedes que marcharon, levantaron sus voces y oraron”, expresó.
El salvadoreño también relató la emoción de reencontrarse con su esposa e hijos tras meses de detención y deportaciones contradictorias.
“Cuando por fin me reuní con mi familia, esa alegría y todas las emociones quedarán grabadas para el resto de mi vida”, dijo.
En sus declaraciones, también envió un mensaje a otras familias migrantes que enfrentan separaciones: “Aunque la injusticia nos golpea duro, no perdamos la fe. Dios está con nosotros”.
Su caso ha movilizado a organizaciones como CASA, un grupo comunitario que organizó una protesta el lunes en Baltimore. Lydia Walther-Rodríguez, directora de organización de la entidad, señaló que el Gobierno está “convirtiendo a Ábrego García en un mártir por atreverse a desafiar las prácticas ilegales de deportación”.
“Están utilizando todo el aparato federal contra un padre de familia para demostrar que nadie debería atreverse a desafiar su autoridad”, agregó Walther-Rodríguez.
Una batalla legal con tintes políticos
Los abogados de Ábrego García aseguran que la presión contra su cliente tiene un carácter de represalia. Documentos judiciales revelan que el Gobierno ofreció deportarlo a Costa Rica a cambio de que aceptara cargos penales, pero la defensa lo calificó como una estrategia para castigarlo por ejercer sus derechos.
“El mensaje es claro: si un migrante desafía su deportación, enfrentará todo el peso del aparato federal”, advirtieron los abogados en su más reciente moción judicial. La oferta del Gobierno, según añadieron, tenía como fecha límite el lunes por la mañana, momento en el que debía decidir si aceptaba la propuesta o la rechazaba definitivamente.
El caso también ha provocado reacciones políticas. El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, aseguró que habló con Ábrego García y su familia durante el fin de semana. “Seguiremos en la lucha por la justicia y el debido proceso”, afirmó en un comunicado.
Van Hollen agregó que el caso es un reflejo de riesgos más amplios: “Si se le niegan sus derechos, los derechos de todos los demás están en riesgo”.
El trasfondo del caso se remonta a marzo, cuando Ábrego García fue enviado a una megaprisión en El Salvador en aparente violación de una orden judicial de 2019 que prohibía específicamente su deportación a ese país.
Ante la presión de activistas, abogados y legisladores, el Gobierno estadounidense lo trajo de regreso en junio para enfrentar un proceso penal. Sin embargo, su situación sigue siendo incierta, pues aunque el tribunal de Maryland le permite vivir y trabajar en el estado mientras espera juicio, la administración ha buscado otras vías para deportarlo.
Los intentos de enviar a Ábrego García a Uganda o Costa Rica evidencian lo inusual del proceso. Expertos en derecho migratorio consultados señalan que estos movimientos reflejan un patrón de “tercerización de deportaciones” para eludir restricciones judiciales.
“En vez de cumplir con lo que dictan las cortes, buscan países alternativos donde enviarlos, lo cual erosiona la noción misma de debido proceso”, explicó un académico especializado en derecho migratorio de la Universidad de Georgetown.
Más allá de los procedimientos judiciales, el caso ha puesto en el centro de la discusión el impacto humano de las deportaciones. Ábrego García, padre de tres niños ciudadanos estadounidenses, enfrenta la posibilidad de ser separado nuevamente de su familia.
Activistas han advertido que su caso podría sentar un precedente peligroso para miles de migrantes que viven bajo órdenes de supervisión similares. “Esto envía un mensaje de miedo a las comunidades inmigrantes: incluso si un juez les permite quedarse, el Gobierno puede buscar otra vía para expulsarlos”, dijo un portavoz de CASA.
La comunidad de Maryland ha respondido con marchas, vigilias y cartas dirigidas a la Casa Blanca. Líderes religiosos, defensores de derechos humanos y vecinos han reiterado que seguirán acompañando a la familia.
El proceso judicial contra Ábrego García está programado para iniciar en enero, aunque los movimientos del Gobierno para acelerar una deportación podrían complicar el escenario.
Por ahora, se encuentra bajo supervisión de la oficina de ICE en Baltimore, donde debe presentarse periódicamente. Su defensa insiste en que cualquier intento de deportarlo a un tercer país sería un atropello a sus derechos constitucionales.
Mientras tanto, organizaciones migrantes han advertido que intensificarán su presión política y social.
“No vamos a permitir que este caso quede en silencio. Es una lucha por Kilmar, pero también por miles de familias que enfrentan lo mismo”, declaró Walther-Rodríguez.
La batalla por el futuro de Ábrego García continúa en los tribunales, en las calles y en el terreno político, convirtiéndose en un símbolo de la tensión entre la política migratoria del Gobierno federal y los derechos de los migrantes en Estados Unidos.
