Por Redacción
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Un juez federal sugirió que el gobierno del expresidente Donald Trump pudo haber actuado de “mala fe” al acelerar la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador antes de que un tribunal pudiera bloquear la medida.
La polémica ha escalado en medio de una disputa entre el poder judicial y el Ejecutivo sobre la legalidad de estas deportaciones.
Un fallo judicial ignorado
El juez de distrito James “Jeb” Boasberg, con sede en Washington, exigió explicaciones al Departamento de Justicia sobre si la administración de Trump desafió deliberadamente su orden de suspender las deportaciones y devolver a Estados Unidos cualquier avión que transportara migrantes.
Boasberg había ordenado semanas atrás que el gobierno no deportara a personas bajo su custodia en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que el entonces presidente invocó argumentando que la pandilla Tren de Aragua representaba una amenaza. Sin embargo, algunos vuelos con migrantes venezolanos continuaron su ruta hacia El Salvador.
Durante la audiencia, el magistrado expresó su escepticismo sobre la actuación del gobierno y cuestionó sus motivos.
“Si realmente creían que cualquier cosa que hicieran ese día podía sobrevivir a una impugnación judicial, me cuesta trabajo creer que hubieran actuado de la manera en que lo hicieron”, afirmó Boasberg.
El juez podría tomar una decisión en los próximos días sobre si existe base legal para declarar en desacato a funcionarios involucrados en la deportación.
Disputa legal y secreto de Estado
El Departamento de Justicia sostiene que no violó la orden judicial, argumentando que esta no especificaba que los vuelos que ya habían despegado debían regresar. Además, la administración Trump ha calificado como “secreto de Estado” los detalles sobre los aviones, incluyendo su horario de aterrizaje y la identidad de los pasajeros.
Drew Ensign, asistente adjunto del fiscal general, afirmó que la deportación de los migrantes involucraba “cuestiones diplomáticas sensibles” debido a un acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para retener a los venezolanos en una prisión local. Sin embargo, insistió en que desconocía los detalles operativos de los vuelos.
El gobierno de Trump ha solicitado a la Corte Suprema que le permita reanudar las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, alegando que los tribunales federales no deberían interferir en asuntos de política exterior. También ha argumentado que los migrantes deben presentar sus casos en un tribunal en Texas, donde se encuentran detenidos.
La controversia en torno a estas deportaciones ha intensificado el debate sobre la legalidad de las políticas migratorias del expresidente y el alcance de la autoridad judicial para intervenir en decisiones del Ejecutivo. Mientras tanto, los migrantes afectados permanecen en el limbo, sin claridad sobre su destino final.
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