Por Redacción
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Un juez federal en Florida evalúa si los inmigrantes detenidos en una instalación temporal conocida como el “Alcatraz de los Caimanes”, en los Everglades, están siendo privados de sus derechos legales, en medio de crecientes cuestionamientos sobre las condiciones en que permanecen cientos de personas bajo custodia estatal y federal.
La audiencia, celebrada el lunes, forma parte de la segunda de dos demandas interpuestas por organizaciones de derechos civiles que cuestionan las prácticas en el centro de detención improvisado, ubicado en una pista de aterrizaje aislada en los pantanos del sur de Florida.
Los abogados que representan a los detenidos sostienen que el gobierno ha restringido de manera indebida el acceso a la representación legal y que la falta de jurisdicción clara en los tribunales de inmigración ha dejado a muchos sin poder apelar sus casos de detención.
RECLAMOS SOBRE ACCESO LEGAL
Los defensores pidieron al juez federal de distrito Rodolfo Ruiz que emita una orden para garantizar que los detenidos puedan reunirse de manera privada y confidencial con sus abogados.
Argumentaron que las reuniones han sido limitadas, sujetas a retrasos e incluso condicionadas a la firma de documentos de deportación.
“Las restricciones que se han impuesto aquí no son comparables con ninguna otra instalación migratoria en el país. La falta de confidencialidad vulnera los derechos constitucionales de quienes están detenidos”, dijeron los abogados en documentos judiciales.
Los representantes del estado, en cambio, rechazaron esas acusaciones. Afirmaron que desde mediados de julio se han autorizado todas las solicitudes de visitas legales y que las reuniones en persona comenzaron a finales de ese mes.
También aseguraron que se implementó un sistema de videoconferencias para facilitar el contacto con abogados, aunque los demandantes sostienen que esas medidas no cumplen con estándares mínimos de privacidad.
DEBATE SOBRE JURISDICCIÓN
Antes de entrar en los reclamos de fondo, Ruiz planteó un asunto preliminar: si la demanda había sido presentada en la jurisdicción correcta.
Los demandados argumentaron que, aunque el terreno pertenece al condado de Miami-Dade, el centro se encuentra físicamente en el condado de Collier, dentro del distrito medio de Florida, lo que haría impropio que el caso se ventile en Miami.
Ruiz sugirió que las acusaciones contra el gobierno federal podrían permanecer en el distrito sur, pero las demandas contra el estado tendrían que trasladarse al distrito medio.
Las partes coincidieron en que, si se trasladan unas, deberían trasladarse todas, lo que abriría la posibilidad de que otro juez asuma el caso.
El distrito sur de Florida abarca ciudades como Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, mientras que el distrito medio incluye Tampa, Orlando y Jacksonville.
La definición del foro adecuado podría retrasar el proceso y, en consecuencia, la resolución de las denuncias.
La audiencia del lunes se desarrolló mientras otro caso avanza en paralelo en los tribunales.
La jueza federal Kathleen Williams, también en Miami, analiza si las operaciones en el “Alcatraz de los Caimanes” violaron normativas ambientales al haberse levantado instalaciones sin permisos adecuados en una zona ecológicamente frágil.
Williams ordenó el 7 de agosto la suspensión temporal de nuevas construcciones en el sitio durante dos semanas, tras escuchar testimonios de expertos y residentes preocupados por el impacto ambiental. Se espera que emita un fallo definitivo antes de que expire la orden.
Más allá de los tecnicismos legales, los testimonios sobre las condiciones dentro del campamento han despertado críticas. Abogados aseguran que los detenidos viven en carpas vulnerables a inundaciones por lluvias, que existe una propagación de infecciones respiratorias y que oficiales presionan a migrantes a firmar órdenes de deportación voluntaria antes de acceder a asesoría legal.
“Estamos frente a un ambiente de desesperación”, señalaron los demandantes. “Algunos han sido deportados sin órdenes finales, lo que demuestra el nivel de violación de derechos en curso”.
El gobernador Ron DeSantis ha defendido el funcionamiento de la instalación, alegando que es necesaria para apoyar las políticas de inmigración del presidente Donald Trump, quien ha impulsado medidas más estrictas de detención y deportación.
La semana pasada, DeSantis anunció planes para abrir una segunda instalación, apodada el “Depósito de Deportación”, en una prisión estatal en el norte de Florida.
Según el mandatario, el objetivo es ampliar la capacidad del estado para albergar y procesar a más inmigrantes detenidos.
El anuncio generó alarma entre grupos de derechos humanos, que ven en estas medidas una intensificación de la política migratoria que podría derivar en más violaciones de derechos básicos.
Al término de la audiencia, Ruiz no emitió un fallo inmediato pero prometió una decisión rápida.
El juez pidió al gobierno federal designar de forma oficial un tribunal de inmigración con jurisdicción sobre la instalación, algo que podría aliviar parcialmente la incertidumbre legal en torno a los detenidos.
Sin embargo, los abogados de derechos civiles insisten en que el acceso pleno y confidencial a asesoría legal es un requisito no negociable, y advirtieron que continuarán litigando hasta que se cumplan los estándares mínimos de debido proceso.
Mientras tanto, los inmigrantes retenidos en los pantanos de Florida permanecen en un limbo legal, sin saber si sus casos se resolverán en Miami, en otro distrito judicial o bajo un nuevo juez.
