Por Redacción
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Una jueza federal en San Francisco ordenó este miércoles a la administración del presidente Donald Trump detener temporalmente los despidos de empleados federales en medio del cierre del gobierno, señalando que la medida tenía un “costo humano intolerable.”
La jueza Susan Illston emitió una orden de emergencia luego de que varias agencias federales comenzaran a enviar avisos de despido el pasado viernes, parte del plan del Gobierno para reducir el tamaño del aparato federal y aumentar la presión sobre los legisladores demócratas mientras continúa el cierre iniciado el 1 de octubre.
“Es muy de disparar primero y apuntar después en la mayoría de estos programas, y tiene un costo humano. Es un costo humano que no se puede tolerar”, dijo Illston al justificar su decisión.
Los avisos de despido forman parte de un esfuerzo del presidente Trump por forzar al Congreso a ceder en el debate presupuestario, mientras los sindicatos federales denuncian que se trata de un abuso de poder con fines políticos.
Sindicatos denuncian represalias políticas
La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno y otros sindicatos presentaron la demanda ante el tribunal de distrito, pidiendo una orden de restricción temporal para frenar los despidos y suspender los avisos ya emitidos. Alegan que las acciones del Ejecutivo son ilegales y buscan castigar a los trabajadores públicos mientras se mantiene la parálisis gubernamental.
“Estos despidos no son una decisión administrativa racional. Son un intento de presión política que pone en riesgo los medios de vida de miles de familias”, afirmó un portavoz sindical tras conocerse la resolución judicial.
En documentos presentados ante el tribunal, la administración Trump informó que planeaba despedir a más de 4,100 empleados en al menos ocho agencias federales, incluidas dependencias de salud y educación. Los sindicatos sostienen que el Gobierno se basa en la falsa premisa de que la falta temporal de fondos elimina la autorización del Congreso para los programas federales.
La jueza Illston coincidió en que el Ejecutivo actuó sin la debida consideración del impacto humano, y que los despidos podrían agravar la crisis provocada por el cierre, que ya cumple tres semanas.
El cierre más largo podría estar en camino
Mientras tanto, las negociaciones en el Congreso permanecen estancadas. Los demócratas insisten en que cualquier acuerdo para reabrir el gobierno debe incluir reformas en el sistema de salud pública, mientras el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se ha negado a negociar hasta que los demócratas “vuelvan al trabajo.”
Johnson predijo que el cierre podría convertirse en el más largo en la historia de Estados Unidos, una perspectiva que genera preocupación entre agencias y contratistas federales.
Durante el cierre, la administración Trump ha mantenido el pago al ejército y ha continuado con los operativos de detención masiva de inmigrantes, mientras recorta fondos para programas educativos, de salud y servicios comunitarios. El propio Trump justificó los recortes alegando que se trata de programas “demócratas” que, según dijo, “nunca van a regresar, en muchos casos.”
El Departamento de Justicia argumentó que el tribunal carece de jurisdicción para interferir en decisiones internas de empleo tomadas por las agencias, pero el fallo de Illston representa un primer revés judicial para la Casa Blanca en su intento por usar el cierre como herramienta de presión política.
La decisión permanecerá vigente mientras el tribunal analiza la constitucionalidad de los despidos durante un cierre federal. Si se confirma la orden, el Gobierno podría verse obligado a restablecer los contratos y salarios suspendidos, en medio de una creciente tensión entre los sindicatos, el Congreso y la administración Trump.
