Por Lucía Martel, Directora del Centro de Inmigración
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La Administración Trump no pierde tiempo en dificultar el acceso a la ciudadanía estadounidense y hacerla más fácil de denegar.
Apenas unas semanas después del inicio de su nuevo mandato, la administración Trump ha propuesto cambios alarmantes en múltiples formularios de inmigración, incluyendo la solicitud de naturalización.
Estos cambios incluyen exigir a los inmigrantes que revelen todos sus nombres de usuario en redes sociales y proporcionen información personal sobre sus familiares, incluso si estos son indocumentad@s y la información es irrelevante para el mérito de una solicitud de naturalización.
El gobierno también está obligando a los residentes permanentes a elegir entre revelar información personal sobre sus seres querid@s, posiblemente arriesgándose a su deportación, y acceder a la naturalización.
En otro golpe, el Departamento de Seguridad Nacional canceló el Programa de Subvenciones para la Ciudadanía y la Integración.
Estas subvenciones esenciales, iniciadas en 2009, han contado con apoyo bipartidista y han permitido a organizaciones locales de confianza ayudar a l@s residentes permanentes legales a obtener la ciudadanía estadounidense.
Organizaciones comunitarias sin fines de lucro con una larga y exitosa trayectoria han recurrido a este apoyo para brindar asistencia legal e instrucción cívica y de inglés.
La decisión de cancelar las subvenciones, financiadas con fondos del Congreso, recorta infraestructura crítica y socava los esfuerzos que han ayudado a miles de inmigrantes a aprender inglés, y completar el proceso de naturalización.
Cuando el Servicio de Asesoría y Referencias para Asiáticos, una organización en Seattle que ofrece servicios de naturalización, se enteró de la cancelación de su subvención del DHS, informó que esta «constituye el 27 % del financiamiento anual total de nuestro programa de ciudadanía, por lo que este recorte tendrá un impacto significativo en nuestra comunidad, nuestros programas y nuestro equipo.»
Much@s residentes permanentes legales se sienten ahora insegur@s y perseguid@s sobre su futuro, lo que genera una demanda sin precedentes de servicios de ciudadanía y naturalización.
A pesar de estos desafíos, organizaciones como el Servicio de Asesoría y Referencias para Asiáticos, están comprometidas con la promoción de la naturalización y con ayudar a los aspirantes a inmigrantes a alcanzar su sueño estadounidense.
Desafortunadamente, es probable que surjan más obstáculos, como el aumento de las tarifas de solicitud, un examen de naturalización revisado, diseñado para reducir la tasa de aprobación, y posibles retrasos en el procesamiento, especialmente si la solicitud se vuelve más compleja.
Incluso l@s inmigrantes que cumplen con todos los requisitos legales para la naturalización, se ven obligados a pasar por obstáculos innecesarios para retrasar su camino hacia la ciudadanía.
Recopilar historiales en redes sociales e investigar antecedentes familiares no se trata de seguridad pública, sino de vigilancia.
Eliminar la financiación para la preparación para la ciudadanía no se trata de eficiencia, sino de desmantelar un sistema que funciona.
Estas amenazas son importantes porque más de 10 millones de residentes permanentes legales, son potencialmente elegibles para solicitar la ciudadanía.
Esos 10 millones de personas ya forman parte de nuestras comunidades, trabajan, crían familias y pagan impuestos.
Estas personas simplemente intentan completar el último paso del proceso de inmigración para convertirse en ciudadan@s estadounidenses.
La ciudadanía brinda protección legal, abre las puertas a mejores empleos y protege contra la deportación.
Según el Instituto de Política Migratoria, l@s ciudadan@s naturalizad@s tienden a tener mayores ingresos y menores tasas de pobreza.
Estas contribuciones también benefician a l@s ciudadan@s estadounidenses por nacimiento, al impulsar la economía mediante mayores ingresos fiscales, crecimiento económico y una mayor participación cívica.
Y, sin embargo, en lugar de apoyar a l@s residentes permanentes legales, la administración Trump está erigiendo barreras diseñadas para no hacerse ciudadan@s.
La naturalización es el último paso de un proceso largo y riguroso que l@s inmigrantes abordan con seriedad y un profundo respeto por la ley y la Constitución.
Mi organización ha trabajado con innumerables ciudadan@s naturalizad@s que hablan con convicción sobre por qué se convirtieron en estadounidenses.
Muchos provienen de países donde se castiga la disidencia y se restringe la libertad de expresión.
No dan por vano las libertades democráticas, al contrario, las valoran precisamente porque han visto lo que sucede en su ausencia.
Lo sé de primera mano, nací en Venezuela, un país donde la democracia ha sido desmantelada y las libertades civiles arrebatadas.
Me convertí en una orgullos@ ciudadan@ estadounidense porque creo en lo que este país representa: el estado de derecho, la libertad de expresión y el poder de la participación cívica.
La ausencia de estos, es la causa de todo lo que se ha derrumbado en mi país natal.
Crear nuevas e innecesarias barreras para inmigrantes que valoran las instituciones estadounidenses y contribuyen a nuestra economía es innecesario.
Politiza lo que históricamente ha sido un asunto no partidista dentro de nuestro sistema migratorio.
Nos afecta a tod@s.
