Por Agencias
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La Corte Suprema no permitirá que la administración de Biden implemente una política que priorizaba la deportación de personas en el país ilegalmente, que representan el mayor riesgo para la seguridad pública.
La orden de la corte del jueves deja la póliza congelada en todo el país por ahora, que el Presidente Biden creó gracias a una Orden Ejecutiva para proteger a los indocumentados de las deportaciones masivas que puso en marcha Donald Trump.
La votación fue 5-4 con la jueza conservadora Amy Coney Barrett uniéndose a los jueces liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson al decir que habrían permitido que la administración Biden implementara la guía.
La Corte también anunció que escucharía los argumentos del caso, diciendo que sería hasta finales de noviembre.
La orden es la primera votación pública de Jackson desde que se unió a la corte el 30 de junio tras el retiro del juez Stephen Breyer.
Los jueces actuaron en respuesta a la solicitud de emergencia de la administración al tribunal luego de decisiones contradictorias de los tribunales federales de apelaciones sobre una directiva e septiembre del Departamento de Seguridad Nacional que detuvo la deportación a menos que las personas hubieran cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública”.
La Corte Federal de apelaciones de Cincinnati anuló a principios de este mes la orden de un juez de Distrito que suspendía la ley debido a una demanda presentada por los estados de Arizona, Ohio y Montana.
Pero en una demanda separada presentada por Texas y Luisiana, un juez federal de Texas ordenó que se suspendiera a nivel nacional la orden ejecutiva, y un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans se negó a intervenir.
La orden del juez equivalía a una “revisión impuesta judicialmente a nivel nacional de las prioridades de ejecución del Poder Ejecutivo”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en un expediente judicial.
Prelogar es la principal abogada de la Corte Suprema de la administración.
En su presentación ante la Corte Suprema, Texas y Luisiana argumentaron que la guía de la administración viola la ley federal que requiere la detención de personas que se encuentran ilegalmente en los EE. UU. y que han sido condenadas por delitos graves. Los estados expresaron que enfrentarían costos adicionales por tener que detener a personas que el gobierno federal podría permitir que permanezcan libres dentro de los Estados Unidos, a pesar de sus antecedentes penales.
La guía, emitida después de que el Presidente Biden se convirtió en presidente, actualizó una política de la era Trump que expulsaba ilegalmente a las personas del país independientemente de sus antecedentes penales o vínculos comunitarios.
En un comunicado el viernes, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que mientras espera un fallo final de la Corte Suprema, los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas “tomarán decisiones de ejecución caso por caso de manera profesional y responsable, informados por su experiencia como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de la manera que mejor proteja contra las mayores amenazas a la patria”.
Esto podría poner en peligro la estadía de la gran mayoría de indocumentados, sin importar si tienen antecedentes penales, y algo que en el pasado organizaciones pro derecho de inmigrantes afirman que los agentes abusan de su autoridad a la hora de decidir una deportación.
