Por Agencias
[email protected]
Bajo la directriz del gobernador republicano Greg Abbott, el Estado ha intensificado los esfuerzos para criminalizar cualquier apoyo a migrantes y cerrar centros de acogida como la Casa de la Anunciación en El Paso.
El acoso en la frontera entre México y Texas no solo afecta a los migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos, sino también a quienes los ayudan y les ofrecen comida, ropa y un lugar para dormir. Bajo la Administración del gobernador republicano, Greg Abbott, Texas ha intensificado los esfuerzos para criminalizar cualquier apoyo a migrantes. Y su controvertido fiscal general, Ken Paxton, ha iniciado una persecución contra albergues, en su mayoría católicos, con el objetivo de cerrarlos.
En un caso reciente, Paxton solicitó la clausura de la Casa de la Anunciación (Annunciation House), una organización católica sin fines de lucro que atiende migrantes desde hace décadas en la frontera de El Paso, Texas. La red de albergues ha sido clave para reunificar familias con hijos separados en la frontera y recibir solicitantes de asilo enfermos o gravemente heridos, como sobrevivientes del incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez donde fallecieron 40 hombres en 2023.
El fiscal general acusa a la ONG de ser un “escondite” para migrantes y, en febrero, intentó obligarla a entregar en menos de 24 horas todos sus archivos, incluso los nombres de las personas que atiende, fechas de nacimiento, historial médico, medicamentos que necesitan los migrantes y nombres de sus familiares. Pero después de idas y venidas en audiencias, el 2 de julio el juez de distrito 205, Francisco X. Domínguez, denegó las solicitudes del fiscal general y señaló que sus acciones están motivadas por la política y solo son un pretexto para justificar el acoso a los integrantes de la organización y a las personas que buscan refugio.
“No es sorprendente que el tribunal nos haya dado la razón en todos los motivos”, dijo el abogado de la Casa de la Anunciación, Jerome Wesevich, de Texas RioGrande Legal Aid. “No hay base legal para cerrar una organización sin ánimo de lucro que proporciona servicios sociales a los refugiados. Y punto”.
La Casa de la Anunciación abrió sus puertas en 1978 por iniciativa de un grupo de jóvenes veinteañeros católicos. Rubén García, ahora de 75 años, era uno de ellos y en la actualidad es el director general de la organización. En casi cincuenta años, la institución ha ofrecido alimentos, techo, ropa y asesoría legal a aproximadamente 500.000 migrantes, según sus registros. Alberga a personas con necesidades a corto y mediano plazo, puede ser casa durante semanas o meses para personas que llegaron a Estados Unidos en busca de trabajo, personas que han huido de la violencia y la extorsión en sus países de origen, o familias indocumentadas que ya viven en El Paso, y atraviesan por dificultades económicas.
“Si el trabajo que realiza Annunciation House es ilegal, también lo es el trabajo de nuestros hospitales, escuelas y bancos de alimentos locales”, afirmó García ante la acusación de Paxton. “La posición ilegal, inmoral y antirreligiosa del fiscal general de cerrar Annunciation House carece de fundamento”.
García se refiere en este punto a la Ley de Restauración y Libertad Religiosa de Texas, que prohíbe al Gobierno infringir la religión y establece que si una autoridad gubernamental obstaculiza el libre ejercicio de la religión de una persona, tiene que utilizar los “medios menos restrictivos” para garantizar el cumplimiento. De hecho, el juez Domínguez en su fallo argumentó que cerrar el refugio violaría esa legislación.
“Nos encontramos en una posición imposible, acorralados por todos lados”, dijo el obispo de la diócesis de El Paso, Mark J. Seitz. “Por un lado, nos enfrentamos al reto de una grave negligencia federal a la hora de dar una respuesta segura, ordenada y humana a la migración en nuestra frontera sur. Por otro lado, somos testigos de una creciente campaña de intimidación, miedo y deshumanización en el Estado de Texas, caracterizada por alambre de espino”.
La organización funciona con trabajo de voluntarios en sus albergues. Una casa, por ejemplo, es para estancias largas, para personas que atraviesan por necesidades permanentes, como casos de asilo político, dificultades médicas o procedimientos de inmigración, o para que vivan de manera temporal algunas viudas de ciudadanos estadounidenses que deben pasar cierta cantidad de tiempo en Estados Unidos para cobrar los beneficios de la Seguridad Social a los que tienen derecho. Otra casa alberga, en su mayoría, personas liberadas de los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y que tienen permiso para viajar dentro del país. Una más es para las oficinas y otra, en Ciudad Juárez, es donde han vivido algunos de sus voluntarios.
“No nos dejaremos intimidar en nuestra labor”, dijo el obispo Seitz, conocido por su defensa a los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.
Un caso que no es aislado
Desde febrero pasado, el fiscal Paxton también ha enviado cartas a otras organizaciones sin fines de lucro que ayudan a refugiados y migrantes en Texas, según la agencia AP. Ángeles Sin Fronteras en Mission, Equipo Brownsville y Caridades Católicas en el Valle del Río Bravo, son algunos de estos lugares.
Caridades Católicas abrió un refugio en Brownsville en el año 2017 y actualmente recibe en promedio a unas 1.000 personas a la semana. Según documentos judiciales en poder de AP, la organización que pertenece a la diócesis local dijo que la oficina de Paxon les pidió documentos y le entregaron más de 100 páginas junto con una declaración jurada de su director ejecutivo. En junio pasado, el fiscal general solicitó a un tribunal llamar a declarar a un integrante de Caridades Católicas sobre los procedimientos de admisión, la comunicación con las autoridades locales y estatales y las “prácticas de la organización para facilitar el cruce de extranjeros a través de la frontera entre Texas y México”. La ONG, por su parte, pidió a un juez que deniegue la solicitud de Paxton.
La fiscalía general representa al Estado en los asuntos legales y Paxton ha estado en el cargo desde 2015. Es un aliado del expresidente Donald Trump y comparte sus ideas antiderechos. Como fiscal ha litigado en contra del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), de la interrupción del embarazo, de los tratamientos para las infancias trans y la desaparición del Título 42 en la frontera. El FBI lo investiga por acusaciones de corrupción pública. A finales de septiembre pasado, el medio local Texas Tribune reveló que el fiscal había huido de su casa en McKinney, al norte de la ciudad de Dallas, para evitar recibir un citatorio para una audiencia en una corte federal.
Las medidas drásticas contra la inmigración irregular por parte del gobernador Abbott han sido también una constante: los numerosos envíos de autobuses con migrantes a bordo hacia otros Estados, el despliegue de la Guardia Nacional de Texas en la frontera, la cooperación con autoridades tanto estadounidenses como mexicanas para colocar alambre de púas y utilizar otras tácticas para bloquear los cruces. Y la promulgación de duras leyes como la SB4, que actualmente está en suspenso en una corte de apelaciones mientras se revisa su constitucionalidad.
