Por Redacción
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Dos legisladores republicanos de Missouri y Misisipi han presentado propuestas que ofrecerían una recompensa de $1,000 por denunciar a inmigrantes indocumentados, una medida que, según sus críticos, alimenta la xenofobia y el racismo.
Las propuestas, desveladas en el marco de una campaña antiinmigrante más amplia defendida por el presidente Donald Trump, buscan crear un sistema de “cazarrecompensas” que incentive a los ciudadanos a colaborar en la aplicación de las leyes migratorias.
En Missouri, el senador republicano David Gregory presentó el proyecto de ley SB72 el año pasado, el cual aún se encuentra en consideración en la legislatura estatal. Según la propuesta, si se arresta y encarcela a un inmigrante indocumentado como resultado de una denuncia ciudadana, la persona que proporcionó la información sería elegible para recibir una recompensa de $1,000. El proyecto de ley va más allá, estipulando que el inmigrante denunciado podría enfrentar cargos de “invasión ilegal por parte de un extranjero ilegal” y, si las autoridades federales de inmigración no asumen su custodia, estar sujeto a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La propuesta de Gregory también solicita la creación de un “Programa de Cazarrecompensas Certificado para Extranjeros Ilegales de Missouri”, lo que equivaldría a un sistema estatal encargado de localizar y detener a los migrantes indocumentados. En su defensa, Gregory comparó el programa con una versión estatal de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), argumentando que ayudaría a hacer cumplir las leyes migratorias. Sin embargo, la propuesta ha desatado un acalorado debate en el Senado de Missouri, con numerosos legisladores y defensores comunitarios testificando en contra.
“Una política de este tipo no solo fomenta la elaboración de perfiles raciales, sino que también sienta un precedente peligroso al legitimar el vigilantismo”, dijo la senadora demócrata de Kansas City, Barbara Washington, durante una audiencia en el Senado. “Recompensa a individuos por orientar sus acciones contra otros basándose en su apariencia o en su dominio del idioma, y ya hemos visto señales inquietantes de ese comportamiento”.
Mientras tanto, en Misisipi, el legislador republicano Justin Keen presentó una propuesta casi idéntica. Su proyecto de ley ofrecería una recompensa de $1,000 por denuncias que condujeran al arresto de un inmigrante indocumentado y también establecería un sistema de cazarrecompensas. Keen defendió la propuesta citando lo que describió como la amenaza representada por inmigrantes “criminales y violentos”. Hizo referencia, en particular, al caso de Laken Riley, una estudiante de Georgia asesinada el año pasado por un inmigrante indocumentado, argumentando que tragedias como esa evidencian la necesidad de medidas más severas para proteger a las comunidades.
“Esta legislación se trata de garantizar la seguridad de nuestras comunidades”, declaró Keen en un comunicado. “Hemos presenciado de primera mano el peligro que representa la inmigración ilegal sin control. Nuestra propuesta pretende apoyar el compromiso de la administración Trump con las deportaciones masivas y la seguridad fronteriza.”
La propuesta de Keen, sin embargo, encontró una oposición rápida en la legislatura estatal y fue detenida en comisión. Los críticos advirtieron que la medida probablemente alentaría conductas racistas y socavaría la seguridad pública al incitar a los ciudadanos a recurrir a la elaboración de perfiles raciales. También señalaron que la redacción del proyecto, que vincula el castigo con el estatus migratorio de la persona, evoca políticas discriminatorias de épocas pasadas.
Aunado a la controversia, la senadora republicana Jill Carter introdujo otro proyecto de ley que crearía nuevos delitos basados únicamente en el estatus migratorio. Según su propuesta, los inmigrantes indocumentados podrían ser acusados de “ingreso inadecuado” y enfrentar multas de hasta $10,000 junto con la expulsión inmediata a un puerto de entrada designado. La medida de Carter, al igual que las propuestas de Keen y Gregory, refleja una tendencia creciente entre los estados liderados por republicanos de aprobar legislaciones en sintonía con la postura endurecida en materia migratoria del presidente Trump.
Analistas señalan que estas propuestas legislativas surgen en un momento en que el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos ha aumentado de manera significativa. Entre 2019 y 2023, la población indocumentada creció en aproximadamente tres millones de personas, lo que equivale a un incremento anual de alrededor del 6%, con estimaciones actuales que sitúan el número en aproximadamente 13,7 millones en todo el país. Aunque las políticas recientes de la administración Biden —como el endurecimiento de las restricciones al asilo— han reducido los cruces ilegales en la frontera a niveles históricamente bajos, el aumento en la población indocumentada ha avivado los temores entre ciertos sectores del electorado.
Una reciente encuesta realizada por The New York Times y Ipsos entre el 2 y el 10 de enero reveló que el 55% de los votantes apoyan, ya sea de forma firme o parcial, medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. Además, el 63% estuvo de acuerdo con la deportación de quienes han ingresado ilegalmente en los últimos cuatro años, y el 88% respaldó la expulsión de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
Defensores de los derechos civiles, así como diversos grupos de activismo, argumentan que estas propuestas institucionalizan el racismo al convertir a los inmigrantes indocumentados en un enemigo de facto del Estado. “Existe un peligro real de que estas políticas conduzcan a un incremento de la discriminación y la violencia”, afirmó Michelle Mittelstadt, directora de comunicaciones del Migration Policy Institute. “Una vez que se incentiva a los ciudadanos a denunciar a sus vecinos, se abre la puerta a abusos y a una serie de consecuencias imprevistas.”
No se sabe con certeza si el proyecto de ley de Missouri avanzará en la legislatura, pero la campaña más amplia de deportaciones masivas continúa contando con un amplio apoyo popular. Mientras se debaten estas propuestas en las salas legislativas y en las comunidades de todo el país, estos proyectos subrayan una conversación nacional profundamente polarizada sobre inmigración, raza y seguridad pública.
