Por Redacción
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La ciudad de Los Ángeles, junto con el condado homónimo y varios municipios del sur de California, anunció su intención de sumarse a una demanda presentada contra la administración del expresidente Donald Trump por redadas migratorias recientes que provocaron protestas generalizadas y el despliegue de la Guardia Nacional.
La demanda fue interpuesta la semana pasada por la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU, por sus siglas en inglés) en nombre de cinco personas y organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes. El recurso legal alega que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), realizó detenciones inconstitucionales con el objetivo de cumplir cuotas arbitrarias impuestas por el gobierno de Trump.
“Todos, sin importar su estatus migratorio o el color de su piel, tienen derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, dijo Mohammad Tajsar, abogado principal de la ACLU.
Desde el gobierno federal, la respuesta fue inmediata. Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, calificó de “repugnantes y categóricamente falsas” las acusaciones de discriminación racial en los operativos de ICE. Según McLaughlin, las acciones son “altamente selectivas” y se realizan “con la debida diligencia”.
Apoyo legal y rechazo político
El martes, autoridades de Los Ángeles y otras ciudades como Pasadena, Santa Monica, Culver City, Pico Rivera, Montebello, Monterey Park y West Hollywood indicaron que buscan sumarse formalmente a la querella legal. En un comunicado, la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, denunció la “persecución por motivos raciales y étnicos” que, según la demanda, afecta a residentes del área metropolitana.
“No podemos permitir que estas redadas y allanamientos inconstitucionales se conviertan en la nueva normalidad”, afirmó Feldstein Soto.
El conflicto se intensificó el mes pasado cuando Trump ordenó el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles tras una serie de protestas contra las redadas. Trump argumentó que las autoridades locales habían perdido el control de la ciudad, lo que fue rechazado rotundamente por la alcaldesa Karen Bass y el gobernador Gavin Newsom.
Durante una conferencia de prensa, Bass describió tácticas “alarmantes” empleadas por agentes federales, incluyendo detenciones por parte de hombres enmascarados que viajaban en vehículos sin matrículas.
“Aparte de que esto es inconstitucional, ¿cómo podemos diferenciarlo de un secuestro?”, cuestionó la alcaldesa.
Consecuencias económicas y respuesta comunitaria
Funcionarios y líderes empresariales locales advierten que las redadas han afectado gravemente la economía de sectores clave. Anthony Rodríguez, presidente del Distrito de Mejora Comercial del Distrito de la Moda, reportó una caída del 45 % en visitantes, lo que ha generado pérdidas económicas significativas.
“El miedo es abrumador”, declaró Rodríguez.
Además, Bass enfrentó recientemente a miembros de la Guardia Nacional durante una protesta en el Parque MacArthur, donde reafirmó que Los Ángeles seguirá siendo una ciudad de acogida.
“Somos una ciudad de inmigrantes y nos mantendremos unidos con los angelinos sin importar de qué país vengan, cuándo llegaron o por qué están aquí”, subrayó.
Las redadas comenzaron el 6 de junio, y tanto viviendas particulares como negocios han sido objeto de operativos. Las manifestaciones “No Kings” se han extendido a varias ciudades del país, en rechazo a las políticas migratorias del expresidente Trump, quien ha instado a ICE a intensificar las deportaciones en jurisdicciones demócratas.
A principios de año, la administración Trump también presentó una demanda contra la ciudad por su política de “ciudad santuario”, alegando que interfiere con la aplicación de la ley federal de inmigración.
