Por Agencias
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En los primeros días de agosto, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ordenó el cierre de siete radiodifusoras de la Iglesia católica y abrió una investigación contra el obispo de la ciudad de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, por presunta organización de grupos violentos a los que habría incitado “a ejecutar actos de odio contra la población”.
Esta no es la primera vez que el Estado nicaragüense silencia a medios de comunicación y otras voces que lo cuestionan.
En 2018 confiscó el edificio del semanario Confidencial al periodista Carlos Fernando Chamorro, considerado una de las voces más críticas de Ortega, y a lo largo de 2021 arrestó a siete aspirantes a la presidencia para las elecciones de noviembre de ese año.
Aquí un vistazo al contexto histórico y el inicio de las presiones sobre la oposición que naciones y organismos internacionales han rechazado tajantemente.
¿QUIÉN ES DANIEL ORTEGA?
Daniel Ortega, de 76 años, se reeligió por tercera vez consecutiva en 2021 en unas elecciones ampliamente cuestionadas, dado que no enfrentó una oposición real.
Nació en una familia de opositores y en las últimas cuatro décadas ha sido clave en la historia política local.
Formó parte de la guerrilla Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), actual partido oficialista, y desde ahí ayudó a derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979.
Paradójicamente, sus opositores ahora lo comparan con él debido a la deriva autoritaria de su régimen y a la concentración del poder en manos de su familia.
Fue presidente por primera vez entre 1985 y 1990, pero debido al descontento por una guerra interna que también involucró a Estados Unidos perdió tres comicios consecutivos hasta que volvió a la presidencia en 2007.
Sus aliados en América Latina son Cuba y Venezuela, y se mantiene enfrentado con el gobierno estadounidense, que lo acusa de encabezar un régimen autócrata represivo.
En 2021, Estados Unidos prohibió la entrada a ese país a Ortega y varios de sus funcionarios.
¿CÓMO SURGIERON LAS TENSIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN?
Una reforma a la Seguridad Social en 2018 provocó el estallido de protestas estudiantiles que fueron apoyadas por empresarios, líderes católicos y la sociedad civil.
El gobierno las sofocó con una represión inusual que dejó al menos 355 muertos, 2.000 heridos y 1.600 detenidos en distintos momentos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La estabilidad política nunca se recuperó y meses antes de las elecciones de 2021 una encuesta mostró que el respaldo a cinco aspirantes presidenciales opositores era superior al de Ortega.
En las semanas siguientes los cinco fueron arrestados, además de otros dos posibles candidatos, por lo que los comicios no contaron con una oposición real.
El analista político Oscar René Vargas dijo en aquel momento a The Associated Press que “Ortega decidió suprimir cualquier posibilidad de perder… Y eso significó arrestar a todos”.
El gobierno los responsabilizó por los sucesos de 2018, que atribuyó a “un golpe de Estado terrorista” apoyado por Estados Unidos, y los acusó de graves delitos.
¿CÓMO HA SIDO LA RELACIÓN ENTRE LA IGLESIA Y EL GOBIERNO?
Nicaragua es un país mayoritariamente católico. La Iglesia fue cercana a los Somoza desde los años 30 a 70, cuando se distanció por los abusos cometidos por la dictadura de Anastasio Somoza García y sus hijos Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle.
Tras su caída apoyó al sandinismo, pero su relación fue inestable con el paso del tiempo debido a diferencias ideológicas.
La relación de Ortega con la Iglesia ha sido tensa y por años, esta respaldó a la élite conservadora del país. Cuando estallaron las protestas en 2018, el mismo Ortega pidió su ayuda como mediadora en los diálogos que luego fracasaron entre el gobierno y la oposición.
Desde que la Iglesia se involucró, figuras como el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, rechazaron la violencia.
Brenes llegó a decir que las manifestaciones estaban justificadas y Báez rechazó toda decisión política que perjudicara a las mayorías.
Este último dejó el país en 2019 tras un requerimiento para ser transferido al Vaticano. Su salida fue lamentada por la oposición y celebrada por el oficialismo.
Báez lleva más de un año radicado en Miami.
El apoyo de la Iglesia a los manifestantes fue visible en varias ocasiones, por ejemplo, cuando en abril de 2018 la catedral de Managua sirvió de refugio a los manifestantes y ayudó a recaudar dinero y víveres para apoyarlos.
Desde sus primeras intervenciones la Iglesia insistió en “revisar el sistema político desde su raíz para lograr una auténtica democracia”. Por estas y otras declaraciones, la relación poco a poco se tensó y Ortega terminó por acusar a los obispos de formar parte de un plan para derrocarlo y los llamó “terroristas”.
La escalada de tensión eventualmente alcanzó al nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, a quien el gobierno obligó a abandonar el país en marzo pasado. El Vaticano expresó “sorpresa y dolor” por la “grave e injustificada decisión” de retirar a su representante del país.
El nuncio participó como mediador en el conflicto y apoyó la excarcelación de opositores detenidos.
¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO MOTIVO DE LA TENSIÓN CON LA IGLESIA?
Tras el anuncio del cierre de siete radios católicas el 1 de agosto, la policía informó que investigaba al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, por la presunta organización de grupos violentos que ejecutarían “actos de odio contra la población”.
Álvarez es uno de los obispos más críticos de Ortega. Desde 2018 pidió cambios estructurales en el poder electoral para lograr “efectivamente la democratización del país”.
También ha exigido la libertad de unos 190 “presos políticos” y el mes pasado realizó un ayuno para que cesara la “persecución policial” en su contra.
Tras ocho días de cautiverio y seis de silencio en la prensa, Álvarez reapareció el jueves en una transmisión en vivo por las redes sociales con una sotana blanca y acompañado por seis sacerdotes y cuatro laicos que se encuentran con él dentro del edificio episcopal, sin poder salir, desde el 3 de agosto.
La arquidiócesis de Managua expresó su “cercanía” con él después de varios días. Fuera del país también hubo muestras de apoyo.
El Consejo Episcopal Latinoamericano lamentó el “constante hostigamiento” que el pueblo y la Iglesia de Nicaragua sufren por parte del gobierno.
También rechazó el “asedio” a los sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas y el cierre de las radios.
¿CÓMO HA RESPONDIDO EL MUNDO?
Más de una docena de organizaciones de derechos humanos —incluidas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la CIDH— han denunciado que Nicaragua vive un “estado de excepción y de terror”.
Un informe presentado en noviembre de 2021 por un grupo de 15 organismos acusó al gobierno de Ortega y a sus funcionarios de haber cometido “crímenes de lesa humanidad” en los últimos tres años.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha levantado la voz sobre la situación de derechos humanos y en junio afirmó que prosiguen las detenciones arbitrarias, las condiciones “deplorables” de arresto y la huida al extranjero de “un número sin precedentes” de nicaragüenses.
En paralelo, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han sancionado a varios funcionarios del gobierno sandinista por “socavar la democracia”.
¿QUÉ HA DICHO EL VATICANO AL RESPECTO?
La Santa Sede se mantuvo en silencio por casi dos semanas. La falta de declaraciones fue notable y despertó algunas críticas entre algunos activistas de derechos humanos e intelectuales latinoamericanos.
El único representante del Vaticano que se ha pronunciado hasta ahora es monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de los Estados Americanos, quien expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió a las partes “buscar caminos de entendimiento”.
Cruz dio estas declaraciones el 12 de agosto durante una reunión extraordinaria del organismo en la que el Consejo Permanente aprobó una resolución que condena al gobierno de Ortega por el “hostigamiento” y las “restricciones arbitrarias impuestas a las organizaciones religiosas y a las que critican al gobierno”.
Poco antes, la policía nicaragüense prohibió realizar una procesión en homenaje a la virgen de Fátima prevista para el sábado en Managua.
Sin embargo, cientos de nicaragüenses asistieron a una misa en la catedral bajo vigilancia policial.
