Por Agencias
[email protected]
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, solicitó el miércoles al Tribunal Supremo, señalado por su cercanía al gobierno, que realice un peritaje a los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria, tras tres días de reclamos por falta de transparencia y presiones internacionales.
El Centro Carter cuestionó la independencia de ese análisis, un día después de poner en duda la integridad de los comicios.
Maduro, quien buscaba la reelección para un tercer mandato de seis años y fue declarado ganador sin que el detalle de los votos estuviera públicamente disponible, aseguró que está dispuesto a mostrar la totalidad de las actas de escrutinio de los comicios.
Ésta es la primera concesión de Maduro a los reclamos de los últimos días contra las autoridades de Venezuela por falta de transparencia en las elecciones, cuestionadas por organismos internacionales y por líderes de la región incluidos sus aliados el colombiano Gustavo Petro y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
El gobernante acudió al Tribunal Supremo para solicitar una investigación de todo el proceso que incluya un “peritaje de los resultados” y del “ataque cibernético” que habrían sufrido los sistemas del Consejo Nacional Electoral (CNE) el día de la votación.
No obstante, el Tribunal Supremo está estrechamente alineado con el gobierno venezolano y es el mismo que ratificó en enero pasado la inhabilitación a la opositora María Corina Machado, lo que le impidió presentarse como candidata. Los magistrados del máximo tribunal son propuestos por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría y luego ratificados por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo.
El Centro Carter, que fue invitado por el CNE para observar los comicios, cuestionó el miércoles en entrevista con AP la independencia de ese posible peritaje en manos del Tribunal Supremo. La noche anterior, el mismo organismo señaló que no puede verificar los resultados de las elecciones por la “ausencia de transparencia” de las autoridades venezolanas y recalcó que la elección “no puede ser considerada democrática” porque no cumple estándares internacionales.
Jennie K. Lincoln, analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que fue a Venezuela, dijo en entrevista telefónica que “no es una evaluación independiente”. Y subrayó que Maduro no necesita recurrir al Tribunal Supremo sino exigir transparencia al CNE en la difusión de los datos completos de la votación, mesa por mesa.
“Tienen la capacidad para hacer eso. No necesitan al Tribunal Supremo”, apuntó. “Lo que necesitan es cumplir con su deber, algo que pueden hacer y que han hecho en elecciones pasadas”.
Maduró respondió más tarde desacreditando la posición del Centro Carter, al que señaló de estar vinculados con el Departamento de Estado estadounidense. “Traían un informe ya escrito… Lo que le faltaba era picantico”, afirmó sin dar detalles. El Centro no se pronunció inmediatamente ante el señalamiento.
También se pronunció sobre la falta de datos de las votaciones.
La página web del Consejo Nacional Electoral, que debía recoger y permitir el acceso al conteo de votos, lleva caída desde al menos la mañana del lunes, cuando Maduro fue oficializado como ganador de las elecciones.
La oposición venezolana ha afirmado que en las actas que tiene en su poder —el 84% del total— se ve una mayoría de votos a favor de su candidato Edmundo González y no de Maduro, pero no ha mostrado los documentos.
Preguntado en rueda de prensa sobre la razón de esa falta de difusión de datos, Maduro aseguró que el CNE ha estado bajo ataque, incluidos cibernéticos. No explicó más detalles sobre las medidas que los ingenieros de la autoridad electoral están tomando, según el mandatario, para resolver los problemas.
Asimismo, el gobierno presentó varios videos que, aseguró Maduro, mostraban ataques a oficinas electorales, algunas quemadas, por los que se ha detenido a más de 1.000 personas, según la fiscalía. La AP no pudo contrastar ni verificar esas imágenes presentadas en conferencia de prensa.
Desde la misma noche electoral del domingo, varios gobiernos que representan un amplio espectro político, desde la izquierda a la derecha, se han sumado a los reclamos por la falta de transparencia de las autoridades venezolanas, entre ellos, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana y la Unión Europea, entre otros.
A los cuestionamientos se sumó el miércoles el presidente colombiano Gustavo Petro, un cercano aliado de Maduro, quien le pidió que permita un “escrutinio transparente” de las elecciones.
Las declaraciones de Petro se sumaron a las del presidente estadounidense, Joe Biden, y de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes el día anterior instaron al gobierno de Maduro a difundir de inmediato “los resultados electorales completos, detallados y transparentes”.
Ante las múltiples exigencias de que se presenten las actas de electorales, Maduro dijo ante la prensa que “está listo para presentar el 100% de las actas”.
Horas después, durante una conferencia de prensa, el gobernante intensificó los ataques contra sus adversarios y los medios de comunicación a los que señaló de promover una “guerra civil” y los desafió: “No le tengo miedo a las mentiras de ustedes”.
Maduro afirmó que si el “imperio quiere avanzar” está dispuesto a “llamar al pueblo a otra revolución con nuevas características”, de la que no dio detalles. Y puntualizó que su gobierno negoció “de buena fe con Estados Unidos” pero que ellos no cumplieron con nada y utilizaron ese proceso para “instalar este aparato para un golpe de Estado”.
Se refirió a un acuerdo alcanzado en Catar, cuyos términos no han sido difundidos hasta ahora. El mandatario ofreció a la prensa publicar en sus redes sociales el contenido de esas negociaciones que, según su criterio, Estados Unidos incumplió.
Ante la pregunta de si estaba dispuesto a reanudar las conversaciones con Washington, respondió que “si respetan a Venezuela, habrá nuevos diálogos. Prometo no perder la paciencia”.
Entre quienes han levantado su voz contra la reelección de Maduro está el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien lo instó el martes a que reconozca su derrota o convoque a una nueva votación más transparente.
Varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Panamá y Uruguay, criticaron la falta de transparencia del proceso electoral, lo que enfureció al gobierno venezolano que ordenó regresar a todo su personal diplomático en esas naciones y les pidió que hicieran lo mismo con su personal en Venezuela.
Los cancilleres del G7 también exhortaron el miércoles a las autoridades venezolanas a publicar de forma “inmediata” los resultados electorales detallados “con total transparencia”.
El grupo, integrado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón e Italia, pidió “máxima moderación y una solución pacífica y democrática” a la situación en Venezuela, según un comunicado que difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia.
Aunque sus observadores no fueron autorizados por Maduro para estar presentes en los comicios, la Unión Europea (UE) dijo que ha seguido de cerca el proceso y que según informes “fiables” de observadores nacionales e internacionales hubo “numerosos fallos e irregularidades”.
A pedido de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, el Consejo Permanente de la OEA realizó el miércoles una reunión extraordinaria para analizar la situación de Venezuela, que hace años resolvió unilateralmente retirarse del organismo.
El anuncio del CNE desató protestas en la capital venezolana y diferentes ciudades del país, especialmente en las zonas pobres. Para contener las manifestaciones el gobierno sacó a las calles a la policía y a la Guardia Nacional, que mantienen un patrullaje permanente con el apoyo de camiones cisterna y antimotines. A las labores de vigilancia y control de las protestas también se sumaron grupos afines al gobierno conocidos como “colectivos”, denunciaron organizaciones humanitarias.
La Fiscalía General de Venezuela informó el miércoles que durante las protestas fueron detenidas 1.062 personas y 77 funcionarios resultaron heridos —no hizo referencia a ciudadanos—, mientras la organización humanitaria local Foro Penal reportó 11 fallecidos y 429 detenidos.
Ante las detenciones y muertes, Machado acusó el miércoles al gobierno venezolano de emprender una “escalada cruel y represiva”.
“Esta es la respuesta criminal de Maduro al pueblo venezolano que salió a la calle”, dijo la líder opositora en un mensaje que publicó en su cuenta de X al advertir que “esos crímenes no quedarán impunes”.
