Por Redacción
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Ocho mujeres venezolanas deportadas desde Estados Unidos vivieron un desconcertante y angustiante periplo aéreo que las llevó a ser rechazadas por el Gobierno de El Salvador y devueltas a territorio estadounidense, donde cinco de ellas permanecen detenidas. El viaje tuvo lugar el 15 de marzo, pese a una orden judicial federal que buscaba frenar las deportaciones de migrantes venezolanos.
Según testimonios recogidos por Latinocc, las mujeres fueron embarcadas en vuelos de deportación sin saber su destino real. Aunque se les indicó que serían trasladadas a Venezuela, las aeronaves aterrizaron primero en Guatemala y luego en El Salvador, donde las autoridades salvadoreñas se negaron a recibirlas. Las deportadas denunciaron haber sido “engañadas” y “maltratadas” por los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
A las 6:48 p.m. del 15 de marzo, el juez federal James E. Boasberg dictó una orden verbal para detener las deportaciones desde el aeropuerto de Harlingen, Texas. Sin embargo, para entonces, al menos tres vuelos ya estaban en ruta: uno sobre México, otro sobre el Golfo de México y un tercero a punto de despegar, en el que viajaba Franyeli Carolina Zambrano Manrique, de 30 años.
Vestida con ropa de prisión y esposada de pies y manos, Franyeli se preparaba para volver a Venezuela tras un mes detenida. “Sentía alegría y tristeza a la vez”, contó en entrevista telefónica. Como ella, otras siete mujeres abordaron el vuelo creyendo que regresarían a casa. Entre ellas, Scarleth Rodríguez, de 21 años, pidió a su madre que le cocinara su plato favorito para recibirla en Antímano.
Acusaciones sin pruebas
El caso de Franyeli comenzó el 8 de febrero, cuando ella y su esposo fueron detenidos por ICE en Utah, pese a estar amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS). Durante los interrogatorios, se les acusó de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal venezolana. Ambos negaron los cargos, pero el proceso de deportación siguió su curso.
En el centro de detención en Nevada donde fue recluida, Franyeli relata condiciones degradantes: “Los oficiales pateaban la comida, y si se caía, la recogían del piso”. Luego de semanas detenida, fue trasladada junto a otros migrantes hasta Texas, desde donde partieron los vuelos el 15 de marzo.
Durante el vuelo, las ventanillas del avión se mantuvieron cerradas. Las mujeres sospechaban que algo no iba bien. “Nos dijeron que íbamos a Caracas, pero cuando aterrizamos, no era Venezuela. Había demasiado antimotín”, dijo una de las pasajeras. Finalmente, comprendieron que se encontraban en El Salvador.
Lo que sucedió a continuación fue aún más perturbador: las autoridades salvadoreñas se negaron a recibirlas. En medio del caos, testigos afirman que un oficial de ICE abofeteó a una de las mujeres y arrastró a otra por el pasillo del avión. Desde las ventanillas, vieron cómo los hombres deportados en otro vuelo eran bajados violentamente, esposados, y enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la polémica mega cárcel construida por el Gobierno de Nayib Bukele.
Centroamérica como destino alterno
El traslado de migrantes venezolanos al CECOT fue posteriormente confirmado por el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro. Las imágenes de los 238 reclusos venezolanos vestidos de blanco y bajando esposados del avión circularon ampliamente. Sin embargo, las ocho mujeres deportadas nunca fueron mencionadas ni por las autoridades estadounidenses ni salvadoreñas.
Ese mismo día, al ser rechazadas por El Salvador, las ocho mujeres fueron devueltas en un vuelo directo a Estados Unidos. Solo tres de ellas han logrado ser deportadas a Venezuela. Las otras cinco continúan detenidas.
Organizaciones como Human Rights Watch han calificado estas deportaciones como “desapariciones forzadas”, señalando que muchos de los migrantes no cuentan con antecedentes penales y han sido incomunicados de sus familiares y abogados. También denuncian que los procesos han ocurrido sin respeto al debido proceso.
Uno de los casos más graves es el de Gladys Yoleida Caricote Tovar, de 28 años, quien fue detenida frente a sus hijos menores en diciembre de 2024. Tras su fallida deportación, continúa en un centro de detención en Texas. “La golpearon, está llena de moretones y en un cuarto de castigo”, denuncia un familiar. Su familia exige que se le permita regresar a Venezuela cuanto antes.
La madre de Scarleth también clama por ayuda. “Ya mi hija no quiere estar más en Estados Unidos. Me llamó llorando, me dijo que se estaba volviendo loca”, relata. Hasta el momento, ni ICE ni el Departamento de Estado han ofrecido explicaciones públicas sobre el fallido traslado de las mujeres a El Salvador ni su actual situación.
Franyeli logró finalmente volver a Venezuela el 5 de abril. La recibieron su padre y sus hijos en la casa de Maracaibo que soñaba con remodelar con el dinero que planeaba ganar en Estados Unidos. Su esposo, sin embargo, permanece detenido e incomunicado en El Salvador. “Es fuerte. Estoy asimilando todo esto. Solo quiero saber de Rolando”, dice con la esperanza de poder ayudarlo desde la distancia.
La historia de estas ocho mujeres es una entre muchas que ilustran los vacíos y abusos del sistema migratorio estadounidense. A la espera de justicia y de respuestas, sus voces se suman al llamado de organizaciones que exigen un alto a las deportaciones sin garantías, el respeto al debido proceso y la protección de los derechos humanos de los migrantes.
