Por Agencias
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A pesar de una advertencia oficial del gobierno federal que sugiere que brindar ayuda humanitaria a personas liberadas por autoridades migratorias podría ser ilegal, albergues operados por organizaciones sin fines de lucro en la frontera sur de Estados Unidos han seguido recibiendo a migrantes liberados por Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La advertencia llegó en forma de una carta emitida el 11 de marzo por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en la que expresa “preocupaciones significativas” sobre posibles violaciones a leyes contra el contrabando de personas. La FEMA pidió a los albergues detallar los servicios que brindan y firmar declaraciones juradas asegurando que no están involucrados en actividades ilegales.
La misiva dejó en el aire si proporcionar alojamiento, comida y transporte a migrantes podría ser considerado un delito federal.
“No voy a mentir, fue algo aterrador”, admitió Rebecca Solloa, directora ejecutiva de Caridades Católicas de la Diócesis de Laredo.
Su organización acogía diariamente entre 8 y 10 personas liberadas por el ICE, hasta que se vio forzada a cerrar su refugio en abril por falta de fondos.
Pese a la incertidumbre legal, otras entidades continuaron operando.
El Holding Institute Community Center, también en Laredo, ha recibido unas 20 familias por semana procedentes de los centros de detención familiar de Dilley y Karnes City, Texas.
Sus beneficiari@s provienen de países tan diversos como Rusia, China, Irán, Turquía y Papúa Nueva Guinea, explicó su director Michael Smith, un pastor metodista.
Lo mismo ocurre en El Paso, donde Annunciation House sigue recibiendo entre cinco y diez personas al día, muchas de ellas provenientes de Venezuela y Honduras.
En Phoenix, el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés), aunque no recibió la carta de FEMA, ha continuado asistiendo a liberad@s provenientes del centro de detención Krome, en Miami, conocido por su hacinamiento.
Contradicción del propio gobierno
Las cartas de FEMA y las solicitudes del ICE a los albergues han colocado a estas organizaciones en una posición delicada.
Ambas agencias pertenecen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que genera desconcierto sobre la coordinación y la coherencia entre sus mensajes.
“Fue un poco contradictorio”, reflexionó Solloa.
“Nos pedían ayuda mientras nos advertían que hacerlo podría ser ilegal”.
Aun así, decidió seguir recibiendo migrantes, muchos de ell@s liberados por orden de jueces de inmigración tras pasar semanas detenid@s.
Smith también reconoció el dilema moral: “Tal vez no sea lo más prudente, pero hay cosas que uno sabe que son lo correcto”.
La administración de Donald Trump ha enfatizado que, a diferencia de su predecesor Joe Biden, el ICE no deja a los inmigrantes simplemente en las calles.
En su lugar, intenta verificar patrocinadores, ya sean familiares, amigos o, en algunos casos, albergues, antes de su liberación.
Sin embargo, la realidad es más compleja. La dificultad de repatriar a personas a ciertos países, ya sea por razones diplomáticas, logísticas o de seguridad, ha obligado a ICE a liberarlas dentro del país, incluso trasladándolas a naciones terceras como El Salvador o Sudán del Sur si su país de origen no acepta su retorno.
Desbordad@s y sin recursos
La incertidumbre legal se suma a una crisis financiera profunda.
La FEMA había prometido $641 millones en el año fiscal 2024 para ayudar a entidades estatales, locales y organizaciones humanitarias a enfrentar el aumento de llegadas a la frontera.
Sin embargo, suspendió los pagos a muchas de ellas mientras realiza su investigación.
Caridades Católicas de Laredo recibió a más de 120,000 personas desde 2021 y llegó a alojar hasta 700 migrantes por noche en 2023.
Esperaba obtener hasta $7 millones en reembolsos, pero terminó cerrando sus puertas con una pérdida cercana al millón de dólares.
“Nos pidieron ayuda y lo hicimos. Pero llegó un punto en que tuvimos que decir: ‘Lo siento, ya no tenemos dinero’”, lamentó Solloa.
El Holding Institute ha reducido su personal de 45 a solo 7 personas y ahora entrega alimentos sin proteínas para reducir costos.
La barrera del idioma, ante la diversidad de nacionalidades, ha sido otro desafío constante.
A pesar del silencio oficial sobre las consecuencias legales de su labor, las organizaciones han decidido mantenerse firmes en sus principios.
“Continuaremos ofreciendo servicios esenciales como comida, agua, productos de higiene y orientación básica”, indicó el Comité Internacional de Rescate en un comunicado, reafirmando su compromiso con los derechos humanos.
En el fondo, lo que está en juego es una pregunta esencial: ¿Dónde se traza la línea entre la ayuda humanitaria y el cumplimiento de la ley?
En el desierto de la frontera, para muchos, la respuesta es clara: la compasión no debe ser criminalizada.
