Por Redacción
Redaccion@latinocc.com
Es hora de que afrontemos una contradicción fundamental en la forma en que Estados Unidos trata a sus inmigrantes indocumentad@s: aceptamos con gusto su dinero, pero les negamos los servicios más básicos, incluida la atención médica.
El mes pasado, una niña de 5 años que cursaba el kinder de infancia faltó a la escuela la mayor parte de la semana, trabajo con esa escuela, me enteré de que había estado enferma durante días.
Lamentablemente su madre, una inmigrante indocumentada, no tenía el dinero ni la cobertura para llevarla al médico.
Sin acceso a Medicaid, esperó a que se recuperara sola.
La salud de su hija quedó al azar, no porque no hubiera ayuda disponible, sino porque el sistema excluye deliberadamente a familias como la suya.
Esta historia no es un caso aislado, sino una muestra de la injusticia silenciosa y crónica que enfrentan millones de indocumentad@s que, a pesar de contribuir al sistema, están excluidos de sus redes de seguridad más esenciales.
Según el Instituto de Impuestos y Política Económica, los inmigrantes indocumentad@s pagaron la asombrosa cifra de $96,700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales solo en 2022, de los cuales $59,400 millones de dólares fueron directamente al gobierno federal.
Estas personas son parte de nuestra economía, parte de nuestras comunidades y parte de nuestro tejido social, sin embargo, la ley federal continúa tratándolas como invisibles.
Seamos clar@s: inmigrantes indocumentad@s no reciben beneficios federales.
Esto ha sido así desde la ley de reforma del bienestar de 1996, firmada por el presidente Bill Clinton, que restringió el acceso a programas como cupones de alimentos, Medicaid, Medicare e incluso planes de salud de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (ACA).
A menos que pertenezcan a la estrecha categoría de «extranjer@s calificad@s», como residentes legales o refugiad@s, están excluid@s.
Aunque pagan impuestos, incluidos $25,700 millones de dólares a la Seguridad Social y $6,400 millones a Medicare, no reciben nada a cambio, están contribuyendo a un sistema al que no pueden acceder.
Algunos argumentarán que la atención médica es un privilegio solo para ciudadan@s y residentes legales.
Pero, ¿qué clase de nación exige pagos sin ofrecer protección?
¿Qué clase de democracia permite que los trabajadores esenciales sufran en silencio simplemente porque carecen de la documentación adecuada?
La injusticia en este caso es económica, moral y profundamente miope.
Consideremos las cifras.
El programa de Medicaid de emergencia, la única forma de cobertura disponible para inmigrantes indocumentad@s, es extremadamente limitado, cubre el parto y, en algunos estados, algunos tratamientos críticos como la diálisis o la quimioterapia.
Sin embargo, incluso con estos servicios limitados, el programa de Medicaid de emergencia representa menos del 1% de los presupuestos estatales de Medicaid en los estados con mayor población indocumentada.
El resto del tiempo, las familias dependen de la suerte, de clínicas de beneficencia o simplemente prescinden de la atención médica.
Por lo tanto y tendiendo en cuenta que l@s indocumentad@s han cumplido con su parte del trato, es hora de que el sistema haga lo mismo.
L@s niños no reciben tratamiento, las enfermedades empeoran y las afecciones prevenibles se convierten en emergencias.
