Por Redacción
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Las autoridades migratorias de Estados Unidos están exigiendo a propietarios de viviendas que entreguen contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío, documentos de identidad y otra información personal sobre sus inquilinos. Esta medida es vista como un esfuerzo del gobierno de Donald Trump para involucrar a los arrendadores en su campaña de deportaciones masivas.
Eric Teusink, abogado inmobiliario en el área de Atlanta, explicó que varios de sus clientes recibieron recientemente cartas solicitando documentación completa sobre sus inquilinos. Las solicitudes de alquiler suelen incluir historial laboral, estado civil y vínculos familiares.
El “requerimiento de información” de dos páginas, compartido exclusivamente con The Associated Press por Teusink, también solicita datos sobre otras personas que vivan en la unidad. Una de las cartas, con fecha del 1 de mayo, está firmada por un agente de la unidad antifraude de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), aunque no cuenta con la firma de un juez.
No está claro cuántas de estas cartas se han enviado, pero podrían representar un nuevo frente en los esfuerzos del gobierno por localizar a personas sin permiso de residencia legal, muchas de las cuales proporcionaron direcciones en EE.UU. al ingresar inicialmente sin visa. El presidente Trump ha eliminado en gran medida los permisos temporales otorgados durante el mandato de su predecesor, Joe Biden.
Expertos cuestionan si los propietarios deben cumplir
Algunos expertos legales y administradores de propiedades señalan que estas solicitudes plantean serias dudas legales, ya que no están firmadas por un juez. Cumplirlas podría exponer a los propietarios a sanciones bajo la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional.
Los críticos también advierten que muchos propietarios podrían sentirse presionados a responder a solicitudes que no han sido ordenadas por un tribunal, mientras que los inquilinos afectados quizás nunca se enteren de que sus datos personales han sido entregados a autoridades migratorias.
“El peligro aquí es el exceso de cumplimiento”, dijo Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho en la Universidad de Tulane, experta en derecho de vivienda. “El hecho de que un propietario reciba un requerimiento no significa que sea una solicitud legítima”.
Los agentes de ICE han utilizado durante años citaciones firmadas únicamente por un supervisor de la agencia para intentar ingresar a hogares. En respuesta, grupos defensores han impulsado campañas de “Conozca sus derechos”, instando a las personas a negar el acceso si los documentos no están firmados por un juez.
La carta revisada por la AP proviene de la unidad de detección de fraude y seguridad nacional de USCIS, que al igual que ICE forma parte del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque no está firmada por un juez, advierte que un propietario podría ser declarado en desacato judicial por no cumplirla.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, defendió el uso de estos requerimientos, aunque no confirmó cuántos se están emitiendo.
“No vamos a comentar sobre tácticas de aplicación de la ley en investigaciones en curso”, dijo McLaughlin. “Sin embargo, es falso decir que los requerimientos del ICE pueden ser ignorados sin consecuencias. ICE está autorizado a obtener registros o testimonios a través de citaciones administrativas. El incumplimiento puede conllevar sanciones legales graves. Los medios deben dejar de propagar estas falsedades”.
Propietarios dicen que estas solicitudes son inusuales
Teusink explicó que muchos de sus clientes gestionan propiedades multifamiliares y están acostumbrados a recibir citaciones judiciales para otros fines, como proporcionar grabaciones de seguridad o permitir acceso a la policía local. Pero, en esos casos, las solicitudes están firmadas por un juez.
Dijo que sus clientes estaban confundidos por las nuevas cartas. Tras consultar con abogados de inmigración, concluyó que el cumplimiento es opcional. A menos que estén firmadas por un juez, las cartas no son más que una solicitud de cooperación por parte de un funcionario.
“Parecía una expedición de pesca”, comentó Teusink.
Jordana Roubicek Greenman, abogada inmobiliaria de Boston, señaló que uno de sus clientes recibió un mensaje de voz vago de un agente de ICE solicitando información sobre un inquilino. Otros abogados de la zona dijeron haber tenido experiencias similares. Ella recomendó a su cliente no devolver la llamada.
Anthony Luna, director general de Coastline Equity —una empresa de administración de propiedades comerciales y residenciales que gestiona unas 1.000 unidades en el área de Los Ángeles— dijo que en las últimas semanas varios administradores le expresaron su preocupación tras escuchar rumores sobre estos requerimientos del ICE. La mayoría no planea cumplir si llegan a recibirlos.
“Si están buscando criminales, ¿por qué no revisan los registros judiciales?”, cuestionó Luna. “¿Por qué necesitan archivos de los proveedores de vivienda?”.
Las citaciones administrativas del ICE no son nuevas; existían antes del primer mandato de Trump, pero aumentaron significativamente durante su administración, según Lindsay Nash, profesora de derecho en la Facultad de Derecho Cardozo de la Universidad Yeshiva en Nueva York. Nash ha documentado estas prácticas durante años. Sin embargo, explicó que rara vez se dirigían a propietarios; los destinatarios más comunes eran departamentos de policía estatales y locales.
El ICE puede hacer cumplir estos requerimientos, pero primero debe presentar una demanda en un tribunal federal y obtener la aprobación de un juez. Ese proceso permitiría al receptor impugnar la solicitud, señaló Nash. Aun así, muchos propietarios obedecen sin informar a los inquilinos de que sus registros han sido compartidos.
“Mucha gente ve estas cartas, les parecen oficiales, parte del lenguaje suena amenazante, y responden —aunque, por lo que he visto, algunas de estas citaciones parecen ser demasiado amplias”, afirmó Nash.
