Por Redacción
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La suspensión indefinida en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, ordenada por el Gobierno del presidente Donald Trump, entró en vigor este miércoles y ya genera fuertes cuestionamientos legales y preocupación entre expertos en inmigración, organizaciones civiles y familias que esperaban reunificarse en Estados Unidos.
La medida, anunciada por el Departamento de Estado a mediados de enero, congela la emisión de visas de inmigrante —incluidas aquellas por empleo y por petición familiar— bajo el argumento de realizar una “revisión exhaustiva” para evitar que personas procedentes de esos países se conviertan en una “carga pública” para el sistema de asistencia social estadounidense. Sin embargo, abogados especializados sostienen que ese criterio ya está claramente definido en la legislación vigente y que la decisión introduce un nivel adicional de incertidumbre en el sistema migratorio legal.
Aunque la pausa no afecta a las visas de no inmigrante, como las de turismo o ciertas visas temporales de trabajo, el impacto potencial es amplio. Miles de solicitantes que se encontraban en etapas avanzadas del proceso —algunos con entrevistas consulares ya realizadas— quedan ahora en un limbo administrativo sin una fecha clara de resolución.
El Departamento de Estado no ha especificado cuánto tiempo durará la suspensión ni ha detallado los criterios utilizados para seleccionar a los 75 países incluidos en la lista, a los que se refirió únicamente como “países de alto riesgo”.
Críticas al argumento de “carga pública” y efectos sociales
Para expertos en derecho migratorio, el principal problema de la medida radica en el uso del concepto de “carga pública” como justificación para una suspensión generalizada por nacionalidad. Carlos Colombo, abogado de inmigración y fundador del despacho Colombo & Hurd, afirmó que ese razonamiento “no tiene sentido” desde el punto de vista legal.
“La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece desde hace décadas cómo se analiza la carga pública y ese análisis siempre se hace de manera individual”, explicó Colombo. “Cada solicitante de una visa de inmigrante es evaluado con base en factores personales como ingresos, historial laboral, salud, edad y el respaldo financiero de un patrocinador. No se hace, ni se ha hecho nunca, por país de origen”.
La legislación estadounidense no incluye la nacionalidad como un factor determinante para establecer si una persona podría convertirse en una carga para el Estado. Aun así, la nueva directriz suspende el procesamiento de visas para ciudadanos de países enteros, sin distinguir circunstancias individuales.
Héctor Quiroga, abogado del despacho Quiroga Law Office PLLC, coincidió en que la medida rompe con una tradición jurídica de más de un siglo. “La regla de carga pública fue diseñada para evaluar a personas, no a naciones completas”, señaló. “Incluso cuando se intentó endurecer esta norma en administraciones anteriores, como ocurrió en 2019, los cambios se realizaron mediante procesos regulatorios formales, con períodos de comentarios públicos y estudios de impacto. Aquí no estamos viendo nada de eso”.
El impacto social de la pausa ya comienza a sentirse entre familias que aguardaban completar procesos de reunificación. Colombo explicó que muchos ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales se encontraban en la etapa final para traer a sus cónyuges o hijos al país.
“Hay matrimonios que estaban literalmente a un paso de poder reunirse en Estados Unidos. Esa última etapa ahora queda suspendida sin explicación ni fecha”, dijo. “Estas demoras afectan directamente a familias que ya han cumplido con todos los requisitos legales”.
A nivel económico, la suspensión también genera inquietud, especialmente en sectores que dependen de trabajadores altamente calificados que ingresan al país con visas de inmigrante. Colombo advirtió que hospitales, centros de investigación y otras instituciones podrían verse afectadas.
“Representamos a médicos y especialistas que tratan cáncer, que trabajan con niños gravemente enfermos y que cubren necesidades críticas en Estados Unidos. Muchos de ellos provienen de países incluidos en la lista. Ahora no podrán ingresar ni continuar esos trabajos hasta nuevo aviso”, señaló.
Quiroga matizó que el impacto económico podría ser parcial, ya que las visas temporales de trabajo no están incluidas en la suspensión. “Se restringe la inmigración permanente, pero se mantiene la temporal, que sostiene a varias industrias”, dijo. No obstante, reconoció que el bloqueo a la residencia permanente puede afectar la estabilidad laboral a largo plazo y la retención de talento.
Demandas en puerta y dudas sobre la legalidad de la medida
Además de las consecuencias prácticas, expertos anticipan que la pausa será impugnada rápidamente en los tribunales federales. Tanto Colombo como Quiroga consideran que existen bases legales sólidas para cuestionar la decisión del Ejecutivo.
Quiroga identificó al menos tres posibles líneas de ataque legal. La primera es la discriminación por país de origen, al afectar a grupos enteros sin una justificación clara basada en seguridad nacional. La segunda se relaciona con posibles violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que el Departamento de Estado no habría seguido un proceso razonado ni presentado evidencia técnica que respalde la medida. La tercera apunta a una extralimitación de autoridad, al contradecir el mandato de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de evaluar la carga pública caso por caso.
“Las demandas buscarán frenar la suspensión y obligar al gobierno a justificar su legalidad”, afirmó Quiroga. “Desde el punto de vista jurídico, esta es una medida extraordinariamente amplia y vulnerable”.
Colombo fue aún más tajante al calificar la pausa como “un ataque directo a la inmigración legal basado en nacionalidad”. Según el abogado, las acciones legales podrían ser inmediatas una vez que la medida comience a aplicarse plenamente.
“Discriminar por nacionalidad es claramente ilegal bajo la ley de inmigración”, dijo. “No tienen el poder para imponer un bloqueo tan drástico sin respaldo legislativo. Ese será, probablemente, el argumento más fuerte en las cortes”.
El Departamento de Estado ha defendido la decisión señalando que se trata de una suspensión temporal para revisar procedimientos y directrices internas. En una respuesta enviada a medios, un portavoz indicó que el listado de países se definió “ante indicios de que los inmigrantes de estos países tienen un mayor riesgo de recibir beneficios públicos en Estados Unidos”. Sin embargo, la institución no ha hecho públicos esos indicios ni los criterios técnicos utilizados.
La única excepción anunciada es para personas con doble nacionalidad cuya segunda ciudadanía no se encuentre en la lista de los 75 países. En esos casos, la suspensión no aplicaría. Además, los solicitantes pueden continuar con el proceso administrativo y asistir a entrevistas consulares, aunque no se emitirán visas de inmigrante mientras dure la pausa.
Al ser consultado sobre la duración estimada de la medida, el Departamento de Estado respondió que “se tomará el tiempo necesario para realizar una revisión completa y exhaustiva”, sin ofrecer un calendario específico.
Para defensores de los derechos de los inmigrantes, la falta de claridad es uno de los aspectos más preocupantes. La ausencia de una fecha límite, combinada con el alcance global de la suspensión, deja a miles de personas en una situación de incertidumbre prolongada.
Mientras tanto, el debate sobre la legalidad y las consecuencias humanas de la medida se intensifica. En un contexto de endurecimiento de la política migratoria, la pausa en las visas de inmigrante se perfila como uno de los frentes legales más relevantes de la nueva etapa de la administración Trump, con posibles implicaciones duraderas para el sistema de inmigración legal de Estados Unidos.
