Por Agencias
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El anuncio anticipado que hizo Donald Trump de su tercera postulación a la Casa Blanca no blindará al expresidente de las investigaciones penales que ya enfrenta en su calidad de ciudadano común, dejándolo expuesto en lo jurídico y lo político mientras intenta obtener la nominación republicana para los comicios de 2024.
El Departamento de Justicia sigue adelante con sus pesquisas. Y con los resultados de las elecciones intermedias ya prácticamente completos y la campaña presidencial de 2024 a meses de distancia de que comience en serio, los fiscales federales cuentan con tiempo abundante para continuar su labor incluso mientras Trump comienza a promoverse ante los electores.
“No creo que el departamento vaya a titubear a consecuencia de que Trump se haya nominado a sí mismo y se haya ungido el primer candidato para las elecciones de 2024”, dijo Michael Weinstein, exfiscal del Departamento de Justicia. “Sólo pienso que considerarán que está intentando engañar al sistema como lo ha hecho con gran éxito en los tribunales”, y están preparados para su “contragolpe”.
Trump ingresa a la contienda enfrentando investigaciones federales relacionadas con sus intentos de revocar los resultados de las elecciones de 2022 y por el almacenamiento de documentos ultrasecretos del gobierno en su mansión Mar-a-Lago de Florida, más una pesquisa estatal por separado en Georgia.
La investigación sobre la residencia ha avanzado con especial rapidez, y este mes los fiscales le dieron inmunidad a un aliado cercano de Trump para asegurar su testimonio ante un jurado investigador federal.
Abogados del Departamento de Justicia en esa pesquisa dicen que han recabado evidencia de posibles delitos que no sólo involucran obstrucción de la justicia, sino también la retención deliberada de información de defensa nacional.
Sigue sin estar claro si alguien enfrentará cargos, y tampoco se conoce si hay una fecha específica para que se tome una decisión.
Pero exfuncionarios dicen que la mejor forma de asegurar que el desenlace sea considerado irreprochable es llevar a cabo una investigación apegada a las reglas que no muestre algún favoritismo especial ni trato despectivo influido por el hecho de que Trump ocupó la presidencia de Estados Unidos.
“El público tendrá la mayor fe en lo que ustedes están haciendo, y obtendrán los mejores resultados, si tratan a Donald Trump como a cualquier otro estadounidense”, dijo Matthew Miller, que fue portavoz del Departamento de Justicia cuando Eric Holder era procurador general.
El procurador general actual, Merrick Garland, ha insinuado lo mismo: en respuesta a preguntas sobre Trump y la investigación en torno al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, el verano pasado dijo que “ninguna persona está por encima de la ley”. Cuando se le preguntó en una entrevista televisiva en julio cómo podría afectar al departamento una posible candidatura de Trump, Garland respondió: “Haremos que rinda cuentas cualquiera que sea penalmente responsable de intentar interferir con la transferencia —la transferencia legítima, válida— del poder de una administración a la siguiente”.
El investigar a cualquier funcionario electo, o candidato a algún puesto, casi siempre es una invitación a la especulación política.
El protocolo del Departamento de Justicia le advierte a los fiscales que no deben tomar acciones manifiestas en el periodo previo a unas elecciones, pero eso es más un convencionalismo estándar que una norma inamovible.
Y la contienda por la presidencia en 2024 está a dos años de distancia.
De todas formas, no es fácil investigar a un expresidente ni a un candidato en campaña.
Eso es especialmente cierto en el caso de Trump, que pasó su presidencia agrediendo a su propio Departamento de Justicia y hostigando a procuradores generales que él mismo había nombrado.
Ya ha criticado al FBI por allanar Mar-a-Lago en agosto, y se valió del episodio para recabar fondos de sus simpatizantes.
Ahora que su candidatura ya es oficial, él y sus partidarios intentarán reenmarcar la narrativa de la investigación como una persecución política por parte de un gobierno demócrata que le teme para 2024.
De hecho, un riesgo para los demócratas es que Trump —que durante su anuncio el martes se declaró “una víctima”— pudiese impulsar de nuevo a sus seguidores con ese argumento. Por otro lado, los resultados de las elecciones intermedias de la semana pasada dejan entrever que podría ser más vulnerable políticamente de lo que muchos pensaban, incluyendo en su Partido Republicano.
Y, ¿qué hay de investigaciones pasadas a un candidato a la presidencia? Hay un precedente reciente, aunque bajo circunstancias distintas.
En 2016, el Departamento de Justicia del gobierno del presidente Barack Obama investigó a la candidata demócrata Hillary Clinton por su uso de un servidor de correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado.
A pesar de los intentos de funcionarios policiales que trabajaron en la pesquisa para mantenerse por encima de la refriega, la investigación se vio envuelta repetidas veces en la política presidencial, en formas que podrían no haberse contemplado cuando se inició.
La entonces procuradora general Loretta Lynch expresó su pesar por un encuentro fortuito que tuvo con el expresidente Bill Clinton en los últimos días de la pesquisa.
El exdirector del FBI James Comey fue culpado de afectar la candidatura de Hillary Clinton al dar una explicación pública detallada sobre por qué esa institución policial no estaba recomendando que se aplicaran cargos, y luego por reabrir la investigación 11 días antes de los comicios.
David Laufman, que supervisó esa pesquisa para el Departamento de Justicia en su papel de jefe de la misma sección que ahora lleva a cabo la investigación en Mar-a-Lago, dijo que hay una “desvinculación surrealista” entre el torbellino político que acompaña a las investigaciones políticamente cargadas y la mentalidad concentrada de un fiscal determinado a simplemente sacar adelante el trabajo.
“Aquí estábamos, llevando a cabo una investigación penal con connotaciones de seguridad nacional en una forma que prácticamente salpicaba la primera plana de todos los periódicos” cada día, declaró Laufman. “Y todo lo que podíamos hacer era seguir haciendo lo que sabíamos que tenía que hacerse: obtener todos los hechos relevantes necesarios para efectuar juicios acerca de si era adecuado recomendar que se aplicaran cargos penales”.
Dijo que creía que los investigadores que trabajaban en Mar-a-Lago se han comportado de la misma forma, y elogió su profesionalismo en medio de la presión del público e incluso preocupaciones en torno a su seguridad personal.
En el caso de Clinton, Comey ha dicho que él consideraba recomendar a un fiscal especial para que encabezara la pesquisa, aunque a fin de cuentas no lo hizo.
La opción de un fiscal nombrado especialmente que le reportaría a Garland también existe aquí, de la misma forma en que el Departamento de Justicia del gobierno de Trump nombró al exdirector del FBI Robert Mueller para que se hiciera cargo de la investigación sobre la posible coordinación de la campaña electoral del Trump de 2016 y Rusia.
No está claro qué tan en serio se tomaría Garland eso. Un portavoz del departamento declinó hacer comentarios.
Dejando de lado la política, a la hora de tomar la decisión de si se presenta una acusación formal o no, a la larga mucho dependerá de la fortaleza de los argumentos del Departamento de Justicia.
“Si los argumentos del gobierno son excepcionalmente sólidos, creo que el estado de derecho tendrá un peso predominante en el análisis del procurador general”, dijo Laufman.
