Por Redacción
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Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, se había convertido en una de las voces más insistentes en pedir refuerzos de seguridad al Gobierno federal. Su llamado constante para proteger a una ciudad asediada por la violencia del crimen organizado terminó abruptamente el sábado por la noche, cuando fue asesinado a balazos en una plaza pública, momentos después de invitar en una transmisión en vivo al Festival de las Velas, una festividad local.
El ataque ocurrió frente a decenas de personas, en el corazón de uno de los municipios más violentos del país. Manzo, de 40 años, murió poco después. Su asesinato reaviva el debate sobre la inseguridad en Michoacán y los riesgos que enfrentan los funcionarios locales que se oponen a la presencia de grupos criminales.
Durante su breve gestión, Manzo utilizó las redes sociales como una extensión de su despacho. Publicaba videos sobre obras públicas, vialidad y encuentros con vecinos, pero sobre todo insistía en un tema: la necesidad de fortalecer la seguridad municipal. En repetidas ocasiones denunció que el gobierno federal no estaba cumpliendo su parte en el combate a los delitos de alto impacto, pese a ser responsabilidad de la Federación.
Un político que buscó transformar desde lo local
Nacido el 9 de mayo de 1985, Carlos Manzo estudió Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Antes de llegar a la política, trabajó en el sector privado y como auditor en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.
Su carrera pública comenzó en 2018, cuando se postuló como candidato a diputado federal. Tres años después obtuvo una curul por el partido oficialista Morena, desde donde impulsó una iniciativa de ley para penalizar los disparos al aire, una práctica frecuente en celebraciones mexicanas. Aunque la propuesta fue desechada en 2024, reveló su interés por la seguridad ciudadana y el control de armas.
Ese mismo año, tras distanciarse de Morena, decidió postularse como candidato independiente a la alcaldía de Uruapan. Su victoria fue contundente: obtuvo más del 66% de los votos frente a los candidatos de los partidos tradicionales. El 1 de septiembre de 2024 asumió el cargo con una promesa clara: devolver la tranquilidad a una ciudad marcada por las extorsiones, los secuestros y los enfrentamientos armados entre grupos criminales.
Conocido popularmente como “el del sombrero” por su distintivo estilo, Manzo cultivó una imagen cercana y transparente. Recorrió barrios, dialogó con productores agrícolas y se mostró decidido a enfrentar a los grupos delictivos que han sometido a la región. Apenas el 8 de octubre, publicó un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, solicitando que no dejaran solo a Uruapan en la lucha contra el crimen.
“Seguiremos luchando con nuestra policía municipal y con lo que esté a nuestro alcance para hacer frente a esta problemática de inseguridad y violencia que se vive en el país”, escribió en su página oficial. Fue su última gran declaración pública sobre el tema.
Violencia estructural y omisiones institucionales
Michoacán es uno de los estados más golpeados por el crimen organizado. Organizaciones como Insight Crime han documentado la presencia de múltiples cárteles en la región, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Estas estructuras criminales se disputan el control de rutas de narcotráfico, extorsión a productores agrícolas y cobros ilegales a transportistas.
Uruapan, en particular, es un punto neurálgico por su producción de aguacate y limón, dos productos que generan millones de dólares en exportaciones. Sin embargo, los mismos agricultores que sostienen la economía local han denunciado durante años ser víctimas de amenazas, secuestros y extorsiones.
Desde su llegada al cargo, Manzo había solicitado repetidamente la presencia permanente del Ejército y de la Guardia Nacional. Aunque el Gobierno federal aseguró que el alcalde contaba con protección de 14 elementos de seguridad, la emboscada del sábado demostró la vulnerabilidad de las autoridades municipales incluso bajo resguardo.
Horas después del crimen, la presidenta Sheinbaum condenó el asesinato y prometió “cero impunidad”. En un mensaje en redes sociales, afirmó que su administración reforzará la estrategia de seguridad en Michoacán y trabajará para llevar justicia a la familia de Manzo. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expresó indignación y se comprometió a actuar de inmediato “para garantizar paz y justicia para el pueblo de Uruapan”.
Sin embargo, la indignación no ha acallado las críticas. Políticos locales, excolegas y líderes sociales acusan al Estado y a la Federación de no haber respondido a tiempo a las advertencias del alcalde. “Cuando una autoridad se decide a actuar distinto, a alzar la voz, a enfrentar directamente al crimen organizado, ahí está el precio”, dijo un dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional.
El asesinato de Manzo ocurrió pocos días después del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero en la región de Tierra Caliente. Ambos casos reflejan la escalada de violencia en zonas donde los grupos criminales buscan controlar la producción agrícola, principal motor económico de Michoacán.
El legado de un alcalde que desafió al miedo
El funeral de Carlos Manzo se llevó a cabo el domingo, en una ceremonia multitudinaria donde amigos, familiares y ciudadanos expresaron dolor e indignación. En el acto, la comunidad no solo lloró a su alcalde, sino también al símbolo que representaba: el de un político local que se negó a callar ante la violencia.
Muchos asistentes recordaron su compromiso con la transparencia y su cercanía con la gente. “No se escondía en su oficina; recorría los barrios, escuchaba a los vecinos y enfrentaba los problemas de frente”, comentó un comerciante local durante el velorio.
Las cifras respaldan el contexto de inseguridad que denunciaba. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 82.6% de los habitantes de Uruapan se sienten inseguros en su ciudad, una de las tasas más altas de México y muy por encima del promedio nacional del 63%.
Con su muerte, la política local pierde a un líder que buscaba reformar la forma en que los municipios enfrentan la violencia estructural. Analistas señalan que el caso de Manzo es un recordatorio de la fragilidad institucional de México, donde los funcionarios locales enfrentan a diario el dilema entre colaborar o resistir ante el poder del crimen organizado.
El asesinato de un alcalde en funciones no solo agrava la crisis de seguridad, sino que también golpea la confianza ciudadana en las autoridades. En palabras de un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, “cada vez que un funcionario municipal es asesinado, la democracia local retrocede y el miedo avanza”.
Mientras la Fiscalía de Michoacán continúa las investigaciones, la población de Uruapan exige justicia y garantías reales de seguridad. En los muros de la plaza donde Manzo fue atacado, alguien escribió con pintura blanca una frase que resume el sentimiento general: “Callaron su voz, pero no su causa.”
