Redada policial en Río de Janeiro deja 119 muertos y desata denuncias de masacre

Por Redacción
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Las autoridades del estado de Río informaron que la redada, ejecutada el martes con la participación de unos 2,500 policías y soldados, tenía como objetivo desmantelar al grupo criminal Comando Rojo (Comando Vermelho), una de las organizaciones más poderosas de Brasil. Sin embargo, las imágenes de cuerpos amontonados y testimonios de ejecuciones extrajudiciales provocaron indignación en comunidades locales y organizaciones de derechos humanos.

El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, informó que se hallaron decenas de cuerpos adicionales en una zona boscosa cercana a las comunidades de Penha y Complexo do Alemão, donde se desarrolló el operativo. Según explicó, algunos cadáveres fueron encontrados sin la ropa táctica ni los chalecos que usaban los presuntos delincuentes, lo que genera sospechas sobre manipulación de pruebas.

“Estos individuos estaban equipados con chalecos, ropa de camuflaje y armas. Sin embargo, muchos fueron hallados solo en ropa interior o pantalones cortos, como si hubieran pasado por un portal y cambiado de ropa”, señaló Curi.

La mañana del miércoles, decenas de vecinos rodearon los cuerpos apilados en una plaza de Penha y gritaron “masacre” y “justicia”, mientras esperaban la llegada de las autoridades forenses. Activistas locales, como Raull Santiago, aseguraron haber visto víctimas con disparos en la espalda y la cabeza, y otras atadas antes de morir. “Este nivel de brutalidad solo puede describirse como una masacre”, afirmó.

El número de detenidos ascendió a 113, y se incautaron 93 rifles y más de media tonelada de drogas, según la policía.

El gobernador de Río, Claudio Castro, defendió la operación alegando que el estado “está en guerra contra el narcoterrorismo”. El mandatario, del Partido Liberal conservador, criticó la falta de apoyo del gobierno federal de Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que “Río está solo en esta guerra”.

El Ministerio de Justicia respondió que ha renovado once veces el despliegue de fuerzas nacionales en el estado y pidió una reunión de emergencia con las autoridades locales. Desde Brasilia, la jefa del partido de Lula, Gleisi Hoffmann, instó a coordinar una estrategia conjunta contra el crimen organizado, pero subrayó que las acciones deben respetar los derechos humanos.

La ONU y diversas ONG expresaron preocupación por la magnitud de las muertes y exigieron una investigación independiente sobre los posibles abusos policiales.

Río de Janeiro ha sido escenario de operativos letales durante décadas. En 2021, una redada en la favela de Jacarezinho dejó 28 muertos; sin embargo, la escala del operativo de esta semana no tiene precedentes recientes.

Expertos en seguridad y líderes comunitarios advierten que estas acciones no resuelven el problema estructural del narcotráfico. “En un mes, las bandas estarán reorganizadas y volverán a controlar el territorio”, advirtió Filipe dos Anjos, secretario general de la organización de derechos de las favelas FAFERJ. “Para la población, este tipo de operación no trae resultados concretos.”

La violencia urbana en Brasil sigue en aumento, con las bandas criminales expandiendo su influencia incluso en regiones amazónicas. En las calles de Río, los ecos de la redada se sienten como una herida abierta y un recordatorio del largo conflicto entre la pobreza, el crimen y la represión estatal.