Por Redacción
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Las autoridades federales dijeron el martes que estaban tratando de rescatar a más de 100 migrantes varados en una isla deshabitada cerca de Puerto Rico durante una operación de contrabando de personas.
La nacionalidad de los inmigrantes que esperaban ayuda en la isla de Mona no se supo de inmediato.
Tampoco estaba claro si alguien en su grupo se ahogó antes de que las autoridades fueran notificadas de la situación.
En el grupo hay 60 mujeres, 38 hombres y cinco niñ@s con edades comprendidas entre los 5 y los 13 años, según Anaís Rodríguez, Secretaria del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico.
Señaló que tres de las mujeres están embarazadas y agregó que el grupo en general goza de buena salud.
La isla de Mona está ubicada en las traicioneras aguas entre República Dominicana y Puerto Rico, y ha sido durante mucho tiempo un punto de partida para los traficantes de personas que prometen transportar inmigrantes haitianos y dominicanos al territorio estadounidense a bordo de embarcaciones destartaladas.
Decenas de ellos han muerto en los últimos meses en un intento de huir de sus países en medio de un aumento de la pobreza y la violencia.
A fines de julio, las autoridades rescataron a 68 migrantes haitianos que habían sido dejados en las aguas que rodean la isla de Mona, y al menos otros cinco se ahogaron.
Desde octubre de 2021 hasta marzo, 571 haitianos y 252 dominicanos fueron detenidos en aguas alrededor de Puerto Rico y EE.UU.
NICARAGUA
Las familias de cuatro conocidas figuras de la oposición encarceladas en Nicaragua temen por la vida de sus familiares debido a las malas condiciones en la infame prisión El Chipote.
Los cuatro presos iniciaron una huelga de hambre en septiembre para protestar por la falta de atención médica, la mala alimentación y los malos tratos después de que fueran arrestados y juzgados por vagos cargos similares a traición.
Entre los presos se encuentra la excomandante rebelde sandinista Dora María Téllez, de 65 años.
“Tememos que puedan morir dentro de ese centro de tortura. Cada día que pasa, sus vidas corren mayor riesgo”, dijeron este lunes los familiares de Téllez y otros tres reclusos en un comunicado.
El presidente Daniel Ortega alegó que ellos y decenas de otros presos políticos estaban detrás de las protestas callejeras de 2018 que, según él, fueron un complot para derrocarlo.
Los críticos dicen que en realidad los arrestó para eliminar cualquier oposición a su reelección en 2021.
Familiares del periodista Miguel Mendoza, el académico Irving Larios y el abogado Róger Reyes se sumaron a la emisión del comunicado.
Dijeron que las autoridades penitenciarias han amenazado con no dar a los reclusos botellas de agua potable que ellos mismos se abastecen.
Además de su angustia, el hecho de que el régimen de Ortega canceló las visitas de familiares hace casi dos meses y no han podido ver a sus seres queridos.
Téllez lideró un asalto al Palacio Nacional en 1978 durante la dictadura de la familia Somoza, tomando como rehenes a congresistas a cambio de la liberación de presos rebeldes, fue sentenciado a ocho años de prisión.
Ortega ha atacado a grupos no gubernamentales en Nicaragua, cortando su financiación extranjera, incautando sus oficinas y cancelando sus estatutos.
Alivia que trabajaron con intereses extranjeros que querían verlo destituido de su cargo.
Los jueces nicaragüenses han sentenciado a varios líderes de la oposición, incluidos ex funcionarios de alto nivel del gobernante movimiento sandinista y ex candidatos presidenciales, a penas de prisión por “conspiración para socavar la integridad nacional”.
Dadas las condiciones notoriamente malas en El Chipote y la edad de algunos de los líderes de la oposición, existe un temor relativo de que los términos puedan ser efectivamente sentencias de muerte.
Hugo Torres, un ex líder guerrillero sandinista que una vez dirigió una redada que ayudó a liberar al rebelde Ortega de la prisión, murió mientras esperaba el juicio, tenía 73 años.
Miles han huido al exilio desde que las fuerzas de seguridad de Nicaragua reprimieron violentamente las protestas antigubernamentales en 2018.
EL SALVADOR
Un juez salvadoreño ordenó la detención provisional de varios altos mandos de las fuerzas armadas retirado, acusados de haber participado en el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 mientras cubrían la guerra civil de la nación centroamericana.
Entre los que enfrentan órdenes de arresto se encuentran el exministro de Defensa, el general, José Guillermo García y el Col. Francisco Antonio Morán, exdirector de la extinta policía de hacienda, según el fallo del juez.
Ni la Policía Nacional Civil (PNC), que es la encargada de ejecutar la orden judicial, ni el Ministerio Público han confirmado las órdenes de aprehensión ni si se han cumplido. Ninguna agencia respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El fallo de la jueza María Mercedes Arguello en la provincia de Chalatenango también menciona al Col. Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería de El Salvador, quien actualmente reside en los Estados Unidos.
El juez ordenó que las autoridades inicien un proceso de extradición en su contra.
También se incluyen en el fallo Gen. Rafael Flores Lima, exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, quien falleció el 29 de junio de 2020, y el sargento Mario Canizales, quien también ha fallecido.
Canizales supuestamente encabezó la patrulla que llevó a cabo la masacre de los periodistas.
Morán y Reyes Mena, así como Canizales, son señalados como los autores materiales de la masacre, mientras que los generales García y Flores Lima fueron acusados de delitos de omisión.
En marzo, familiares de las víctimas y representantes del gobierno holandés y de la Unión Europea exigieron que El Salvador lleve ante la justicia a los responsables de los asesinatos de los periodistas de la televisión holandesa Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen.
Oscar Pérez de la Fundación Comunicandonos, que representa a las familias de las víctimas, indicó que en marzo de 2018 la fundación presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de El Salvador para investigar los asesinatos de los periodistas holandeses.
En respuesta, la Fiscalía procesó el caso y remitió el expediente a un juzgado del municipio de Dulce Nombre de María en la provincia de Chalatenango, donde se abrió la causa en 1982.
PIE DE FOTO
Un Juez salvadoreño ordenó la detención provisional de varios altos mandos de las fuerzas armadas retirados acusados de haber participado en el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 mientras cubrían la guerra civil de la nación centroamericana. En la gráfica uno de los imputados, el ex ministro de Defensa, José Guillermo García-Merino.
