Por Agencias
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México anunció el lunes que arrestó al exjefe de una unidad federal antisecuestros en relación con la desaparición de 43 estudiantes en 2014.
Gualberto Ramírez era jefe de la unidad antisecuestros de la Fiscalía general cuando desaparecieron los estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en el sur de México.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, escribió que Ramírez enfrenta cargos de desaparición, tortura y conspiración por la investigación fallida de los secuestros, que se definen como “desapariciones” según la ley mexicana, porque sólo se han identificado los restos de tres de las víctimas.
Las fuerzas de seguridad secuestraron a los estudiantes de autobuses en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014, y los entregaron a una banda de narcotraficantes local, la cual aparentemente los mató y quemó.
Encinas también escribió en su cuenta de Twitter que ocho militares detenidos en el caso la semana pasada han sido acusados por fiscales civiles de desaparición.
Los soldados están recluidos en una prisión militar y podrían continuar allí.
Revelaciones recientes implican a los militares en las desapariciones, pero el motivo del secuestro de los estudiantes sigue sin estar claro, aunque cada vez hay más evidencia de que puede haber estado involucrada en la confabulación de la policía y los militares con narcotraficantes.
Las investigaciones iniciales sobre los presuntos asesinos originales, fueron hechas con tortura, manejo indebido de pruebas, coerción y confesiones forzadas que muchos de los cargos contra los sospechosos fueron posteriormente desestimados.
HONDURAS
La represión en Honduras contra las pandillas en las cárceles del país es inquietantemente similar a la llevada a cabo el año pasado en el vecino El Salvador por el presidente Nayib Bukele, dijeron observadores esa semana.
Al igual que las autoridades de El Salvador, la policía de Honduras, que lanzó una redada en la prisión esta semana, ha distribuido videos dramáticos de reclusos tatuados a los que se les hace marchar con cuclillas, aunque sus videos han carecido de los hábiles valores de producción y el conocimiento de las redes sociales de Bukele.
“Es el mismo fenómeno”, señaló el Comisionado de policía retirado Henry Osorto, pero agregó que las medidas enérgicas deben ser examinadas para ver si “se están violando las normas y los tratados internacionales”.
Los grupos de derechos en Honduras citaron aparentes abusos cuando los presos fueron obligados a sentarse con las piernas separadas, semidesnudos y acurrucados unos contra otros en los patios abiertos de la prisión.
Tal como lo hicieron en El Salvador, los funcionarios de Honduras restaron importancia a las críticas con enojo, diciendo que las pandillas abusaban más de los civiles.
“Estos delincuentes violan los derechos humanos de las personas, matan, secuestran y extorsionan, ¿quién defiende esos derechos?”, enfatizó el Comandante de la Policía Militar hondureña, Ramiro Muñoz, en una entrevista con medios locales.
Eso fue muy similar a la desestimación de Bukele de las quejas de los grupos de derechos humanos sobre la represión en las prisiones de El Salvador en 2022, cuando se jactó de que los reclusos “dormían en el piso y comían dos comidas al día” después de que les quitó los colchones, redujo los suministros de alimentos y detuvo visitas y servicio de internet en prisiones.
“No dijeron nada cuando los delincuentes mataron a decenas de salvadoreños, pero (los derechos humanos) sí saltaron cuando comenzamos a detenerlos”, reprendió Bukele en ese momento.
