Resumen internacional
Por Agencias
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Esta semana Panamá acusó a Nicaragua de inmiscuirse en sus asuntos internos al permitir que el ex presidente panameño Ricardo Martinelli, siguiera atacando al sistema de justicia y promoviendo a sus aliados políticos desde dentro de los muros de la embajada de Nicaragua.
Martinelli ha estado refugiado en la embajada durante más de un mes desde que Panamá tomó medidas para arrestarlo, después de que se agotaran sus apelaciones por su condena por lavado de dinero, para luego pedir asilo político a Nicaragua, lo cual sucedió.
El exlíder de 72 años sostiene que su procesamiento tuvo motivaciones políticas, ya que buscaba postularse para un segundo mandato.
Panamá se ha negado a conceder permiso a Nicaragua para trasladar a Martinelli a Nicaragua.
Por eso Martinelli se ha mantenido en la mezcla política utilizando las redes sociales para promover su agenda.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá indicó en un comunicado que había enviado a Nicaragua una protesta “enérgica” y pidió a Nicaragua que vigile de cerca el comportamiento de Martinelli.
Las autoridades electorales de Panamá declararon que Martinelli no era elegible para participar en las elecciones presidenciales del 5 de mayo, luego de su condena y sentencia, él anteriormente gobernó Panamá de 2009 a 2014.
Desde que fue descartado de la carrera, Martinelli ha trabajado para promover a su compañero de fórmula José Raúl Mulino, quien ahora encabeza las encuestas.
La semana pasada, Martinelli escribió en la plataforma social X que “me descalificaron políticamente como candidato, pero cuanto más me persiguen… más enciende a la gente y ayudarán a J.R. Mulino a ganar y nivelar (la competencia)”.
Martinelli, un populista que supervisó un período de grandes proyectos de infraestructura, incluida la construcción de la primera línea de metro de la capital, es el primer expresidente condenado por un delito en Panamá.
El año pasado, el gobierno de Estados Unidos prohibió a Martinelli y su familia inmediata ingresar a ese país, basándose en lo que llamó su participación en corrupción “significativa”.
COLOMBIA
El grupo criminal más grande de Colombia confirmó el martes que aceptó la oferta del Presidente, Gustavo Petro, de iniciar negociaciones de paz, pero los próximos pasos en las conversaciones no quedaron claros de inmediato.
Los analistas han descrito a las Fuerzas de Autodefensa Gaitanista de Colombia, llamadas el “Clan del Golfo” por el gobierno colombiano, como una amenaza a los continuos esfuerzos de Petro por negociar acuerdos de paz con los grupos rebeldes que quedan en el país.
Petro señaló el lunes por la noche que estaba dispuesto a iniciar negociaciones de paz con el grupo si este “se atreve” a abandonar el narcotráfico, dejar de extorsionar a empresas y negocios locales, y deja de lucrar con el tránsito de migrantes que va a Estados Unidos.
El grupo respondió el martes con una declaración sobre X diciendo que aceptó la invitación del Presidente para iniciar negociaciones, pero negó estar involucrado en el tráfico de migrantes.
El Clan del Golfo fue fundado por ex miembros de grupos paramilitares de derecha que se desmovilizaron a principios de la década de 2000, y ha sido descrito como un grupo apolítico que controla cada vez más las comunidades donde administra justicia, extorsiona a empresas y recluta a la fuerza a jóvenes.
El grupo tiene aproximadamente 9,000 combatientes y gana más de $4,000 millones de dólares al año con sus actividades ilícitas, lo que lo convierte en el grupo armado más rico de Colombia, según un informe publicado el martes por el International Crisis Group.
«Los grupos armados que hoy están en negociaciones (con el gobierno) están bajo presión militar no del Estado sino del Clan del Golfo… así que sobre todos los procesos de negociación se cierne esta amenaza de que deponer las armas… se traduce en entregar economías, territorios y comunidades ilícitas” al grupo indicó a The Associated Press Elizabeth Dickinson, autora del informe
