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Por Agencias-Agencies
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Un periodista de radio fue asesinado el jueves pasado a tiros en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, según su estación y las autoridades estatales.
Jacinto Romero Flores fue baleado en la comunidad de Potrerillo, en el corregimiento de Ixtaczoquitlán, informó a través de Twitter Hugo Gutiérrez Maldonado, jefe de la agencia de seguridad del estado de Veracruz.
Gutiérrez indico que la policía estatal estaba llevando a cabo un operativo en el área luego del asesinato.
Romero trabajó para Ori Stereo 99.3 FM., la cual expresó su tristeza por su muerte. “Los medios de comunicación no son la causa ni el efecto de la violencia en el país, pero sí sufrimos las consecuencias por hacer periodismo y comunicación”, señaló la radio en un comunicado.
La Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas condenó el homicidio y pidió a la Fiscalía del Estado que abriera una investigación completa, que incluyera qué papel jugó, si acaso, el periodismo de Romero en su asesinato.
La organización de libertad de prensa Artículo 19 reveló que Romero había recibido amenazas.
El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Estados Unidos, señaló a través de Twitter que se había «enterado y condena enérgicamente el asesinato del reportero Jacinto Romero en el estado de Veracruz e insta a las autoridades a emprender una investigación rápida, transparente y exhaustiva sobre el asesinato».
Veracruz ha sido durante años uno de los estados más mortíferos de México para los periodistas.
Múltiples grupos del crimen organizado operan dentro del estado y se han infiltrado en el gobierno local y estatal.
Los periodistas marcharon el jueves por la noche en la ciudad portuaria de Veracruz para protestar por el asesinato de Romero.
Grupos de prensa dicen que nueve periodistas fueron asesinados en México en 2020, lo que lo convierte en el país más peligroso para los reporteros fuera de las zonas de guerra.
Romero es al menos el quinto periodista asesinado en México este año.
A principios de este mes, el cartel jalisco nueva generación amenazó públicamente con matar a un destacado presentador de noticias de televisión.
CUBA
El gobierno cubano ha introducido nuevas regulaciones sobre el uso de las redes sociales e Internet, que según los críticos tienen como objetivo sofocar la disidencia.
Los decretos se publicaron a raíz de las mayores protestas en décadas, contra el gobierno dirigido por los comunistas, las cuales se extendieron por toda la isla.
Y es que la gente utilizó las redes sociales para compartir imágenes de las manifestaciones y animar a los partidarios.
Los decretos tipifican como delito la incitación a actos «que alteren el orden público».
También ordenan a los proveedores de Internet que corten el acceso a quienes «difunden noticias falsas o dañan la imagen del estado».
Fueron publicados en el periódico Gaceta Oficial poco más de un mes después de las manifestaciones.
Las protestas, que comenzaron en el pequeño pueblo de San Antonio de los Baños, parecían no tener un organizador formal, pero parecen haber sido convocadas a través de un foro comunitario en línea.
Se difundieron, sin embargo, rápidamente por todo el país después de que se difundiera ampliamente una transmisión en vivo en Facebook, de las personas que asistieron a la marcha improvisada en San Antonio.
El acceso a Internet móvil en Cuba solo se introdujo en diciembre de 2018, pero les ha dado a los cubanos la posibilidad de obtener noticias de fuentes distintas a los medios controlados por el estado.
Sin embargo, la red de telecomunicaciones de Cuba permanece bajo el control del Estado y en las horas y días posteriores a las protestas, los usuarios descubrieron que no podían acceder a Facebook, WhatsApp, Instagram o Telegram.
El director de Netblocks, una firma de monitoreo de Internet con sede en Londres, indicó a la agencia de noticias Associate Press en ese momento que los cortes parecían ser «una respuesta a la protesta impulsada por las redes sociales» del gobierno cubano.
En efecto, los funcionarios cubanos afirmaron que los nuevos decretos tenían como objetivo mantener a los cubanos a salvo del delito cibernético.
El viceministro de Comunicaciones, Wilfredo González, explicó a la agencia de noticias AFP que se introdujeron nuevas regulaciones para proteger los datos personales de los cubanos y «su privacidad».
Pero agregó que también protegerían a los funcionarios estatales ya que bajo las nuevas reglas «nadie puede denigrar a un funcionario de nuestro país o de nuestro proceso revolucionario».
El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, escribió en Twitter que los decretos eran una medida para fortalecer el control del gobierno sobre Internet.
Vivanco agregó que «impactar el prestigio del país» ahora se consideraría un «incidente de ciberseguridad».
Aún no se han anunciado las penas para quienes incurran en tales «delitos».
BRASIL
Un obispo brasileño renunció el miércoles, menos de una semana después de que se difundiera un video en las redes sociales en el que aparecía alguien, que supuestamente era él, masturbándose.
El Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo Tomé Ferreira da Silva, quien supervisaba una diócesis en el estado de Sao Paulo, Sao José do Rio Preto.
Con 60 años, Ferreira está a 15 años de la edad normal de jubilación para los Obispos. Desde 2015, según los informes, el Vaticano lo había investigado por otras acusaciones, incluida la presunta ignorancia de los informes de abuso sexual en su diócesis.
El Vaticano, la conferencia episcopal brasileña y la diócesis de origen de Ferreira anunciaron la renuncia, pero no proporcionaron detalles sobre la causa.
Ninguno de los tres respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre si el obispo era el hombre del video o qué estaba detrás de su partida.
La persona del video se parece a Ferreira, y el diario local Diario da Regiao informó que en una breve entrevista Ferreira confirmó que es su imagen, sin brindar más detalles.
Tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios o antecedentes sobre los informes que el Obispo había sido investigado previamente por el Vaticano.
La red de noticias local Globo informó en 2018 que la diócesis de Sao José do Rio Preto fue objeto de una investigación del Vaticano sobre si Ferreira ignoró los informes de abuso y si había intercambiado mensajes sexuales con un adolescente.
En ese momento, citó motivos personales al dejar el cargo de coordinador regional de la arquidiócesis de Ribeirao Preto, de la que forma parte Sao José do Rio Preto, y donde permaneció como obispo.
En 2015, según los informes, fue acusado de tomar una gran cantidad de dinero de la iglesia y dárselo a su conductor, con quien supuestamente tenía una relación sentimental.
Según los informes, el Vaticano inició una investigación en ese momento y negó las afirmaciones.
La velocidad con la que Francisco retiró al obispo después de que apareció el video sugiere que fue la gota que colmó el vaso, dados los problemas informados anteriormente.
El Vaticano a veces puede tardar años en investigar y sancionar a un obispo a través de una investigación exhaustiva, pero en este caso su caída se produjo pocos días después de que saliera a la luz el video.
El Papa nombró el miércoles como su reemplazo temporal al arzobispo Moacir Silva de Ribeirao Preto.
Su caída es la última de una serie de obispos que han sido sancionados por haber ignorado presuntamente informes creíbles de abuso por parte de sacerdotes en sus diócesis o que ellos mismos fueron acusados de conducta sexual inapropiada.
El hecho de que Ferreira hubiera sido investigado previamente y dejado en su cargo coincide con la evidencia citada repetidamente por sobrevivientes de abuso sexual por parte del clero de que el Vaticano durante décadas se negó a tomar medidas contra los obispos acusados de mala conducta.
A radio journalist was shot and killed in the Mexican Gulf coast state of Veracruz Thursday, according to his station and state authorities.
Jacinto Romero Flores was gunned down in the community of Potrerillo, in the township of Ixtaczoquitlán, according to Hugo Gutiérrez Maldonado, the head of Veracruz state security agency, via Twitter.
Gutiérrez said state police were carrying out an operation in the area following the killing.
Romero worked for Ori Stereo 99.3 FM. The station expressed its sadness for his death. “The media are not the cause nor the effect of violence in the country, but we do suffer the consequences for carrying out journalism and communication,” it said in a statement.
The State Commission for Attention to and Protection of Journalists condemned the killing and called on the state prosecutor’s office to open a full investigation, including into what role if any Romero’s journalism played in his murder.
Press freedom organization Article 19 said Romero had received threats. The U.S.-based Committee to Protect Journalists said via Twitter that it had “learned of and strongly condemns the murder of reporter Jacinto Romero in the state of Veracruz and urges authorities to undertake a swift, transparent and exhaustive investigation into the killing.”
Veracruz has for years been one of Mexico’s most deadly states for reporters. Multiple organized crime groups operate within the state and have infiltrated local and state government.
Journalists marched late Thursday in the port city of Veracruz to protest Romero’s killing.
Press groups say nine journalists were killed in Mexico in 2020, making it the most dangerous country for reporters outside of war zones.
Romero is at least the fifth journalist killed in Mexico this year.
Earlier this month, the Jalisco New Generation cartel publicly threatened to kill a prominent television news anchor.
CUBA
The Cuban government has introduced new regulations on the use of social media and the internet, which critics say are aimed at stifling dissent.
The decrees were published in the wake of the largest anti-government protests to sweep through the Communist-run island in decades.
People used social media to share footage of the demonstrations and galvanise supporters.
The decrees make inciting acts «that alter public order» a crime.
They also order internet providers to cut access to those who «spread fake news or hurt the image of the state».
They were published in the Gaceta Oficial newspaper just over a month after thousands of Cubans took to the streets in a rare show of anger with the Communist government.
The protests, which started in the small town of San Antonio de los Baños, seemed to have no formal organizer but appear to have ben convened through an online community forum.
They quickly spread throughout the country after a live broadcast on Facebook of people attending the impromptu march in San Antonio was widely shared.
Access to mobile internet in Cuba was only introduced in December 2018 but has given Cubans the ability to get news from sources other than state-controlled media.
However, Cuba’s telecommunications network remains under the control of the state and in the hours and days following the protests, users found they could not access Facebook, WhatsApp, Instagram or Telegram.
The director of Netblocks, a London-based internet monitoring firm, told the Associate Press news agency at the time that the outages seemed to be «a response to social media-fuelled protest» by the Cuban government.
Cuban officials said the new decrees were aimed at keeping Cubans safe from cybercrime.
Deputy Communications Minister Wilfredo González told AFP news agency the new regulations were brought in to protect Cubans’ personal data and «their privacy».
But he added that they would also protect state officials as under the new rules «no one can denigrate an official of our country or our revolutionary process».
Human Rights Watch’s Americas Director José Miguel Vivanco wrote on Twitter that the decrees were a move to tighten the government’s grip on the internet.
Mr Vivanco added that «impacting the country’s prestige» would now be considered a «cybersecurity incident».
The penalties for those incurring in such «crimes» have not yet been announced.
BRAZIL
A Brazilian bishop resigned on Wednesday, less than a week after a video spread on social media that featured someone, purported to be him, masturbating.
Pope Francis accepted the resignation of Bishop Tomé Ferreira da Silva, who oversaw a diocese in Sao Paulo state, Sao Jose do Rio Preto. At age 60, Ferreira is 15 years shy of the normal retirement age for bishops. Since 2015, he had reportedly been investigated by the Vatican for other accusations, including allegedly ignoring reports of sexual abuse in his diocese.
The Vatican, the Brazilian bishops conference and Ferreira’s home diocese all announced the resignation but provided no details on the cause. None of the three responded to emailed questions about whether the bishop was the man in the video or what was behind his departure. The person in the video resembles Ferreira, and local paper Diario da Regiao reported that in a short interview Ferreira confirmed it is his image, without providing further detail.
They also didn’t respond to requests for comment or background on news reports the bishop had been previously investigated by the Vatican.
Local news network Globo reported in 2018 that the Sao Jose do Rio Preto diocese was the target of a Vatican investigation into whether Ferreira ignored reports of abuse, and had exchanged sexual messages with an adolescent. At the time, he cited personal reasons while stepping down as regional coordinator of the Ribeirao Preto archdiocese, of which Sao Jose do Rio Preto forms part, and where he remained bishop.
In 2015, he was reportedly accused of taking a large amount of money from the church and giving it to his driver, with whom he allegedly had a romantic relationship. The Vatican reportedly launched an investigation at the time, and he denied the claims.
The speed with which Francis removed the bishop after the video surfaced suggests that it was the final straw, given the prior reported problems. The Vatican can sometimes take years to investigate and sanction a bishop via a thorough probe, but in this case his downfall came within days of the video surfacing.
Ferreira was not immediately reachable for comment. The pope on Wednesday named as his temporary replacement Archbishop Moacir Silva of Ribeirao Preto.
His downfall is the latest of a series of bishops who have been sanctioned for having allegedly ignored credible reports of abuse by priests in their dioceses or who themselves were accused of sexual misconduct.
The fact that Ferreira had reportedly been previously investigated, and left in his position, matches evidence cited repeatedly by survivors of clergy sexual abuse that the Vatican for decades refused to take action against bishops accused of misconduct.
