Por Agencias
[email protected]
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración solicitó al gobierno federal que restablezca el reconocimiento de su sindicato, después de que la administración Trump lo despojó de su estatus oficial, y el juez principal del sistema renunció después de dos años en el cargo.
Los dos acontecimientos llegan en un momento crítico para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, que dirige los tribunales.
La acumulación de casos de inmigración de los jueces se ha triplicado a 1.8 millones desde 2017.
Los casos de personas que no están detenidas tardan varios años en resolverse.
Tracy Short, quien fue nombrada juez principal de inmigración en junio de 2020 por el entonces Fiscal General William Barr, indicó en un mensaje a los jueces de inmigración que su decisión de renunciar a partir del 30 de julio fue “difícil y no imaginé que lo haría”.
Short, una abogada del gobierno desde hace mucho tiempo con amplia experiencia en inmigración, no explicó por qué se iba en el mensaje, que fue obtenido por The Associated Press.
Por su parte Kathryn Mattingly, portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, confirmó que Short renunció.
El Senador Chuck Grassley y el representante Jim Jordan, los principales republicanos en los Comités Judiciales del Senado y la Cámara de Representantes, escribieron al Fiscal General, Merrick Garland, la semana pasada sobre los informes noticiosos de que «múltiples» jueces designados durante la administración Trump, quienes fueron destituidos recientemente.
Afirmaron que algunas salidas se debieron al “resultado de un esfuerzo coordinado entre la Administración Biden-Harris y los defensores de la inmigración de extrema izquierda”.
Mattingly no respondió de inmediato a las preguntas sobre esas acusaciones.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, que se fundó en 1971 y ha buscado durante mucho tiempo una mayor independencia del Departamento de Justicia, fue un objetivo frecuente de los funcionarios de la administración Trump, quienes dijeron que los jueces se tomaban demasiado tiempo para decidir los casos.
Su administración ordenó a cada juez que completara 700 casos anualmente a cambio de revisiones de desempeño satisfactorias, un objetivo que se eliminó durante la administración de Biden.
La Autoridad Federal de Relaciones Laborales despojó a la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración de su estatus oficial, y se puso del lado de la Administración Trump en el sentido de que los jueces eran como empleados administrativos sin derechos de negociación colectiva.
Pero el sindicato es
