Soldados sin país / Soldiers without a country

ESPAÑOL

Por/By Tatiana Prophet
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En los últimos años, mucho se ha publicitado en relación con el sufrimiento de los veteranos militares, quienes a menudo son dejados en el limbo por un sistema que les falla una vez regresan a casa.

Un nuevo informe, sin embargo, muestra que hay un destino aún peor para algunos de estos militares.

Con sólo un pequeño error de cálculo, algunos de ellos pueden terminar fuera del país al que juraron proteger, separados de sus hijos, con necesidad de atención de salud física y mental, y sin esperanzas.

La historia del soldado de Primera Brigada, Enrique Salas García, es un ejemplo de todos ellos. Es el protagonista de un informe titulado «Dado de alta, luego desechados» de la Unión Americana de Libertades Civiles de California (ACLU), y su calvario es como un cruce entre la película de Cheech Marin «Nacido en East L.A.» y «Rambo»./AUSTIN KIRCH

Salas fue traído al Sur del Centro de Los Ángeles a finales de 1970 cuando tenía 7 años, y siempre quiso ser quería ser un infante de marina después de ver los anuncios en la televisión.

Luego pasó a distinguirse en misiones en las Filipinas, Tailandia y Singapur, ganando varias medallas.

En el 2006 durante unas vacaciones en México, la cartera de Salas fue robada, y él pidió una tarjeta de residencia de reemplazo en la frontera.

Agentes corrieron su expediente e inmediatamente revocaron su green card y lo pusieron bajo custodia como resultado de una condena por posesión de drogas en el 2004, misma que en 1996 se había convertido en un delito grave.

Los padres de Salas ‘tenían que venir a recoger a su hija en la frontera. Salas más tarde regresó clandestinamente a Estados Unidos, con ganas de mantener a su familia, pero en 2014 fue nuevamente deportado, esta vez para la vida.

En la actualidad trabaja en Tijuana reparando tanques de gas industriales.

SIN MUCHA ESPERANZA

De todos los veteranos deportados en el informe, sólo dos están recibiendo los beneficios a que tienen derecho de la Administración de Asuntos de Veteranos.

Varios han muerto a la espera de la justicia, mientras que algunos, que se han trasladado con sus familias a sus países de origen, son acosados por los carteles de droga o bandas criminales, que los presionan a la fuerza a unirse a ellos debido a su experiencia militar.

El 8 de julio pasado, un grupo de 11 veteranos llegó a la frontera en Tijuana a solicitar la libertad condicional humanitaria, la cual es una «medida extraordinaria» que permite la entrada temporal «debido a una razón de peso”.

Los veteranos fueron entrevistados durante varias horas por agentes de Aduanas y la Patrulla Fronteriza y luego puestos en libertad, pero del lado de México.

Ralph Desio, un portavoz de la Patrulla Fronteriza, respondió en un correo electrónico a El Latino Costa Central que no podía hacer comentarios sobre ningún caso individual.

Después de formar una familia y vivir en los EE.UU. durante décadas, la mayoría como residentes permanentes legales, estos veteranos se encuentran deportados en un país al que dejaron cuando apenas dejaban los pañales.

Para la gran mayoría, sino todos, sus crímenes fueron menores, pero su condición de no ciudadanos los dejó vulnerables a ser arrancados desde la raíz de suelo estadounidense, incluso después de cumplir una condena.

«Cuando me uní a la fuerza armada, pensé que era un ciudadano automáticamente», indica Héctor Barajas-Varela, un veterano del Ejército, y quien dirige un centro de soporte en Tijuana para los veteranos deportados. «Con el tiempo, hice mi tarea, y empecé el proceso (de ciudadanía)… Pero siento que el ejército dejó caer la pelota porque son como tu mamá y papá, estás recién salido de la preparatoria, y de la casa de tus padres… pero el ejército también tiene una responsabilidad personal (con los veteranos)».

Barajas ha hecho mucho más que su tarea desde su deportación, en Tijuana, fundó el centro “Casa de Apoyo de Veteranos Deportados”, también conocido como «El Bunker», y a través de su trabajo se ha puesto en contacto con 240 veteranos deportados a 34 países.

También tiene contacto con la ACLU de California, quienes luego publicaron el informe.

Según el documento, reclutas militares que son residentes permanentes legales son elegibles para convertirse en ciudadanos en el momento en que se alistan en el ejército.

En tiempos de guerra, la ley es aún más generosa, permitiendo a soldados a naturalizarse, sean residentes legales o no.

Pero con los años, los soldados han recibido poca o ninguna ayuda con sus solicitudes de naturalización, comenta Bardis Vakili, Abogado Jefe de la ACLU y autor del informe.

«Todas aquellos que vienen (al ejercito) que no son ciudadanos deben recibir servicios de ciudadanía, para así cuando abandonen el servicio (militar) salgan con sus aplicaciones completadas, pero no lo hacen”, indicó Vakili.

Según el abogado, en los últimos tiempos se ha progresado al respecto.

“Para ser justos, se ha producido un cierto reconocimiento del problema y las medidas adoptadas en los últimos años para poner presencia de asesoría de inmigración en los campamentos, pero no es en todos y no está establecido en la ley».

Pocos se dan cuenta de lo vulnerables que son como residentes permanentes legales.

De acuerdo al abogado de inmigración con sede en Atlanta, Lino Rodríguez, veteranos o no, los residentes permanentes legales pueden ser deportados con bastante facilidad si han cometido algo tan poco importante como robo en un almacén.

«Ellos tienen que solicitar la ciudadanía tan pronto como les sea posible, porque entonces la única cosa que puede ‘tocarlos’ es el sistema legal, no el sistema de deportación. Y así es como debería ser (siempre) porque ellos han servido su tiempo (en las fuerzas armadas)».

Antes de 1988, los veteranos que cometían delitos menores estaban más protegidos de la deportación, así delitos menores que no fueron agravados a la categoría de «delito grave» como lo son ahora.

Y hasta 1996, los jueces tenían más poder de discreción individual, pero en 1996, en una ola de preocupación por la inmigración clandestina, el Congreso aprobó una ley para quitarles a los jueces ese poder de discreción.

«Hay innumerables casos en los que los jueces de inmigración agradecen a los veteranos por su servicio, y les piden disculpas públicas por tener que deportarlos», indica Vakili.

Es una situación incomprensible que tiene sus raíces en las bien intencionadas, y fuera de lugar, medidas adoptadas por el Congreso.

De acuerdo con un informe del 2007 de Human Rights Watch, tres acontecimientos llevaron a la aprobación de la legislación del Congreso en 1996: el bombardeo de 1993 contra el World Trade Center, la «popularidad inicial de la legislación anti-inmigrante en California en 1994,» y el bombardeo de 1995 en Oklahoma City.

El informe, también cita el presidente Bill Clinton por tener sus dudas sobre la ley.

«Este proyecto de ley también hace una serie de importantes cambios, poco aconsejables en nuestras leyes de inmigración que no tienen nada que ver con la lucha contra el terrorismo. Estas disposiciones eliminan un alivio migratorio a la mayoría de los residentes legales más antiguos».

Así, el informe de la ACLU indica con mucho detalle que la controversial ley ha dado como resultado veteranos separados de sus familias.

El 14 de julio pasado, el congresista Raúl Grijalva realizó una conferencia de prensa conjunta a través de Skype con Barajas, el fundador del “Bunker”, para anunciar la legislación propuesta y así establecer un programa de visas a veteranos, donde además instó a la prohibición de las dos leyes de 1996 que dejan a los veteranos con pocos recursos ante la justicia.

La congresista Demócrata Lois Capps, quien representa el Distrito 24 en Washington, y que incluye los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo y porciones del Condado de Ventura, indicó a El Latino que el informe pone de relieve la necesidad de arreglar el sistema de inmigración.

«Los veteranos han hecho enormes sacrificios por nuestra libertad, no importa donde nacieron. Tenemos una deuda de gratitud con estos individuos que valientemente sirvieron a nuestro país y defendieron nuestra democracia, no más dificultad. Esto pone de relieve el quebrado sistema de inmigración de nuestra nación y la necesidad de una reforma integral (migratoria) que manenga unidas a las familias, saqué a nuestros vecinos de las sombras, y rinda homenaje a aquellos que han servido a esta nación».

El informe de la ACLU está teniendo muchas repercusiones a nivel gubernamental y está elevando gradualmente la conciencia de la difícil situación de los veteranos, que no sólo han sido ignorados y dejados atrás, sino que también han sido desterrados.

«Siento que no debemos ser honrados cuando volvemos muertos o estamos en un ataúd, sino que debemos ser honrados cuando estamos vivos», indicó Barajas a El Latino.

«Debemos cuidar a nuestros veteranos, independientemente de dónde vienen, si son personas sin hogar o tienen antecedentes penales, porque muchas de las razones del por qué tienen esos problemas es debido a su servicio militar, especialmente los veteranos de combate», finaliza el ex–militar.

• De acuerdo con el Departamento de Asuntos de Veteranos, hasta el 2013 habían casi de 1.4 millones de veteranos latinos en los Estados Unidos, es decir un 6.6 por ciento del número total de veteranos.

• Según la Society of Hispanic Veterans, en el 2010 habían 1.2 millones de latinos sirviendo en las fuerzas armadas del país, esa cifra incluía el poco más del 11% de los latinos que son parte de la fuerza militar en servicio activo.

• Se estima que unos 70,000 no ciudadanos se alistaron en el ejército estadounidense entre 1999 al 2008, según un informe del Centro de Análisis Navales, mismo con sede en Virginia.

• En junio del 2010, menos de la mitad de los residentes legales que se unieron a la milicia durante el mismo período, se habían hecho ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con el Centro, señalando además que dicho número ha ido aumentando desde entonces.

ENGLISH

Over the last few years, much has been publicized regarding the suffering of our military veterans, often left behind by a system that fails them once they return home. But a new report shows there is an even worse fate for some veterans.

With just one small slip-up, some of them can end up outside of the country they swore to protect, separated from their children, in need of physical and mental health care, and without hope.

Lance Corporal Enrique Salas Garcia’s story is typical of them all.

Outlined in a report titled “Discharged, then Discarded” by the American Civil Liberties Union of California, his ordeal reads like a cross between Cheech Marin’s “Born in East L.A.” and “Rambo.”

Brought to South Central Los Angeles in the late 1970s at the age of 7, he wanted to be a Marine after watching the commercials on TV.

He went on to distinguish himself in the Philippines, Thailand and Singapore, earning several medals.

On a vacation to Mexico in 2006, Salas’ wallet was stolen, and he asked for a replacement green card at the border.

Agents ran his record and immediately revoked his green card and took him into custody as a result of a 2004 conviction for drug possession, which had become an aggravated felony in 1996.

Salas’ parents had to come pick up his daughter at the border. Salas later returned illegally, wanting to provide for his family, but was deported again, this time for life, in 2014. He now works in Tijuana repairing industrial gas tanks.

Of all the deported veterans in the report, only two are receiving benefits they are entitled to from the Veterans Affairs administration.

Several have died while waiting for justice.

Some veterans, who have moved with their families to their countries of origin, are harassed by the drug cartels or gangs, who urge them to join because of their military experience.

On July 8, a group of 11 veterans arrived at the border in Tijuana requesting humanitarian parole.

That is an “extraordinary measure” that allows temporary entry “due to a compelling reason.” They were interviewed for several hours by Customs and Border Patrol and then released to the Mexico side.

Ralph Desio, a spokesman for the border patrol, said in an e-mail that he could not comment on any individual case.

After starting families and living in the U.S. for decades, most as lawful permanent residents, these veterans found themselves deported to a country they left when they were scarcely out of diapers. Their crimes were minor, but their status as noncitizens left them vulnerable to being booted out, even after serving a sentence.

“When I joined the military, I thought that I was an automatic citizen,” said Hector Barajas-Varela, a U.S. Army veteran who runs a support center in Tijuana for deported veterans. “Eventually, I did my homework, and I started the process. … But I do feel that the military dropped the ball because they are like your mom and dad, you’re fresh out of high school, out of your mom and dad’s home. … I dropped the ball and I have a personal responsibility, but the military has a personal responsibility as well.”

Barajas has done a lot more homework since his deportation.

From Tijuana, he founded Deported Veterans Support House, aka “The Bunker,” and through his work has made contact with 240 veterans deported to 34 countries.

He contacted the American Civil Liberties Union in California, which then issued the report.

According to the ACLU’s report, military recruits who are lawful permanent residents are eligible to become citizens the minute they enlist in the military. During wartime, the law is even more relaxed, allowing soldiers to naturalize whether they are LPRs or not.

But over the years, soldiers have received little to no help with their naturalization applications, said Bardis Vakili, senior staff attorney with the ACLU and an author of the report.

“All those people who come in who are not citizens should be given citizenship services, so they can leave service with those applications completed,” he said.

“But they don’t. To be fair, there has been some recognition of the problem and steps taken in recent years to put an immigration presence on the bases, but it’s not universal and it’s not codified in the statutes.”

As of 2013, there were just under 1.4 million Latino veterans in the United States. That’s 6.6 percent of the total number of veterans, according to the U.S. Department of Veterans Affairs.

In 2010, there were 1.2 million Hispanics serving our country. That accounts for over 11% of the active duty military force, according to the Society of Hispanic Veterans.

An estimated 70,000 non-citizens enlisted in the U.S. military from 1999 to 2008, according to a report by the Center for Naval Analyses, a Virginia-based think tank. As of June 2010, fewer than half of the legal residents who joined the military during the same period had become citizens, according to the center (although that number has been increasing over time).

Few realize how vulnerable they are as lawful permanent residents. Veteran or not, LPRs can be deported quite easily if they have committed something as minor as theft by taking, said Lino Rodriguez, an Atlanta immigration attorney.

“They need to apply for citizenship as soon as they can because then the only thing that can touch them is the legal system, not the deportation system,” he said. “And that’s how it should be because you’ve done your time.”

Before 1988, veterans who committed minor offenses were more protected from deportation. Minor crimes were not elevated to the status of “aggravated felony” as they are now.

And until 1996, judges had more individual discretion. But in 1996, in a wave of concern over immigration, Congress passed legislation stripping judges of discretion.

“There are countless cases where immigration judges thank veterans for their service, apologize for having to deport them, and then deport them,” Vakili said.

It’s an incomprehensible situation that has its roots in well-meaning, if misplaced, measures taken by Congress.

According to a 2007 report by Human Rights Watch, three events led up to the passage of the 1996 Congressional legislation: the 1993 World Trade Center bombing, the “initial popularity of anti-immigrant legislation in California in 1994,” and the 1995 Oklahoma City bombing.

The report quotes President Bill Clinton as having reservations about the law: “This bill also makes a number of major, ill-advised changes in our immigration laws having nothing to do with fighting terrorism. These provisions eliminate most remedial relief for long-term legal residents.”

The combination of minor offenses being elevated to aggravated felonies and immigration judges being stripped of their power has resulted in a litany of unfortunate events leading to soldiers being banished and separated from their families, all described in detail in the ACLU’s report.

On July 14, Congressman Raul Grijalva held a joint press conference via Skype with The Bunker founder Barajas, to announce proposed legislation to establish a veteran visa program, and urged the repeal of the two 1996 laws that leave veterans with little recourse for justice.

Congresswoman Lois Capps, representing the district that includes Santa Barbara and San Luis Obispo counties as well as portions of Ventura County, said in an e-mail statement to El Latino Central Coast that the report highlights the need to fix the immigration system.

“Veterans have made tremendous sacrifices for our freedom, no matter where they were born. We owe a debt of gratitude to these individuals who bravely served our country and defended our democracy, not more hardship. This highlights our nation’s broken immigration system and the need for comprehensive reform that keeps families together, brings our neighbors out of the shadows, and honors those who have served this nation.”

The ACLU report is making waves and gradually raising awareness of the plight of these veterans, who have not only been ignored and left behind, they have been banished.

“I feel that we should not be honored when we return dead or in a box, we should be honored while we’re alive,” Barajas told El Latino. “We should take care of our veterans regardless of where they’re from, whether they’re homeless or have criminal convictions. And a lot of the reasons they have these problems is because of their military service, especially the combat veterans.”