Supermercado de salvadoreño en Virginia sufre por redadas y fin de visas humanitarias

Por Redacción
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“Quiero celebrarlo en grande, pero tengo miedo también de hacer mucha bulla, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que va a traer”, dijo Castro en entrevista con CNN.

La historia de Castro, quien llegó por primera vez a Estados Unidos en 1979 huyendo de la violencia en El Salvador, refleja los desafíos que enfrentan miles de inmigrantes emprendedores que hoy ven amenazados sus negocios ante la falta de mano de obra y un ambiente político cada vez más hostil.

Nacido en El Salvador y ex trabajador de maquilas, Castro cruzó la frontera hacia Estados Unidos con ayuda de un coyote hace más de cuatro décadas. Fue detenido en Texas, donde trabajó como lavaplatos durante su detención, antes de ser deportado. Poco después, regresó solo, logró cruzar sin contratiempos y se estableció inicialmente en California. Más tarde, un amigo lo recibió en Washington D.C., donde trabajó en la construcción durante cinco años.

Con esfuerzo, obtuvo una visa con ayuda de uno de sus jefes, y pudo reunir a su esposa e hijo en Estados Unidos. En 1990, decidió iniciar su propio negocio: fundó TODOS Supermarket en Woodbridge, una localidad con gran presencia de población latina, ubicada a unos 40 minutos de la capital estadounidense.

El supermercado se convirtió en punto de encuentro para la comunidad hispana y una fuente constante de empleo para inmigrantes. Con el tiempo, abrió más sucursales en la región.

Pese a su éxito, Castro enfrenta hoy uno de los momentos más difíciles de su trayectoria. Desde hace varias semanas, su supermercado se quedó sin panaderos ni carniceros. Sus antiguos empleados abandonaron sus puestos luego del anuncio de la eliminación de las visas humanitarias temporales, que les permitían trabajar legalmente en el país.

Las dificultades de Castro no son únicas. Según datos de la organización FWD.US, al menos 80,000 de los 740,000 beneficiarios de visas humanitarias —incluyendo el “parole” concedido por el gobierno de Joe Biden a personas de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua— trabajaban en el sector del comercio y ventas.

Con el endurecimiento de la política migratoria durante el segundo mandato de Trump, muchas de esas personas han perdido su estatus legal, obligándolas a dejar sus empleos por temor a la deportación o a las redadas migratorias, que han aumentado en frecuencia e intensidad en varias ciudades, incluyendo en Virginia.

Según la Oficina del Censo de EE.UU., en 2021 había más de 406,000 empresas de propiedad hispana que empleaban personal en todo el país. Estas representaban el 7.1% de todas las empresas empleadoras del país y generaban más de 800,000 millones de dólares en ingresos anuales.

TODOS Supermarket es un ejemplo de ese impacto. Pero ahora, con la pérdida de personal clave y la creciente presión por parte de autoridades migratorias, Castro teme que el modelo que construyó con tanto esfuerzo se vea insostenible.

La inflación y la tecnología también amenazan

Además de los problemas laborales, Castro enfrenta otro desafío: la volatilidad de precios provocada por las políticas arancelarias del gobierno de Trump. La necesidad de ajustar constantemente los precios de productos importados ha incrementado sus costos operativos.

“Antes uno ponía el precio y ahí se quedaba un rato. Ahora lo cambiamos varias veces al mes”, explica. Esto ha generado gastos inesperados, desde más adhesivos hasta más horas de trabajo para empleados.

Ante este panorama, Castro decidió invertir casi 300,000 dólares en un sistema de etiquetas electrónicas que le permita ajustar precios desde una computadora. Sin embargo, la modernización viene con un costo: reducción de personal y una inversión que tardará entre seis y siete años en recuperarse, si es que logra hacerlo.

“No estoy seguro de que podamos recuperar esa inversión tan pronto. La gente sigue viniendo, pero ya no compran igual”, advierte.

El miedo a las redadas y la presión económica también ha modificado el comportamiento de los clientes. “Están más cautelosos, compran solo lo esencial”, dice Castro.

Una clienta que no quiso ser identificada, entrevistada mientras comparaba precios, contó que busca otras formas de abastecerse. “Uno va también a las iglesias a buscar sus verduras y sus cosas para poder ajustar, porque si no, no se podría”, relató.

Este fenómeno no solo afecta las ventas, sino que también erosiona la confianza de las comunidades inmigrantes que durante años han sostenido negocios como el de Castro.

A sus 35 años de carrera como empresario, Castro admite que por primera vez se cuestiona el futuro de su negocio. Ni la pandemia de COVID-19 ni los ciclos anteriores de sentimiento antinmigrante habían generado tanto temor como ahora.

“Uno siente que a lo mejor ya no vale la pena. Uno quiere seguir luchando, pero llega un punto donde uno se pregunta si todo este esfuerzo aún tiene sentido”, reflexiona.

En un país donde los inmigrantes son esenciales para sectores clave de la economía, la historia de Carlos Castro es el retrato de una lucha que va más allá del éxito comercial: es una batalla por el derecho a construir, trabajar y prosperar en medio de un entorno cada vez más adverso.