Por Redacción
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó el lunes una directiva que limitaba las redadas migratorias en granjas, hoteles y restaurantes, según confirmó una fuente familiarizada con las discusiones. El cambio marca una nueva fase en la ofensiva de deportaciones del presidente Donald Trump y supone un golpe directo a las industrias que dependen de trabajadores migrantes.
Durante una llamada de coordinación el lunes por la mañana, funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informaron a sus oficinas en todo el país que deben retomar las redadas en centros de trabajo, revirtiendo la guía emitida días antes ante la presión de sectores agrícolas y turísticos, según la fuente.
“La aplicación de la ley en los lugares de trabajo sigue siendo una piedra angular de nuestra campaña para salvaguardar la seguridad pública, la seguridad nacional y la estabilidad económica”, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado difundido el martes. “Estas operaciones tienen como objetivo las redes de empleo ilegales que perjudican a los trabajadores estadounidenses, desestabilizan los mercados laborales y exponen la infraestructura crítica a la explotación”.
Presión política y cuotas de arrestos
La llamada y la nueva directiva fueron reportadas primero por The Washington Post. Bajo presión de la Casa Blanca, ICE ha sido encargado de cumplir cuotas diarias de arrestos migratorios. Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete, ordenó el mes pasado a la agencia detener al menos a 3,000 personas por día; actualmente ICE promedia unos 2,000 arrestos diarios.
Trump ha criticado públicamente a las “ciudades santuario” y a los gobiernos locales demócratas por supuestamente proteger a migrantes indocumentados. “Vamos a buscar en todas partes, pero creo que el mayor problema está en las ciudades internas”, declaró el presidente a periodistas tras regresar de la cumbre del G7 en Canadá.
En mensajes recientes en Truth Social, Trump urgió a ICE a “expandir su campaña” en “el Centro de Poder Demócrata” y advirtió que “se avecinan cambios” para proteger a los agricultores y al sector hotelero, a los que acusó de perder “trabajadores de mucho tiempo y muy buenos”.
Impacto en el sector agrícola y turístico
Desde que entró en vigor la política original de limitar las redadas en lugares de trabajo, representantes de grandes productores agrícolas y cadenas hoteleras se habían quejado de la escasez de personal. La anulación de dicho límite agrava la ya crítica falta de mano de obra en el campo y en la hostelería.
Funcionarios de ICE realizaron redadas la semana pasada en una empresa de construcción en Exeter, Pensilvania; en sitios de obra en Brownsville, Texas; y en un proyecto de control de inundaciones en Nueva Orleans. El mes pasado, arrestaron a unas 40 personas en las islas de Nantucket y Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
En California, agricultores reportaron pérdidas millonarias por la detención de cientos de jornaleros.
“Sin estos trabajadores no podemos cosechar a tiempo y la mitad de nuestra producción se echa a perder”, dijo un portavoz de la Asociación de Productores de Lechuga de Santa María.
La ofensiva migratoria desató protestas en Los Ángeles a principios de mes, cuando miles de manifestantes se congregaron frente a oficinas de ICE para exigir el fin de las redadas. La movilización fue tan intensa que el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles solicitaron apoyo de la Guardia Nacional. Trump respondió amenazando con desplegar marines para “restablecer el orden”.
Protestas bajo la consigna “No Kings” se expandieron a ciudades como Chicago, Houston y Miami. Organizaciones de derechos civiles denunciaron que las redadas en centros de trabajo generan “un clima de terror” que perjudica no solo a los migrantes, sino a toda la cadena productiva y de servicios.
“La política agresiva del DHS pone en jaque a nuestras comunidades”, afirmó Enrique Mendoza, director de la Coalición por los Derechos Migratorios de Illinois. “Los trabajadores huyen, los patrones cierran y los alimentos dejan de llegar a nuestras mesas”.
Argumentos oficiales y resistencia empresarial
El DHS sostiene que las redadas en el lugar de trabajo son necesarias para desmantelar las redes que contratan indocumentados y para proteger a los trabajadores estadounidenses. McLaughlin subrayó que estas acciones complementan la estrategia fronteriza y de vigilancia interna.
Sin embargo, muchos empresarios advierten un efecto contrario: la incertidumbre legal aleja a la fuerza laboral y eleva los costos operativos. “Perdimos 15 empleados en un mes. No conseguimos panaderos ni personal de limpieza con la misma experiencia”, relató la gerente de un hotel boutique en Orlando. “Cada ausencia retrasa la apertura de habitaciones y perjudica la reputación”.
Cámaras de comercio y asociaciones agrícolas han presentado demandas solicitando que se restablezca la guía previa, argumentando que su suspensión viola procedimientos administrativos y agrede derechos laborales.
Contexto de la política migratoria
Desde 2017, la administración Trump ha impulsado un endurecimiento sin precedentes de las normas migratorias. Ha terminado el programa Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y eliminado numerosos alivios temporales. La reciente decisión de revocar las restricciones a redadas en lugares de trabajo es la última de una serie de cambios abruptos: semanas atrás, el DHS rescindió la “Regla de Carga Pública” y endureció criterios de asilo.
La Casa Blanca ha defendido estas medidas como parte de su promesa de “ley y orden” y de priorizar la contratación de ciudadanos estadounidenses. Pero ONG y expertos advierten que la política podría agravar la escasez de mano de obra en sectores clave, elevar precios de productos y alimentar un ambiente de desconfianza y xenofobia.
Con la nueva directiva, ICE debe intensificar redadas en zonas rurales, complejos turísticos y cadenas de restaurantes. Las autoridades han señalado que se priorizará la localización de “redes de empleo ilegales”, sin descartar actuar en empresas de mayor dimensión.
Mientras tanto, defensores de derechos humanos y empresarios organizan foros y apelaciones judiciales para frenar la medida. El 15 de julio, se espera una audiencia en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde varios estados demócratas impugnarán la reversión de la guía.
Para millones de migrantes sin estatus legal, la rectificación del DHS convierte el lugar de trabajo en un espacio de riesgo constante. Para los empleadores que dependen de ellos, el futuro inmediato se perfila lleno de ansiedad y presiones económicas.
