Por Redacción
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Texas está intensificando sus esfuerzos en seguridad fronteriza con políticas agresivas que alinean al estado con las prioridades migratorias del presidente electo Donald Trump, anticipando su regreso al poder en unas semanas.
Desde levantar tramos de muro fronterizo hasta implementar medidas de verificación migratoria en hospitales, el gobernador Greg Abbott está sentando las bases para convertir al estado en un aliado clave de la próxima administración federal en su plan de deportaciones masivas.
Muro fronterizo y medidas en el río Bravo
En los últimos meses, Texas ha instalado boyas cubiertas con cuchillas en el río Bravo, especialmente en Eagle Pass, una de las zonas más afectadas por la crisis migratoria. Estas estructuras, introducidas por primera vez en 2023, han sido objeto de controversia por su impacto en la seguridad de los migrantes y el medio ambiente.
Aunque un juez ordenó su retiro inicial por considerarlas ilegales, un tribunal de apelaciones permitió su reinstalación. En noviembre, se añadieron 300 metros más de boyas. Sin embargo, este nuevo tramo enfrentó problemas técnicos y estuvo fuera del agua temporalmente antes de ser reinstalado.
Defensores de los derechos humanos han denunciado estas barreras como peligrosas. En agosto, al menos dos cuerpos fueron encontrados flotando cerca de las boyas. Además, activistas medioambientales advierten que estas estructuras están alterando el flujo del río y acumulando residuos, afectando tanto la fauna como la flora locales.
Expansión del alambre de púas y conflictos con el gobierno federal
El uso de alambre de púas es otra estrategia clave del estado. Para septiembre, Texas había instalado más de 46 kilómetros de estas barreras en la frontera, con planes de expandirlas. Este esfuerzo ha generado tensiones con el gobierno federal. En un caso reciente, agentes de la patrulla fronteriza destruyeron parte del alambrado, lo que llevó al fiscal general de Texas, Ken Paxton, a presentar una demanda contra la administración de Joe Biden.
Tras ganar en la corte, Paxton celebró la decisión como una victoria para el estado. “Esto demuestra que Texas tiene el derecho de proteger su territorio”, afirmó, acusando al gobierno federal de facilitar el cruce de migrantes indocumentados al desmantelar las barreras estatales.
Medidas en hospitales: verificaciones migratorias
El 1 de noviembre entró en vigor una orden ejecutiva que exige a los hospitales de Texas preguntar a los pacientes si son ciudadanos estadounidenses. Esta medida, incluida en los formularios de admisión, ha generado preocupación entre los profesionales de la salud y organizaciones de derechos humanos, que temen que los migrantes eviten buscar atención médica por temor a ser deportados.
El Dr. Tony Pastor, cardiólogo del Texas Children’s Hospital, publicó un video en redes sociales informando a los pacientes que no están obligados legalmente a responder esta pregunta. En respuesta, Abbott amenazó con retirar fondos estatales al hospital si no cumplía con la orden.
A pesar de las críticas, el Texas Children’s Hospital emitió un comunicado confirmando su cumplimiento con la nueva normativa. “Priorizaremos la atención de los pacientes mientras seguimos todas las leyes aplicables”, declaró la institución, asegurando que trabajará para garantizar el cumplimiento sin comprometer la calidad del cuidado médico.
Preparativos para deportaciones masivas
Texas también se está posicionando como base para las deportaciones masivas que planea implementar la administración Trump. La comisionada de tierras estatales, Dawn Buckingham, ofreció un extenso rancho en la frontera como espacio para construir centros de detención y facilitar las expulsiones.
Durante un anuncio reciente, Buckingham presentó la “Iniciativa Jocelyn”, un proyecto destinado a localizar terrenos estatales para construir instalaciones de deportación de criminales violentos. Este esfuerzo lleva el nombre de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años asesinada presuntamente por inmigrantes indocumentados en Houston, un caso que ha sido utilizado para justificar estas medidas.
Un modelo a seguir para la próxima administración
Tom Homan, designado como “zar de la frontera” por la administración entrante, ha elogiado el modelo implementado en Texas como un ejemplo a seguir a nivel nacional. Según Homan, las políticas de Abbott demuestran “un éxito sin precedentes” y podrían replicarse en otros estados para fortalecer la seguridad fronteriza.
Las medidas adoptadas por Texas han generado divisiones y controversia. Grupos defensores de derechos humanos denuncian que estas políticas ponen en riesgo la vida de los migrantes y violan sus derechos. Además, las estrategias de seguridad han provocado fricciones con el gobierno federal, que acusa a Texas de exceder sus competencias al implementar medidas unilaterales en la frontera.
A pesar de las críticas, Abbott ha defendido su enfoque como necesario para abordar la crisis migratoria. “Texas no puede esperar a que el gobierno federal actúe”, declaró recientemente.
A pocas semanas de que Donald Trump asuma la presidencia por segunda vez, Texas ya está implementando políticas que reflejan las prioridades de la próxima administración. Desde endurecer las barreras fronterizas hasta supervisar a los migrantes en hospitales, el estado republicano está marcando el camino para un enfoque más restrictivo en materia de migración, consolidándose como un aliado estratégico para las políticas del futuro gobierno federal.
