Por Redacción
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A pesar de ser titular de una green card, Marina Sinden, residente en el estado de Washington, teme que una confusión burocrática pueda poner en riesgo su vida en Estados Unidos. Casada con un ciudadano estadounidense, con hijos en la escuela, un negocio propio y todos sus documentos en regla, Sinden es una de las miles de personas con residencia permanente legal que viven en medio de la incertidumbre migratoria, agravada por recientes acciones del gobierno federal.
Sinden, de 37 años, planeaba visitar a su familia en Canadá durante la Pascua, pero temía que un error administrativo relacionado con una solicitud anterior de residencia permanente pudiera impedirle regresar. Aunque resolvió el asunto en tribunales, el temor persiste. «Tengo una casa, un negocio, hijos, y aún así me preocupa que un archivo mal gestionado pueda quitarme todo», dijo.
Su caso no es único. En medio de la intensificación de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, cientos de miles de titulares de green card comparten ese mismo miedo. Si bien la tarjeta otorga derecho legal a vivir y trabajar en EE.UU., muchos residentes temen que cualquier error o modificación en las reglas los deje en un limbo migratorio o, peor aún, conduzca a su deportación.
Una pausa que siembra dudas
Desde finales de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció una pausa en el procesamiento de ciertas solicitudes de residencia permanente legal. En particular, se trata de solicitudes hechas a través del “ajuste de estatus”, un proceso que permite a quienes ya se encuentran legalmente en EE.UU. solicitar la green card si cumplen con criterios específicos, como vínculos familiares o estatus de refugiado o asilado.
Según DHS, la pausa permitirá realizar revisiones exhaustivas para identificar posibles fraudes o riesgos a la seguridad pública y nacional. La medida responde a una acción ejecutiva que busca reforzar el control sobre quienes ingresan o permanecen en el país, una política que ha sido defendida por el expresidente Trump en su actual campaña para regresar a la Casa Blanca.
Organizaciones de derechos civiles como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) han advertido que esta postura podría tener consecuencias graves, incluso para quienes cuentan con un estatus legal. La ACLU alertó sobre el riesgo de singularización racial, detenciones erróneas y la eliminación de protecciones legales temporales.
“El mensaje es claro: incluso quienes han cumplido con todas las normas deben temer por su permanencia”, denunció un portavoz de la organización.
Un análisis del Foro Nacional de Inmigración señala que la pausa en el ajuste de estatus ha dejado a miles de solicitantes —incluidos refugiados y asilados— en el limbo. “La administración ha comenzado a desmantelar vías legales, dejando a muchos sin claridad sobre su futuro legal en el país”, indicó el informe.
Actualmente, se estima que hay 12,8 millones de personas con residencia permanente legal en EE.UU., según la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional. De ese total, una parte significativa está en espera de cambiar su estatus o solicitar la ciudadanía, procesos que ahora enfrentan nuevas barreras administrativas.
Cambios recientes en la solicitud de residencia
Además de la pausa en los trámites, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó en febrero nuevos requisitos para quienes inician el proceso de solicitud de green card.
Los solicitantes deben presentar simultáneamente el Formulario I-485 (solicitud de ajuste de estatus) y el Formulario I-693 (informe médico y de vacunación), lo cual busca verificar que no representen un riesgo sanitario para la población.
Asimismo, se eliminó el Formulario I-864W, utilizado anteriormente para solicitar exenciones económicas. Por otro lado, se clarificaron preguntas sobre la inadmisibilidad por “carga pública”, una figura que permite al gobierno rechazar solicitudes si considera que el solicitante dependerá económicamente del Estado.
“El objetivo es simplificar el proceso y reducir errores, pero en la práctica genera confusión entre los solicitantes”, explicó el abogado de inmigración Nelson Castillo.
Para los expertos, estas modificaciones y pausas prolongadas están causando ansiedad y estrés innecesarios. La abogada de inmigración Elizabeth Uribe señaló que una solicitud de green card puede tardar 90 días en condiciones normales, pero que ese plazo se extiende por años si el solicitante está en situación irregular o si surgen complicaciones en el proceso.
“Muchos solicitantes cumplen con todos los requisitos, pero no tienen certeza sobre los plazos, los documentos o las consecuencias de errores pasados”, explicó.
La recomendación, dicen los abogados, es clara: contratar asesoría legal calificada, mantener copias de todos los documentos y utilizar correo certificado en los envíos postales.
El regreso de Trump y el endurecimiento migratorio
Con la posible reelección de Donald Trump en el horizonte, el panorama se complica. Su administración anterior fue conocida por aplicar restricciones severas incluso a inmigrantes legales, y su retórica actual —basada en la deportación masiva— ha avivado el temor entre comunidades migrantes.
“Lo que estamos viendo es la criminalización del estatus migratorio, incluso para quienes están aquí legalmente”, dijo un analista del Foro Nacional de Inmigración.
En este contexto, titulares de green card como Marina Sinden no solo enfrentan trabas burocráticas, sino una realidad emocional compleja. “He hecho todo correctamente. Pero sigo temiendo que me arrebaten mi vida”, confesó.
La situación actual para titulares de residencia permanente legal en EE.UU. evidencia un sistema migratorio en tensión. Entre nuevas regulaciones, pausas en el procesamiento y un clima político incierto, miles de residentes viven hoy con miedo a perder su estatus. El mensaje para muchos es claro: incluso el camino legal puede volverse incierto.
