Por Redacción
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La creciente presión para acelerar las deportaciones en Estados Unidos está sobrecargando aún más un ya colapsado sistema de cortes de inmigración, dejando a miles de personas en un limbo legal que puede extenderse por años.
Un caso reciente ejemplifica esta crisis: tras ser víctima de un asalto en Baltimore, un hombre colaboró con la policía para identificar a sus agresores, lo que lo hacía elegible para una visa U, otorgada a víctimas de ciertos delitos que ayudan en investigaciones judiciales. Sin embargo, 40 días después de presentada la solicitud, aún no recibe confirmación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), según indicó su abogado Gustavo Marín.
“La confirmación de que el caso está en trámite es vital para proteger a su esposa, quien enfrenta una orden de deportación”, dijo Marín. “Pero todo está estancado”.
Marín, abogado migratorio en Baltimore, asegura que este tipo de demoras se ha vuelto común desde que la administración del expresidente Donald Trump implementó políticas migratorias más estrictas. “Los jueces ya no son tan flexibles ni comprensivos como hace apenas unos meses”, afirmó.
Según el abogado, trámites que antes tardaban 40 días ahora pueden tomar 120, lo que retrasa procesos que normalmente se extienden entre cinco y siete años. La situación afecta tanto a solicitudes de visas como a casos de asilo y otros alivios migratorios, que solían moverse con cierta fluidez.
Los problemas se agravan por un sistema judicial saturado. En abril, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) informó que tiene cerca de 4 millones de casos pendientes. En un memorando reciente, la EOIR urgió a los jueces a tomar medidas inmediatas para resolver casos sin vías legales viables de alivio, con el objetivo de reducir la carga.
Esto abre la posibilidad de que los jueces dicten sentencias sin audiencias completas, lo que preocupa a defensores de inmigrantes. “Se están tomando atajos que comprometen el debido proceso”, dijo el abogado Jaime Barrón, quien tiene oficinas en varios estados. “Bajo Trump, todo el proceso migratorio se ha complicado, muchas veces con la intención de que la gente no se defienda”.
Los despidos de jueces también están impactando el sistema. Entre marzo y abril, el Departamento de Justicia removió a varios jueces de inmigración en período de prueba. Trece de ellos demandaron al gobierno, alegando despidos injustificados y politización del sistema judicial.
Con casi 4 millones de casos acumulados y un ritmo de resolución de apenas 61,000 casos por mes —alrededor del 2% del total—, los expertos calculan que podrían pasar entre 4 y 5 años para resolver la carga actual, sin contar los nuevos casos que se agregan cada mes.
Los abogados también reportan que es más difícil obtener fianzas o cancelar procesos consulares, incluso ante cargos menores como conducir bajo influencia (DWI), los cuales ahora son motivo para considerar a un inmigrante “peligroso para la comunidad”.
“Paciencia” parece ser el único consejo viable en este escenario, aunque para muchos eso signifique vivir con el miedo constante a la deportación. “El proceso será más lento”, advirtió Marín. “Y no parece que vaya a mejorar pronto”.
