Por Agencias
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Las autoridades electorales de Venezuela revocaron el martes la invitación a la Unión Europea para enviar observadores de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro busca la reelección y que han sido cuestionadas por la oposición por obstaculizar a sus candidatos.
La Unión Europea no había confirmado hasta ahora su participación con una misión de observación para el proceso electoral que, bajo sus estándares, es más amplia que una simple “veeduría”, e incluye el monitoreo de las distintas etapas del proceso.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, justificó la decisión como un rechazo a que el bloque europeo mantenga las sanciones impuestas a más de 50 venezolanos señalados por actos de represión o por socavar la democracia en este país sudamericano.
El poder electoral “revoca y deja sin efecto la invitación” a la Unión Europea a través de “una misión de veeduría electoral en las elecciones del cargo de presidente”, dijo Amoroso, en una declaración televisada, acompañado de los directivos de organismo electoral.
La delegación de la Unión Europea en Caracas —en su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter— emitió un comunicado en el que dice que “lamenta profundamente” la decisión unilateral del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de retirar la invitación” y llamó a “reconsiderar su decisión” a las autoridades electorales.
El anuncio de Amoroso se produjo 15 días después que la Unión Europea levantara de forma temporal las sanciones contra cuatro funcionarios relacionados con la autoridad electoral de Venezuela, entre ellas, a Amoroso, como reconocimiento a los pasos dados de cara a las presidenciales de julio.
La medida, sin embargo, fue rechazada vehementemente por el propio presidente del CNE al considerar que esta era insuficiente y que, además, no fue extendida a otras autoridades venezolanas.
La oposición ha cuestionado que las autoridades electorales han bloqueado la presentación de candidatos rivales, que aspiraban a enfrentar a Maduro en las presidenciales en las que el mandatario busca un tercer mandato de seis años.
Entre los candidatos opositores que no pudieron inscribirse está María Corina Machado, que ganó unas primarias el año pasado con abrumadora mayoría y sobre quien pesa una inhabilitación política por 15 años.
“El pueblo venezolano debería poder elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional, incluida la Unión Europea, que tiene un largo y distinguido historial de observación independiente e imparcial”, dice el comunicado de la Unión Europea.
En 2021, el bloque europeo aceptó la invitación de funcionarios venezolanos de enviar una misión para observar las elecciones regionales, que incluían elecciones para gobernador y alcalde.
La misión concluyó entonces que la contienda se desarrolló en mejores condiciones, comparada con las elecciones del país en los años previos, pero señaló que se vio empañada por el uso de fondos públicos — para compra alimentos y otros productos entregados durante la campaña—, en beneficio de los candidatos afines al gobierno.
El año pasado, la administración de Maduro suscribió un acuerdo con la coalición opositora Plataforma Unitaria, respaldada por Estados Unidos, para trabajar en favor de mejorar las condiciones para unas elecciones libres y justas, incluso permitiendo la presencia de observadores internacionales.
El gobierno de Maduro ha puesto a prueba los límites del acuerdo desde que fue firmado.
Sobre la invitación a la Unión Europea, Amoroso acotó que “sería inmoral permitir su participación, conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela, no siendo grata su presencia en un proceso electoral tan importante para la democracia, la paz de la nación”, dijo.
Los cuatro directivos que fueron excluidos de la lista de la Unión Europea fueron Amoroso, Xavier Moreno Reyes, ex secretario general del organismo, y dos exdirectivos más, Socorro Hernández y Leonardo Morales.
Amoroso fue sancionado en junio de 2020, señalado de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, lo que le impedía entre otras medidas entrar al territorio del bloque de países europeo y le imponía congelación de activos.
Por años las misiones internacionales de observadores —incluyendo de la Unión Europea— han denunciado irregularidades que afectan a la igualdad de condiciones para competir en los procesos electorales de Venezuela, como la inhabilitación de candidatos de la oposición, el uso de recursos del Estado en campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación.
Las elecciones presidenciales en Venezuela —salvo excepciones, como la sobrevenida tras la muerte del presidente Chávez, en marzo de 2013— han sido convocadas con al menos seis meses de anticipación.
En esta ocasión, el plazo también fue menor, pues las elecciones que se realizarán en julio, fueron convocadas el 5 de marzo. Eso despertó la preocupación de varios sectores que consideraban que el poco tiempo podría dificultar la participación las misiones de observación prestigiosas como la Unión Europea y Naciones Unidas.
