Por Carlos Hernández
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L@s abogad@s de niñ@s inmigrantes que llegaron solos a Estados Unidos dicen que las nuevas reglas de la administración Biden no son suficientes para garantizar su seguridad mientras están bajo custodia estadounidense.
Así, aseguran que las nuevas mediadas no deberían reemplazar un acuerdo de décadas de antigüedad,6 procedente de un acuerdo judicial que requiere supervisión judicial.
L@s abogad@s del gobierno en una audiencia en un Tribunal Federal en Los Ángeles el viernes argumentaron que la supervisión judicial bajo el acuerdo de Flores, ha dejado de cumplir su propósito y se necesitan nuevas regulaciones.
Sus abogad@s dijeron que proporcionarían más detalles a la jueza la próxima semana antes de que ella emita su fallo, incluida información sobre cómo garantizarán la supervisión de las instalaciones no gubernamentales que atienden a niñ@s con necesidades agudas.
El mes pasado, la administración Biden pidió al tribunal que levantara parcialmente las reglas, semanas después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos publicara sus propias salvaguardias, a partir del 1 de julio, que, según el secretario Xavier Becerra, establecerán “estándares claros para la atención y el tratamiento de personas no acompañadas ( niños inmigrantes).
Actualmente, los defensores que representan a los niños migrantes tienen amplia autoridad para visitar los centros de custodia y realizar entrevistas con el personal y otros migrantes, y pueden presentar quejas ante el tribunal, que puede ordenar cambios.
Leecia Welch, subdirectora de litigios de Children’s Rights, que representa a lo@ niñ@s en el caso, explic´ø que la supervisión del tribunal es necesaria ahora más que nunca.
Los defensores dicen que el acuerdo de Flores ha sido fundamental para garantizar condiciones seguras para l@s niñ@s, especialmente en medio del aumento de las detenciones fronterizas en los últimos dos años, que incluyeron a casi 300 mil menores no acompañados.
«Llega un momento en el que todos los acuerdos de conciliación deben terminar, pero ahora no es ese momento», explica Welch.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El acuerdo de 1997 fue el resultado de más de una década de litigios entre abogados que representan los derechos de los niños migrantes y el gobierno de Estados Unidos por acusaciones generalizadas de malos tratos en la década de 1980.
La demanda original fue presentada en nombre de cuatro adolescentes, incluida Jenny Lisette Flores, una joven de 15 años de El Salvador.
La demanda detalla cómo Flores y los otros demandantes fueron retenidos por el gobierno durante largos períodos de tiempo, a menudo en instalaciones con adultos no emparentados, y no recibieron educación ni tratamiento médico adecuado.
En 2014, una oleada de niñ@s no acompañados en la frontera provocó un mayor escrutinio del gobierno federal.
Desde entonces, los arrestos de niñ@s que viajan solos en la frontera con México han aumentado y el año pasado llegaron a 130 mil.
El Departamento de Salud entrega a la gran mayoría de los niñ@s no acompañados a familiares cercanos, mientras los jueces de inmigración sopesan su futuro.
La Administración Biden está pidiendo al tribunal que rescinda el acuerdo con el departamento, que se hace cargo de la custodia de l@s niñ@s no acompañados dentro de las 72 horas posteriores al arresto por parte de la Patrulla Fronteriza.
El acuerdo seguiría aplicándose cuando l@s niñ@s estén en manos de la Patrulla Fronteriza y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional, incluido un límite de 20 días para retener a menores no acompañados y a padres que viajen con un@.
Las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza han experimentado un hacinamiento extremo en 2021.
El Departamento de Salud indica que sus nuevas reglas cumplen, y en algunos aspectos superan, los estándares establecidos en el acuerdo judicial.
Los abogad@s de menores inmigrantes no están de acuerdo, dicen que el Gobierno federal no ha logrado desarrollar un marco regulatorio en los Estados que revocaron licencias de instalaciones que atienden a niñ@s inmigrantes o que podrían hacerlo en el futuro.
Dicen que las nuevas reglas tampoco abordan adecuadamente las instalaciones que atienden a niñ@s con necesidades más agudas.
Texas y Florida, liderados por Gobernadores republicanos que critican los flujos migratorios sin precedentes, revocaron licencias en 2021, dejando lo que sus defensores describen como un vacío en la supervisión que pone en peligro la seguridad infantil.
