Por Redacción
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Durante casi 20 años, María llamaba a su hermana, una enfermera en México, para pedirle consejos sobre cómo manejar su asma y controlar la diabetes de su esposo, en lugar de acudir al médico en California. No tenía estatus legal, por lo que no podía obtener seguro médico ni asistía a exámenes de rutina, confiando en remedios caseros y, a veces, en inhaladores traídos desde México. Insistió en usar solo su primer nombre por temor a ser deportada.
Todo cambió para ella y para muchas otras personas en los últimos años, cuando algunos estados liderados por demócratas abrieron programas de seguro médico a inmigrantes de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio. María y su esposo se inscribieron el año pasado, el día que comenzó el programa. La tranquilidad de contar con seguro, asegura, la llevó a enfermarse menos.
Recortes impulsados por déficits presupuestarios
Al menos siete estados y el Distrito de Columbia han ofrecido cobertura médica a inmigrantes desde 2020. Sin embargo, California, Illinois y Minnesota han revertido estas políticas, cancelando o limitando la cobertura para cientos de miles de personas sin estatus legal en EE.UU.
Los programas costaron mucho más de lo previsto por las autoridades, justo cuando los estados enfrentan déficits multimillonarios. En Illinois, inmigrantes adultos de entre 42 y 64 años perdieron el acceso a atención médica, lo que ahorró al estado unos 404 millones de dólares. En Minnesota, todos los inmigrantes adultos quedaron fuera del programa estatal, generando un ahorro de casi 57 millones. En California, aunque nadie perderá automáticamente su cobertura, las nuevas inscripciones para adultos cesarán en 2026, lo que busca ahorrar más de 3.000 millones en varios años.
Los recortes fueron apoyados por gobernadores demócratas que anteriormente defendieron la expansión de cobertura a inmigrantes. Esta misma semana, el gobierno de Donald Trump compartió con funcionarios de ICE los datos personales y direcciones de todos los beneficiarios de Medicaid, lo que ha llevado a California, Illinois y Minnesota a presentar demandas.
Proveedores de salud han advertido que el temor a ser arrestados o deportados disuade a muchas personas de buscar atención médica. También alertan que estos recortes podrían resultar más costosos a largo plazo, ya que los inmigrantes evitarán la atención preventiva y recurrirán a hospitales públicos cuando sus enfermedades estén avanzadas.
Impacto humano y consecuencias en clínicas comunitarias
Clínicas de salud comunitarias en California y Minnesota han documentado cómo los pacientes beneficiados recibieron tratamientos vitales como reemplazos de rodilla, procedimientos cardíacos y diagnósticos de cáncer en etapa avanzada. CommunityHealth, una de las clínicas gratuitas más grandes del país, atendía a unas 31.500 personas en Illinois que perdieron su cobertura el 1 de julio tras la eliminación del Programa de Beneficios de Salud para Adultos Inmigrantes.
Una trabajadora comunitaria de esta clínica dijo a AP que muchos pacientes, especialmente de Europa del Este, no entienden los cambios ni tienen medios para llegar a otras clínicas. En Minnesota, el centro Health Finders Collective ha visto una avalancha de pacientes tratando de programar citas antes de quedarse sin cobertura a fin de año.
Las clínicas afirman que continuarán brindando atención sin importar el estatus migratorio, aunque ahora enfrentan nuevas restricciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, que limitan los tratamientos que los centros de salud pueden ofrecer a personas sin documentos.
Stephanie Willding, directora de CommunityHealth, expresó que siempre temieron la fragilidad del programa, pero no esperaban que el recorte llegara tan pronto. Alicia Hardy, directora de las clínicas CommuniCARE+OLE de California, advirtió: “La gente va a morir. Algunas personas no recibirán tratamiento”.
En Minnesota, autoridades estatales admiten que la eliminación del programa disminuirá los costos de MinnesotaCare a corto plazo, pero aumentará los gastos por atención no compensada en hospitales. La presidenta de la Cámara estatal, Lisa Demuth, sostuvo que el programa “no era sostenible”, aunque destacó que los niños seguirán teniendo cobertura y los adultos sin estatus legal pueden comprar seguros privados.
Los proveedores temen que muchos pacientes esperen hasta que sus enfermedades sean graves para ir a emergencias, donde deben ser atendidos por ley. Cook County Health, en Chicago, atendió a 8.000 pacientes del programa en 2024, generando ingresos por 111 millones de dólares. Su director, Erik Mikaitis, advirtió que otros centros podrían cerrar si no pueden financiarse.
En California, se espera que unas 200.000 personas pierdan cobertura tras el primer año de restricciones. Además, desde 2027, los menores de 60 años en el programa deberán pagar 30 dólares mensuales para mantenerse cubiertos.
María teme que muchas familias no puedan pagar esa cuota y regresen a la automedicación. Aunque ella podría seguir en el programa, ahora evalúa los riesgos que eso implica. “Si mi esposo enferma y su vida está en riesgo, tendremos que elegir su vida”, afirmó.
