Por Redacción
[email protected]
En la frontera sur de México, a escasos pasos de cruzar el río Suchiate desde Guatemala, la ruta de los migrantes está marcada por la violencia y el control de los cárteles, quienes operan en ambas orillas y definen quién puede seguir su camino hacia el norte.
Algunos de los recién llegados describen su primera parada en México como un “gallinero” o “gallera”: un espacio enrejado en una finca donde permanecen retenidos hasta pagar un “derecho de paso” de al menos 100 dólares. Solo así pueden evitar el secuestro, recibir un sello en el brazo y avanzar hacia Tapachula, considerada la capital de la frontera sur mexicana.
Mientras que en Estados Unidos la administración de Joe Biden atribuye la reducción de migrantes en la frontera norte a nuevas vías legales de ingreso, la situación en la frontera sur de México refleja una realidad diferente. Allí, el flujo de migrantes está controlado no tanto por autoridades mexicanas, sino por cárteles que extorsionan y someten a quienes cruzan. Los pocos agentes federales y de la Guardia Nacional desplegados en el río, según testimonios, resultan insuficientes ante el poder del crimen organizado.
Secuestro y extorsión en la frontera
Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) muestran que, de enero a agosto de 2024, se interceptaron a más de 150,000 migrantes en la zona. Sin embargo, el número real de quienes cruzan y son sometidos a extorsión podría ser mucho mayor, ya que muchas familias evitan reportar estos incidentes por miedo a represalias. Migrantes de diversas nacionalidades describen que, al ser interceptados, deben pagar o enfrentar el riesgo de secuestro.
Algunos migrantes, como Luis Alonso Valle, quien cruzó el Suchiate con su esposa e hijos, son detenidos a pocos metros de entrar a México. En Ciudad Hidalgo, antes de avanzar hacia Tapachula, son abordados por hombres que exigen documentos o demandan servicios de “guía” para avanzar en su travesía. Los relatos son similares: después de cruzar el río, son llevados a lugares vigilados donde esperan hasta conseguir dinero para poder continuar su viaje.
Una mujer venezolana contó que, después de ser liberada junto a su familia, notó a cientos de personas en condiciones de hacinamiento, algunas de ellas retenidas durante semanas. Para los migrantes que logran pagar, el proceso incluye el traslado a otras casas, donde les toman una fotografía y les marcan el brazo, señal distintiva para que los “puntos de control” en la ruta al norte no los detengan nuevamente.
Una crisis humanitaria a la vista de todos
Organizaciones de derechos humanos en México, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, documentan que alrededor de una tercera parte de los migrantes que buscan ayuda llegan con marcas en los brazos, resultado de su “liberación” tras el pago a los cárteles. Enrique Vidal Olascoaga, director de la organización, advierte que cuando los migrantes no pueden pagar en efectivo, “pagan con su cuerpo”, en particular mujeres, adolescentes y personas de la comunidad LGBTQ.
Aunque las autoridades mexicanas han intentado minimizar la violencia en la región, testimonios de líderes religiosos y defensores de derechos humanos como el padre Heyman Vázquez señalan que la situación ha empeorado. “Los cárteles operan a la vista de las autoridades”, asegura Vázquez, quien lleva años asistiendo a migrantes en Ciudad Hidalgo.
A la par de la violencia, la región de Chiapas ha experimentado un aumento en asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados desde que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación intensificaron su lucha por el control de las rutas de tráfico en la frontera. De acuerdo con analistas, el tráfico de migrantes ha emergido como una de las actividades más lucrativas para estos grupos.
La muerte de un sacerdote defensor de derechos humanos a inicios de mes resalta la situación de inseguridad en Chiapas, que cada vez restringe más el acceso de organizaciones civiles a los migrantes, limitando la ayuda humanitaria en la región.
Políticas migratorias en tensión
La administración de Andrés Manuel López Obrador, que concluyó en 2024, fue criticada por organizaciones de derechos humanos debido a su enfoque de trasladar a los migrantes hacia el sur de México. La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, ha indicado su intención de enfrentar la situación en coordinación con el gobierno de Chiapas, aunque ha mantenido políticas que, según ONGs, exponen a los migrantes a secuestros y extorsiones.
En respuesta a la situación en la frontera sur, Estados Unidos ha ampliado el acceso a su plataforma CBP One, que permite a los migrantes programar citas para solicitar asilo desde el sur de México. Esto, en teoría, permite a los migrantes evitar las peligrosas rutas hacia el norte. Sin embargo, muchos denuncian que, a pesar de contar con los documentos necesarios, enfrentan obstáculos como la falta de boletos de transporte, secuestros y extorsión, lo cual les impide llegar a sus citas en tiempo.
Desde septiembre, México también ha anunciado la apertura de “corredores de movilidad segura” en un intento por trasladar a migrantes en situación de vulnerabilidad. Pero hasta ahora, los avances son limitados. En el mes de septiembre, solo 846 migrantes fueron trasladados desde Tapachula, una cifra insignificante frente a las decenas de miles que buscan llegar a la frontera.
Mientras tanto, el proceso se vuelve una carrera contra el tiempo. En medio de promesas electorales de Donald Trump para endurecer las políticas migratorias, muchos migrantes temen perder su oportunidad de entrada a Estados Unidos. Algunos ya planean movilizarse en una caravana, buscando atravesar México antes de las elecciones estadounidenses.
Uno de los migrantes, Jeyson Uqueli, un hondureño de 28 años que planea reunirse con su hermana en Nueva Orleans, relata la tensión de su situación. Con una cita programada para el 6 de noviembre en Matamoros, Uqueli espera lograr el dinero necesario para su viaje y llegar a tiempo, preocupado por la posibilidad de que Trump cumpla su promesa de cerrar las citas de asilo.
