Por Agencias
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Una corte federal de apelaciones sentenció el viernes que el gobierno de Donald Trump actuó de manera “arbitraria y caprichosa” al tratar de poner fin a DACA, el programa de la presidencia de Barack Obama que protege a los inmigrantes jóvenes de la deportación.
Un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del 4to circuito falló 2-1 que el gobierno violó la ley federal al tratar de poner fin al programa “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA, por sus siglas en inglés) sin explicar debidamente por qué.
La Corte Suprema está estudiando las apelaciones del gobierno a otros fallos de tribunales que ordenan mantener vigente el DACA.
Si el supremo tribunal resuelve aceptar las apelaciones, no se espera una decisión antes de 2020.
El juez Julius Richardson, designado por Trump, escribió en disentimiento a la decisión y dijo: “nosotros, el poder judicial, tenemos un papel estrechamente circunscrito”.
“No es nuestro papel cuestionar la sabiduría de las decisiones discrecionales que toman las otras ramas”, escribió.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump está apresurándose a gastar miles de millones de dólares para construir un muro en la frontera con México, recurriendo a fondos conseguidos bajo su declaración de emergencia nacional, pero primero tendrá que tener el visto bueno de los tribunales.
Un juez federal en Oakland, California, se aprestaba a escuchar argumentos el viernes en dos demandas que buscan bloquear las gestiones de la Casa Blanca para gastar dinero de los departamentos de Defensa y el Tesoro en la construcción del muro.
Los gobiernos de California y otros 19 estados presentaron una demanda, y el grupo ambientalista Sierra Club y la Southern Border Communities Coalition, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles, presentaron la otra.
Por otro lado, un juez federal en Washington analizaba el viernes un intento de la Cámara de Representantes de impedir que Trump utilice fondos del Pentágono para el muro.
En juego están miles de millones de dólares que le permitirían a Trump conseguir avances en su promesa electoral cuando se acerca a la campaña para un segundo mandato presidencial de cuatro años.
Los adversarios del presidente dicen que la declaración de emergencia fue un intento ilegal de pasar por encima del Congreso, que había autorizado fondos para el muro, pero mucho menos de lo que quería Trump.
El presidente aceptó a regañadientes la aprobación en el Congreso de $1,375 millones de dólares para poner fin a un cierre del gobierno federal por 35 días el 15 de febrero, pero declaró la emergencia nacional casi al mismo tiempo.
La Casa Blanca dice que ha identificado $8,100 millones de dólares que podrían ser gastados.
