La Corte Suprema de Estados Unidos decidió mantener una norma que considera “carga pública” a los inmigrantes beneficiarios de ayudas gubernamentales, lo que puede afectar sus solicitudes de residencia permanente, al negar una moción presentada por un grupo de fiscales que buscaba suspender la aplicación de esta polémica medida en medio de la pandemia por coronavirus.
Según una decisión recogida por medios locales, el Supremo rechazó la solicitud presentada el pasado 13 de abril por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, a nombre de una coalición de la que también hacen parte sus colegas de Connecticut y Vermont, para que el Alto Tribunal evaluara su decisión del pasado enero en la que falló en favor de la Administración del presidente Donald Trump de imponer esa reglamentación.
La medida establece que un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos” durante más de 12 meses en un periodo de 3 años.
Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.
En específico, la norma afecta a los beneficiarios de planes de ayuda de alimentos, de salud y vivienda.
Sin embargo, el Alto Tribunal despejó el viernes el camino para que los demandantes acudan a una corte de primera instancia, según señaló James en un comunicado, al confirmar que liderará una nueva acción.
“La orden de la Corte Suprema de esta noche nos permite continuar la lucha para detener la regla de carga pública durante la actual crisis de salud pública y nos da la oportunidad de presentar nuestro caso en un tribunal federal en Nueva York”, detalló James.
La fiscal indicó que presentarán una “moción de emergencia en el Distrito Sur de Nueva York”, al argumentar que el país “no puede darse el lujo de esperar”.
“La regla de carga pública amenaza la salud pública, nuestra economía y a todos los neoyorquinos, ciudadanos como no ciudadanos por igual. Toda persona que no obtenga la cobertura de salud que necesita hoy corre el riesgo de infectar a otra persona con el coronavirus mañana”, defendió.
El pasado 14 de marzo, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) informó que la normativa de “carga pública” no restringe el acceso al tratamiento o a las pruebas de detección del coronavirus.
“El USCIS alienta a todos, incluyendo los extranjeros, con síntomas que se asemejan a la enfermedad del coronavirus (fiebre, tos, dificultad para respirar), a buscar el tratamiento médico o los servicios preventivos necesarios”, señaló el departamento en un comunicado, e indicó que la normativa “no restringe el acceso a pruebas, exámenes o tratamiento de enfermedades transmisibles, incluido el Covid-19”.
Estados Unidos superó la semana pasada los 900,000 contagios y las 50,000 muertes a causa del Covid-19, lo que lo convierte en el país más afectado por la pandemia.
PROTESTAN POR SUSPENSION DE G. CARDS
Sobre la decisión del presidente Trump, de prohibir temporalmente la inmigración legal al país, grupos proinmigrantes presentaron este fin de semana una moción ante un tribunal estadounidense contra la la misma.
En un comunicado enviado a la agencia de prensa EFE, las organizaciones Justice Action Center, la American Immigration Lawyers Association e Innovation Law Lab señalaron que presentaron el sábado su escrito ante una corte de distrito de Oregón para detener la aplicación de esa decisión.
El miércoles Trump firmó una orden ejecutiva con la que congela durante al menos 60 días la inmigración al país bajo el pretexto de la destrucción de empleos provocada por la crisis del Covid-19.
La medida tiene como objetivo principal la reducción de permisos de residencia permanente, conocidos como “green cards”, aunque su eficacia real durante la pandemia es dudosa ya que EE.UU. ha reducido a mínimos sus servicios consulares de visados.
La letra pequeña del decreto apunta a una de las obsesiones de Trump y de su principal asesor en migración, Stephen Miller: la reunificación familiar.
Durante este periodo de excepción, tan solo esposos extranjeros de ciudadanos estadounidenses o hijos menores de 21 años podrán acceder a un permiso de residencia permanente, excluyendo a progenitores, hermanos o hijos independientemente de la edad, como indica la ley. También excluye a esposos e hijos de residentes permanentes.
En su comunicado, los grupos destacaron que la orden presidencial “afirma que, con excepciones limitadas, la entrada continuada de inmigrantes supone un riesgo para el mercado laboral de la nación a raíz del brote de Covid-19, pero la realidad es que los inmigrantes son la espina dorsal de la economía” del país.
Asimismo, subrayaron que los inmigrantes “están en la primera línea de respuesta a la pandemia y serán claves para la recuperación económica”.
“Los expertos anticipan que la prohibición a la inmigración de familias posiblemente reducirá el crecimiento demográfico y hará que la recuperación económica sea más compleja”, alertaron.
