Demócratas preparan una reforma migratoria en EE.UU. tras recuperar el control del Congreso

Por El Latino Newsroom

A partir del 3 de enero, los demócratas tendrán mayoría en ambas cámaras del Congreso y buscarán revertir parte de la agenda migratoria del presidente Donald Trump, aunque su capacidad para avanzar dependerá de los acuerdos con los republicanos y de la postura de la Casa Blanca.

La política migratoria de Trump, junto con las preocupaciones económicas, estuvo entre los principales factores que contribuyeron al retroceso electoral republicano. Los demócratas ocuparán al menos 256 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, tras ganar 42 puestos que estaban en manos republicanas. En el Senado tendrán 55 escaños, ocho más que en la legislatura anterior.

Sin embargo, reformar un sistema migratorio que lleva décadas sin cambios estructurales será una tarea compleja. La nueva mayoría legislativa coincidirá con los dos últimos años del mandato de Trump, quien conserva la facultad de vetar cualquier proyecto aprobado por el Congreso.

Una de las iniciativas con mayores posibilidades de avanzar es el Dream Act, una propuesta que busca otorgar residencia legal y abrir una vía hacia la ciudadanía a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños.

Muchos de sus posibles beneficiarios forman parte del programa DACA, creado durante la Administración de Barack Obama. Estas personas han crecido, estudiado, trabajado y formado familias en Estados Unidos, país que consideran su hogar. El programa ha enfrentado intentos de eliminación durante los dos mandatos de Trump, aunque distintas decisiones judiciales han frenado esas medidas.

La iniciativa cuenta con respaldo de legisladores de ambos partidos y, según la representante demócrata Sylvia García, coautora del proyecto, solo necesita una firma republicana adicional para alcanzar el número requerido para su presentación en la Cámara baja. García informó que ya contaban con 217 firmas y pidió a sus colegas contactar a legisladores republicanos para completar el respaldo.

Desde el Gobierno también han surgido señales de apertura a discutir una solución para los beneficiarios de DACA. Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó que estaría dispuesto a conversar sobre una reforma que permita a estas personas obtener residencia permanente legal, aunque señaló que la decisión corresponde al Congreso.

El senador demócrata por Arizona Rubén Gallego también expresó su intención de impulsar cambios legislativos, aunque reconoció que el proceso podría extenderse. Su prioridad, dijo, es proteger a las familias inmigrantes.

Otra propuesta que podría ganar fuerza es el Dignity Act, una iniciativa bipartidista impulsada por la demócrata Verónica Escobar, de Texas, y la republicana María Elvira Salazar, de Florida. El proyecto contempla una vía de legalización para inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo en el país, junto con medidas para reforzar la seguridad fronteriza y reformar los programas de visas.

Escobar aseguró que la propuesta será presentada nuevamente en 2027 y que sus promotores están dispuestos a introducir modificaciones para conseguir apoyo de otros legisladores. La congresista sostuvo que, mientras Trump permanezca en la Casa Blanca y los demócratas no tengan una mayoría suficiente para actuar por su cuenta en el Senado, cualquier reforma necesitará respaldo de ambos partidos.

No obstante, incluso si las iniciativas superan las votaciones en las dos cámaras, su aprobación final dependerá de Trump. El presidente ha advertido que podría vetar los proyectos que no compartan sus prioridades. Tras las elecciones, publicó en su red Truth Social una imagen de una gorra con la palabra “VETO”.

El futuro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también estará entre los principales asuntos de la agenda demócrata. Dentro del partido existen diferencias sobre el alcance de los cambios: los sectores más progresistas defienden la abolición de la agencia, mientras que los legisladores moderados plantean reducir el presupuesto destinado a la aplicación de las políticas migratorias, que asciende a unos 240.000 millones de dólares.

El representante demócrata por Texas Henry Cuéllar, quien podría encabezar la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, descartó eliminar ICE, pero afirmó que buscará imponer límites a sus operaciones y devolver a la agencia a las condiciones que tenía antes de enero de 2025.

Los demócratas también han anunciado investigaciones sobre las actuaciones del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional durante los últimos dos años. Entre los asuntos que quieren examinar figuran las detenciones, las deportaciones sin el debido proceso, la separación de familias y las muertes relacionadas con intervenciones de agentes migratorios.

Las investigaciones sobre los fallecimientos de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero continúan sin resolverse, según el artículo.

Con el control de la Cámara de Representantes, los demócratas podrán citar a funcionarios y exfuncionarios para que comparezcan ante el Congreso y respondan bajo juramento. Entre las figuras que podrían ser convocadas están Tom Homan, encargado de la política fronteriza; la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem; el exjefe de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, y Stephen Miller, recientemente nombrado jefe de Gabinete de la Casa Blanca y uno de los principales impulsores de la política migratoria de Trump.

El ascenso de Miller ha generado dudas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos. El presidente había reconocido recientemente que algunas deportaciones fueron demasiado duras y que entre las personas expulsadas había trabajadores que pagaban impuestos. Sin embargo, después de nombrar a Miller, reiteró que no habría una amnistía y que su política migratoria no había cambiado.

Aaron Reichlin-Melnik, investigador sénior del American Immigration Council, considera que estas declaraciones reflejan un patrón en el que Trump expresa apertura a ciertas medidas, pero luego vuelve a posiciones más restrictivas tras la intervención de Miller.

Pese a las diferencias, el secretario Mullin aseguró que Trump le pidió explorar acuerdos con los demócratas después de recibir numerosas llamadas sobre la necesidad de abordar el tema migratorio. El representante Cuéllar también afirmó que existen puntos de coincidencia que podrían facilitar negociaciones.

La presión para obtener resultados no proviene únicamente del Congreso. Organizaciones latinas como Voto Latino, UnidosUS, America’s Voice y We Are CASA enviaron una carta conjunta a los líderes demócratas para pedir investigaciones sobre los responsables de la política migratoria y la suspensión de fondos para ICE.

Los grupos señalaron que los votantes dieron a los demócratas la responsabilidad de exigir rendición de cuentas y reclamaron que comiencen a actuar desde el primer día de la nueva legislatura.

También hay presión desde sectores empresariales. Mario Guerrero, presidente de la Asociación de Constructores del Sur de Texas, pidió a los legisladores que no decepcionen a los votantes que esperan una reforma para regularizar a trabajadores inmigrantes.

Las detenciones y deportaciones han afectado a sectores como la hostelería, la agricultura, el cuidado de personas y la sanidad, que dependen en parte de la mano de obra inmigrante. Algunos empresarios que anteriormente respaldaban a los republicanos cambiaron su voto en las elecciones de medio mandato ante las consecuencias económicas de la política migratoria.

La nueva mayoría demócrata tendrá así el desafío de convertir sus promesas electorales en cambios legislativos concretos, en un escenario donde las diferencias partidistas, el poder de veto presidencial y las divisiones internas sobre el futuro de ICE podrían determinar hasta dónde llegará la reforma.