Desde «alarmista» hasta «revolucionario»: el controvertido plan de Robert F. Kennedy Jr. para mejorar la salud en EE.UU.

Por Redacción
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Aunque el diagnóstico de mala salud generalizada es compartido por numerosos expertos, el enfoque y los antecedentes de Kennedy han generado fuerte controversia. Reconocido por promover teorías conspirativas sobre la salud, el nuevo secretario también ha impulsado recortes severos al aparato de salud pública federal, incluido el despido de miles de empleados y el cierre de programas clave en los CDC.

“Es emocionante que un funcionario federal se enfoque en las enfermedades crónicas”, dijo Marion Nestle, profesora emérita de salud pública en la Universidad de Nueva York. “Pero desmantelar la infraestructura federal de salud pública va en dirección opuesta”.

La comunidad médica no ha sido amable con Kennedy. El doctor Amesh Adalja, investigador de enfermedades infecciosas en la Universidad Johns Hopkins, lo calificó de “nihilista malvado”. Sin embargo, incluso algunos de sus críticos reconocen que ha generado impulso en áreas de salud antes desatendidas.

Antes de llegar al gabinete, Kennedy ya apuntaba a las grandes industrias alimentarias, a las que acusa de “envenenar” a los niños con aditivos prohibidos en otros países. “Tenemos una generación de niños que nada en una sopa tóxica”, dijo el año pasado en Fox News.

Su primera cruzada oficial: eliminar colorantes artificiales derivados del petróleo para 2026, como el “Rojo n.° 40” y el “Verde n.° 3”, vinculados en estudios con hiperactividad infantil y riesgo de cáncer en animales.

La influencer Vani Hari, una figura destacada del movimiento «Make America Healthy Again» (MAHA), celebra la regulación de estos aditivos como un paso clave para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. “Las empresas tienen que adaptarse o perderán terreno ante las regulaciones estatales”, dijo.

Empresas como PepsiCo ya han anunciado que dejarán de usar colorantes artificiales en productos como Lays y Tostitos. El cambio ha sido acelerado por legislaciones estatales en California y Virginia Occidental, que antecedieron a las políticas federales.

Kennedy también ha respaldado una ambiciosa ley en Texas que obligaría a los fabricantes a incluir etiquetas de advertencia si sus productos contienen ingredientes prohibidos en países como Canadá, Reino Unido o la Unión Europea. La Asociación de Marcas de Consumo se opone, argumentando que los ingredientes son seguros y rigurosamente evaluados.

Algunos expertos ven en estas acciones más simbolismo que impacto real. “Eliminar ciertos aditivos es útil, pero no aborda las causas estructurales de las enfermedades crónicas como la pobreza o la publicidad agresiva”, explicó Nicola Hawley, profesora de epidemiología en Yale.

Hawley también advierte que Kennedy prioriza el acceso individual a alimentos saludables sin atender las limitaciones sociales. Mientras tanto, EE.UU. sigue subsidiando cultivos clave para la comida chatarra, como maíz y soya.

Kennedy ha comenzado a revisar las directrices dietéticas nacionales, fundamentales para programas alimentarios escolares y de asistencia. Se anticipan reducciones de azúcares añadidos y un giro hacia alimentos locales e integrales. Además, ha propuesto restringir el uso de cupones de alimentos para comprar productos ultraprocesados.

Una de sus medidas más polémicas es su apoyo a eliminar el flúor del agua potable, calificándolo de “neurotoxina peligrosa”. Si bien estudios han demostrado que solo en niveles extremadamente altos puede tener efectos nocivos, Kennedy sostiene que el beneficio preventivo contra la caries no compensa los posibles riesgos. El NHS británico ha desestimado esas preocupaciones tras una revisión exhaustiva de evidencia.

La tensión entre su agenda sanitaria y la ciencia médica se vuelve aún más notoria en el tema de las vacunas. Aunque Kennedy insiste en que no es “antivacunas”, su historial indica lo contrario. Su organización Defensa de la Salud Infantil ha promovido dudas sobre la seguridad de las vacunas durante años.

En 2019, defendió públicamente al desacreditado médico Andrew Wakefield, cuyo estudio fraudulento sobre la vacuna triple vírica y el autismo desató brotes de sarampión. A pesar de ello, ante un brote reciente en Texas, Kennedy recomendó la vacuna SPR como medida efectiva.

Su enfoque mezcla afirmaciones de respeto a la “libertad de elección” con propuestas regulatorias. En mayo, anunció el fin del respaldo gubernamental a las vacunas contra la COVID-19 para niños sanos y embarazadas, alineando la política estadounidense con países como Reino Unido.

Pero la decisión más polémica ocurrió en junio, cuando Kennedy destituyó al comité asesor de vacunas de los CDC, acusándolo de conflictos de interés. Un nuevo panel reducido y designado por su oficina ahora tiene el poder de revisar el calendario nacional de inmunización, incluida la vacunación infantil.

“La salud pública está retrocediendo peligrosamente”, advirtió el doctor Adalja. “Si Kennedy logra controlar este nuevo panel, su credibilidad quedará destruida”.

El nuevo comité ya eliminó algunas vacunas contra la gripe que contenían timerosal, un conservante que Kennedy criticó en un libro de 2015.

Mientras críticos denuncian una nueva era de desconfianza y desinformación, sus defensores argumentan que Kennedy no es antivacunas, sino “anticorrupción”, y que su enfoque obliga a un escrutinio necesario de la industria farmacéutica.

“Todo debe estar abierto a debate”, afirman sus aliados. Para ellos, la discusión sobre la salud pública no debe ser monopolio de una sola visión.

A medida que Kennedy impulsa su visión de un EE.UU. más sano, las tensiones entre ciencia, política y percepción pública seguirán marcando el camino de una administración que, para muchos, se mueve en la delgada línea entre lo audaz y lo peligroso.