Por Redacción
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Un operativo reciente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Manhattan dejó a Mónica Moreta-Galarza separada de su esposo mientras sus hijos lloraban. Según testigos, un agente vestido de civil la empujó contra la pared y la tiró al suelo durante su arresto en un tribunal de inmigración.
Moreta-Galarza fue trasladada de urgencia a un hospital por un posible traumatismo craneoencefálico. Su caso forma parte de una serie de incidentes en todo el país que expertos describen como parte de un patrón de tácticas agresivas por parte de los agentes federales desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato.
Redadas y presión para cumplir objetivos
Exfuncionarios de Seguridad Nacional y especialistas en inmigración señalan que la presión para aumentar las deportaciones está alimentando la mano dura de los operativos. La agencia, históricamente sobrecargada, ahora cuenta con recursos adicionales y un menor número de cruces fronterizos, lo que permite concentrarse en detenciones dentro de Estados Unidos.
John Sandweg, exdirector interino de ICE durante la presidencia de Barack Obama, indicó que muchas de las tácticas recientes no están orientadas a combatir la criminalidad, sino a incrementar el número de arrestos. “No se arresta a personas en tribunales de inmigración que tienen suspensiones de deportación a menos que se busquen arrestos rápidos y fáciles”, afirmó.
Las operaciones incluyen la participación de otras agencias federales, como la Patrulla Fronteriza (CBP) y el FBI, lo que ha generado tensiones internas debido a enfoques distintos en las tácticas de arresto. Videos captados por testigos muestran a agentes vestidos de civil y usando mascarillas, conduciendo vehículos sin identificación y efectuando detenciones en hogares, lugares de trabajo y espacios públicos.
Algunas redadas han sido masivas: en septiembre, un operativo en un complejo de apartamentos en Chicago dejó escombros en los pasillos y detuvo a 37 inmigrantes indocumentados. En otro caso, casi 500 trabajadores, en su mayoría ciudadanos coreanos, fueron arrestados en una planta de Hyundai en Georgia bajo sospecha de residir y trabajar ilegalmente en Estados Unidos.
Expertos advierten que estas acciones impactan a personas sin antecedentes penales graves, que se convierten en “daño colateral” de una estrategia enfocada en la criminalidad. Jerry Robinette, exagente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, señaló que “por mucho que quieran atacar a los peores de entre los peores, hay que fijarse en a quién arrestan. No están teniendo tanto éxito como quisieran”.
Agentes enmascarados y desconfianza pública
El uso de máscaras y ropa de civil ha generado preocupación entre expertos legales y exfuncionarios. Jeffrey Swartz, profesor de Derecho y exfiscal, destacó que “nunca hemos tolerado que los agentes oculten su identidad frente a quienes podrían quejarse del trato recibido”.
El director interino de ICE, Todd Lyons, ha defendido el uso de mascarillas para proteger a los agentes y sus familias de represalias. Sin embargo, expertos señalan que esta práctica puede intensificar los conflictos durante los arrestos y aumentar la desconfianza hacia las autoridades.
La presencia federal masiva en las comunidades también ha afectado la percepción pública. Thaddeus Johnson, exfuncionario policial, explicó que la fuerte actuación de los agentes “impacta la psique del público, disuadiendo la interacción con las autoridades y fracturando la confianza”.
Organizaciones de derechos civiles, junto con exfuncionarios de ICE, advierten sobre el riesgo de consecuencias a largo plazo en la legitimidad de la agencia y en la relación con las autoridades locales, especialmente en ciudades con políticas de santuario.
En respuesta a las críticas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió las acciones de sus agentes, afirmando que están capacitados para usar la mínima fuerza necesaria y proteger tanto al público como a ellos mismos. La secretaria adjunta Tricia McLaughlin aseguró que los oficiales reciben entrenamiento continuo en tácticas de desescalada y uso de la fuerza.
Sin embargo, la agencia reconoció que el agente que empujó a Moreta-Galarza fue relevado de sus funciones tras calificar sus acciones como “inaceptables” y “por debajo de los estándares” de la institución. No se ha informado si el agente permanece empleado por ICE.
El DHS reporta que las redadas buscan arrestar a criminales violentos, incluyendo pandilleros y agresores sexuales, aunque datos oficiales muestran que más del 75 % de los detenidos en el año fiscal 2025 carecían de antecedentes penales graves, siendo su infracción principalmente migratoria o de tránsito.
La administración Trump planea expandir los fondos para ICE hasta 2029, incluyendo la contratación de nuevos agentes y el fortalecimiento de operaciones de cumplimiento y deportación, según informes oficiales. La combinación de recursos y directivas más agresivas ha generado preocupación sobre el impacto a largo plazo en la agencia y la comunidad inmigrante.
Para las familias afectadas, como la de Moreta-Galarza, la experiencia es traumatizante. La madre, quien huyó de la violencia en Ecuador, declaró que sufrió un trato violento que aumentó su desconfianza hacia las autoridades. El representante estadounidense Dan Goldman señaló que la familia tiene solicitudes de asilo abiertas y se encuentra legalmente en el país, pero sigue siendo objetivo de operativos federales.
