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Por/By Tatiana Prophet
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Carolina Arenas estaba trabajando en la oficina de un fiscal en el estado de Jalisco, México, cuando a los 27 años de edad decidió venir aquí en busca de una vida mejor.
Eso fue hace 10 años, el tiempo ha pasado y a pesar de que ahora trabaja como niñera, según ella, la vida es mejor.
«Fue un trabajo muy exigente (allá en México), tanto física como emocionalmente y muy mal pagado. El salario mínimo que he ganado (en principio al llegar aquí) de $8 por hora, en México es lo que ganaba en ocho horas», comparte Carolina, a pesar de que ella no está usando su maestría en justicia criminal.
Arenas, cuyo nombre verdadero nos hemos reservado para proteger su identidad, conoció a su esposo aquí, también indocumentado, y con quien tienen dos hijos de 7 y 8 años de edad.
Durante los dos últimos años, se ha mantenido vivo el sueño que ella y su marido tendrían derecho al DAPA anunciado en el 2014 una orden ejecutiva del Presidente Obama para padres de ciudadanos estadounidenses para conseguir «acción diferida».
En otras palabras, dos años de permiso para vivir y el trabajar legalmente en los EE.UU.
El nombre de la ley se refiere a la Acción Diferida para los padres de estadounidenses y residentes legales permanentes.
El 23 de junio pasado, sin embargo, esas esperanzas se terminaron, al menos por ahora, después de que el Tribunal Supremo llegó a una decisión de empate de 4-4, lo que deja al DAPA y la extensión del DACA acotando la orden preliminar de un tribunal inferior de Texas, el cual establece el bloqueo de ambos programas.
«Teníamos muchas esperanzas por este programa. Cuando nos dimos cuenta de la decisión (de la semana pasada), nos deprimimos al instante», confiesa Arenas, quien ha estado pagando impuestos durante los últimos seis años para aumentar sus posibilidades de ser reconocida como una miembro activo de la sociedad estadounidense.
Con la decisión de los jueces de la Corte Suprema, lamentablemente los planes de Claudia para obtener un título de licenciatura en educación infantil, y trabajar en una escuela, tienen que volver a esperar.
Según datos del Pew Hispanic Center, con sede en Washington D.C., casi 5 millones de padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales se habrían beneficiado de la acción diferida – siempre que superaran un chequeo a fondo por parte del Departamento de Seguridad Nacional y las bases de datos criminales de varias agencias, incluyendo el FBI.
El DAPA, es un plan audaz, siendo uno de los diez puntos de acción de barrida diseñado para trabajar exhaustivamente para desalentar nueva inmigración clandestina, mientras que brindaba a la mano de obra indocumentada ya en el país sacarla de las sombras y aumentar la productividad de toda la economía estadounidense.
Otra parte importante del plan era un «incremento de los recursos» para reforzar la seguridad fronteriza, así como establecer nuevas prioridades de deportaciones.
Los agentes migratorios del ICE primero estarían deportando a aquellos que representen una amenaza a la seguridad nacional, criminales convictos, pandilleros, y quienes sean detenidos en la frontera, seguido por cualquier persona con una lista significativa de delitos menores y todos los que entraron clandestinamente después del 1 de enero de 2014.
Esta última prioridad aparece ser diseñada para desalentar nuevas violaciones de las leyes migratorias que podrían surgir, impulsados por una posible amnistía.
A pesar de los esfuerzos de la administración del Presidente Barack Obama para impedir la inmigración clandestina, muchos críticos siguen insistiendo que cualquier intento de arreglar el sistema migratorio estimulará precisamente más inmigración.
Los críticos de una acción integral surgieron temprano y con frecuencia, con la más grande opositor siendo el controversial Joe Arpaio, Alguacil del Condado de Maricopa, Arizona, y un grupo de funcionarios de 26 estados liderado por Texas.
En el 2015, los dos grupos demandaron al Gobierno Federal por el DAPA y la extensión del DACA, y si bien el Tribunal Supremo desestimó finalmente el caso “Arpaio vs Obama”, el tribunal se negó a cambiar la resolución inicial en el caso “Texas frente a los Estados Unidos” como resultado de un un jurado en punto muerto.
Así, la Corte Suprema quedó con un número par de jueces después de la muerte en febrero de Antonin Scalia, irónicamente, el voto de un conservador y hasta racista Scalia, podría haber dado lugar a una derrota más definitiva al programa de Obama.
Este último desarrollo parece ser el final del camino para los esfuerzos del Presidente Obama para arreglar el sistema de inmigración del país en ausencia de acción real por parte del Congreso.
Salud Carbajal, Supervisor del Primer Distrito del Condado de Santa Bárbara, expresó su consternación por la decisión.
«Obviamente estoy muy decepcionado del fallo de la Corte Suprema de no tomar medidas para revocar la decisión del tribunal inferior (de Texas) para detener la orden ejecutiva del Presidente. Este es otro ejemplo de por qué necesitamos una reforma migratoria integral «, indicó Carbajal, quien actualmente es el candidato favorito para Congresisto del Distrito 23.
Además del DAPA, la acción ejecutiva habría autorizado el «DACA +», una expansión de la acción ejecutiva de Obama del 2012, la cual autoriza a los que llegaron aquí como niños a recibir el permiso para vivir y trabajar durante dos años en virtud de requerimientos similares a los que se pedirían en el DAPA.
El programa original, aunque también impugnado en los tribunales, resistió el desafío legal y ha procesado con éxito a más de 800 mil jóvenes indocumentados.
El DACA sigue en su lugar vigente, y permite a las personas que califican, renovar su acción diferida cada dos años.
El “DACA +” haría que el límite de edad de 31 años para calificar desapareciera, y habría permitido que los beneficiados DACA renovar después de tres años en lugar de dos.
Al mismo tiempo, la implementación de “DACA +” habría permitido potencialmente que otros 290 mil indocumentados que llegaron antes de los 16 años recibieran «acción diferida».
Estos son conocidos como «soñadores», ya que el programa nació como tal luego que el “DREAM Act” fuera bloqueado en el Congreso.
Todos los “dreamers” han sido sometidos a un control de antecedentes por medio de sus huellas digitales.
Los partidarios del programa dicen que es beneficioso para la seguridad del país, mientras que los críticos dicen que no es, pero incluso este programa está en peligro, ya que el país se enfrenta a elecciones presidenciales que determinarán su destino.
Los críticos de los intentos del presidente Obama para arreglar el sistema de inmigración han afirmado que la verificación de antecedentes son insuficientes o imposibles de garantizar, alegando que quienes están siendo controlados son extranjeros.
Para aquellos que sirven en la comunidad, sin embargo, no hay pruebas de esto.
«Nuestra experiencia es que si hay ningún problema en absoluto con los chequeos criminales, cuando hacemos las tomas de huellas y se hace un informe, la mayor parte de los problemas que hayan tenido en su vida aparecen en esos informes», dijo Diane Martínez , directora ejecutiva de, Immigration Hope.
Esta entidad no lucrativa, que funge a través de la Iglesia “The Mansion” en Santa Bárbara, ayuda a los inmigrantes a encontrar alivio migratorio y clases de ciudadanía y licencias de conducir.
Irónicamente, Martínez no fue siempre fue una defensora de los inmigrantes, pero luego de trasladarse a una comunidad llena de inmigrantes en el Westside de Santa Bárbara, afirma que sus ojos se abrieron.
«Empecé a trabajar con niños de familias inmigrantes y empecé a conocer a los padres, sus problemas de deportaciones y separación de familias, a continuación, mi corazón empezó a romperse, y entonces dijimos ‘Ok estamos aquí para amar a nuestros vecinos, y estas personas (afectadas) son nuestros vecinos, entonces ¿qué hacemos?», compartió.
Martínez escucha los argumentos sobre que los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los nacidos acá, pero ella no lo ve así.
«Una de las excusas más grandes que he oído es que están tomando nuestros trabajos, y cuando uno se informa y mira las estadísticas se da cuenta que no es así. Veo Santa Bárbara, en la que si no tuviéramos inmigrantes aquí no tendríamos los puestos de trabajo que mantienen a nuestra economía en crecimiento: la industria del turismo. Los niños que son ciudadanos estadounidenses no crecen y dicen, ‘voy a trabajar en un hotel o en los campos de cultivo’».
Para Martínez, una puerta ha sido cerrada, sin embargo ahora, ella se centrará en una nueva vía para ayudar a la comunidad inmigrante: trabajar con los residentes permanentes legales para que puedan convertirse en ciudadanos.
«Una de las grandes obstáculos que los detienen es que deben aprender Inglés. Debido a que la mayoría que se convierte en ciudadanos, es más fácil de aplicar para los cónyuges, hijos, padres, hermanos y hermanas», indica.
Por último, la directora confesó que se centrará en ayudar a los jóvenes «soñadores» que pueden aplicar para el DACA original, el cual aún está vigente, por ahora.
Para obtener más información sobre los beneficios económicos de la acción ejecutiva del presidente, vaya a, www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/21/fact-sheet-economic-benefits-fixing-our-broken-immigration-system. ν
Para información sobre Immigration Hope llame al, (805) 963-0166
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Carolina Arenas was working in a prosecutor’s office in the state of Jalisco, Mexico, when at 27 years old, she decided to come here in search of a better life.
That was 10 years ago. And even though she now works as a nanny, according to her, life is better.
“It was a really demanding job, physically and emotionally,” she said, even though she’s not using her master’s degree in criminal justice. “And very low paying. The minimum wage that I earned [upon first arriving here] of $8 an hour, in Mexico I earned that in eight hours.”
Arenas, whose name has been changed to protect her identity, met her husband here, also undocumented, and has two children, 7 and 8 years old.
For the last two years, she has kept the dream alive that she and her husband would qualify for DAPA, President Obama’s 2014 administrative order for parents of U.S. citizens to get “deferred action.”
In other words, two years’ permission to live and work in the U.S. The name stands for Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents.
But on June 23, those hopes ended, at least for now, after the Supreme Court reached a 4-4 decision upholding a lower court’s preliminary injunction halting the entire program.
“We had high hopes for this program,” said Arenas, who has been paying income taxes for the last six years to increase her chances of being recognized as a contributing member of American society. “When we found out, we were instantly depressed.”
Arena’s plans to earn a bachelor’s degree in early childhood education, and work at a school, are on hold.
Nearly 4 million parents of U.S. citizens and legal permanent residents would have received deferred action as part of the order – provided they pass a thorough background check of both national security and criminal databases, including Department of Homeland Security and the FBI.
It was an audacious plan, with DAPA being one of ten sweeping action items designed to work comprehensively to discourage new illegal immigration while bringing the current undocumented workforce out of the shadows and increasing productivity for the entire American economy.
A major part of the plan was a “surge of resources” to strengthen border security, as well as new deportation priorities.
Agents would first deport national security threats, convicted felons, gang members, and those apprehended at the border, followed by anyone with a significant list of misdemeanors and all those entering illegally after January 1, 2014. This last priority appears to be designed to discourage new violations of immigration law that might emerge, encouraged by an appearance of amnesty. In spite of the Obama administration’s efforts to prevent copycat immigration, many critics still insist that any attempt to fix the system will encourage just that.
Critics of the comprehensive action emerged early and often, with the most vocal being Maricopa County, Ariz., Sheriff Joe Arpaio and a group of 26 states led by Texas.
In 2015, both groups sued the federal government over the action, and while the Supreme Court eventually dismissed Arpaio vs. Obama, the court declined to change the original ruling in Texas vs. the United States as a result of a deadlocked bench – left with an even number of justices after the February death of Antonin Scalia. And, ironically, as a conservative Scalia’s vote may have resulted in a more definitive defeat of Obama’s program.
This latest development appears to be the end of the road for President Obama’s efforts to fix the country’s immigration system in the absence of action by Congress.
Salud Carbajal, supervisor for the First District of Santa Barbara County, expressed dismay at the decision. “Obviously I’m extremely disappointed the Supreme Court did not take action to overturn the lower court’s decision to stop the President’s executive order,” said Carbajal, who is running for Congress. “This is another example of why we need comprehensive immigration reform.”
In addition to DAPA, the administrative action would have authorized “DACA+,” an expansion of Obama’s 2012 executive action authorizing those who came here as children to receive permission to live and work for two years under similar requirements. The original program, though also challenged in court, withstood legal challenge and has successfully processed more than 800,000 young undocumented immigrants.
That program is still in place for now, and allows those who qualify to renew their deferred action for another two years. Many have already done so. What DACA+ does is remove the age cap of 31 years old to qualify.
And it would have allowed DACA recipients (“DACAmented”) to renew after three years instead of two.
Implementation of DACA+ would have allowed a potential 290,000 undocumented immigrants who came here before the age of 16 to received “deferred action.”
These are older “dreamers,” known as such because of the failed DREAM Act, but dreamers nonetheless, more comfortable in the United States than in the countries of their birth.
All original DACAmented have undergone background checks and been fingerprinted. Advocates of the program say it’s beneficial for the country’s security, while critics say it’s not. But even the original DACAmented status is in jeopardy as the nation faces a presidential election that will determine their fate.
Critics of President Obama’s attempts to fix the immigration system have asserted that background checks are inadequate or impossible to ensure, given that those being checked are foreign nationals. But for those who work in the community, there is evidence to the contrary.
“Our experience here is that if there’s any issues at all with criminal checks, when we actually do their fingerprinting and do a report, most of the issues that they’ve had in their life have shown up in those reports,” said Diane Martinez, executive director of the local faith-based Immigrant Hope, an accredited program designed to help immigrants find relief under the law.
“Most of the major things they have been fingerprinted for, something shows up.”
Martinez wasn’t always an immigrant advocate. But then she moved to an immigrant community on the west side of Santa Barbara, and she said, her eyes were opened.
“I started working with children of immigrant families and started to get to know them,” she said. “And as I got to know the parents and deportation issues started, and family separations, then my heart just started breaking, and we just started saying OK, we’re here to love our neighbors, and this is who our neighbors are, so what do we do?”
Martinez hears the arguments about immigrants taking the jobs of those who were born here, but she doesn’t see it.
“One of the biggest things that I hear is that they are taking our jobs. And when you go out and look at the statistics you realize that they’re not. I look at Santa Barbara, where if we did not have immigrants here we would not have the jobs that keep our economy growing, the tourist industry. The U.S. citizen children don’t grow up and say I’m going to work at a hotel or out in the fields.”
For Martinez, one door has been closed. Now, she will be focusing on a new avenue to help the immigrant community: working with permanent legal residents so they can become citizens.
“But one of the huge things that stops them is they have to learn English,” she said. “Because the more that become citizens, it’s easier to apply for spouses, children, parents, brothers and sisters.”
In addition, she’ll be focusing on helping young “dreamers” apply for the original DACA, which is still in place – for now.
For all who were hoping for relief from President Obama’s sweeping executive orders, the future is now on hold, at least until the next election. Two very different paths lie before them, depending on who becomes the next president.
If Donald Trump becomes President, it’s likely there will be no forthcoming relief similar to DACA and DAPA.
Even if he does not succeed in building a wall on the border with Mexico, the atmosphere in the United States is likely to be decidedly less immigrant-friendly under a Trump administration than it has been under President Obama.
If Hillary Clinton becomes President, she is likely to continue the same policies that Obama began.
But in order to make lasting improvements to the immigration system, Clinton would need for both houses of Congress to contain more members who belong to the Democratic Party.
Currently, both the House and the Senate have more Republicans than they do Democrats, which is one of the reasons Obama decided to try to do something unilaterally to fix the immigration system.
