Por Redacción
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Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque en aguas del Caribe, frente a la costa de Venezuela, contra una pequeña embarcación que, según el secretario de Defensa Pete Hegseth, traficaba narcóticos. El bombardeo, ordenado por el gobierno del presidente Donald Trump como parte de lo que ha definido como un “conflicto armado” contra los cárteles, dejó cuatro muertos y marcó la cuarta operación letal en la región en las últimas semanas.
En un mensaje difundido en redes sociales, Hegseth describió a los ocupantes de la embarcación como “narcoterroristas” y sostuvo que la carga de drogas tenía la capacidad de “matar entre 25,000 y 50,000 personas”. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la identidad de las víctimas ni especificó a qué organización criminal pertenecían.
Trump respaldó el ataque con otra publicación en la que insinuó que la embarcación se dirigía hacia territorio estadounidense. “Estaba cargada con suficientes drogas para matar de 25 A 50 MIL PERSONAS”, escribió el presidente en mayúsculas.
Las acciones se producen después de que Trump asegurara a legisladores republicanos que trataría a los narcotraficantes como “combatientes ilegales” y que recurriría a la fuerza militar sin necesidad de aprobación del Congreso. Esa posición ha desatado un fuerte debate en Washington sobre los límites de los poderes presidenciales y la legalidad de estas operaciones en el extranjero.
Debate en el Congreso y críticas internacionales
El ataque ha generado divisiones dentro del propio Partido Republicano. El senador Rand Paul, de Kentucky, cuestionó la estrategia y la falta de transparencia. “Volarlos sin saber quién está en el barco es una política terrible, y debería terminar”, declaró a The Associated Press. Paul reiteró que solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra y calificó de “ficción legal” el memorando en el que la Casa Blanca justificó los ataques.
Ese documento, obtenido esta semana por la AP, sostiene que “Estados Unidos está en un conflicto armado no internacional con organizaciones terroristas designadas” y autoriza al Pentágono a “realizar operaciones de acuerdo con la ley de conflicto armado”.
El senador Jim Risch, presidente republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, defendió la postura de Trump, afirmando que el presidente tiene autoridad constitucional como comandante en jefe para actuar contra los cárteles sin necesidad de aprobación adicional. “¿Qué podría ser una defensa más grande que mantener fuera este veneno que mata a miles de estadounidenses cada año?”, cuestionó.
Desde el extranjero, las reacciones también han sido inmediatas. El presidente colombiano Gustavo Petro acusó a Washington de “asesinato” y denunció que las víctimas eran jóvenes pobres del Caribe. “En las lanchas no van narcoterroristas. Los narcos viven en EE.UU., Europa y Dubái”, escribió en su cuenta de X. Petro instó a las familias de los muertos a organizarse para buscar justicia internacional.
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro no emitió comentarios inmediatos. La oficina de prensa en Caracas no respondió a las solicitudes de la AP, mientras analistas señalan que la falta de reacción podría deberse a tensiones diplomáticas y militares que ya han deteriorado los canales de comunicación con Washington.
Operaciones militares en el Caribe
El ataque del viernes se suma a otros tres registrados en las últimas semanas, todos contra embarcaciones que, según funcionarios estadounidenses, habían zarpado de costas venezolanas. En conjunto, las operaciones han dejado al menos 21 muertos, aunque la identidad de las víctimas sigue siendo incierta.
En el primer bombardeo, Trump aseguró que la embarcación transportaba miembros del Tren de Aragua, un cártel venezolano. Sin embargo, en los ataques posteriores, incluido el más reciente, no se han proporcionado pruebas que vinculen a los fallecidos con organizaciones específicas.
Un video difundido en redes sociales muestra el momento del último ataque: una pequeña embarcación avanza en aguas abiertas cuando explota repentinamente, levantando una nube de agua y humo. Al disiparse, la nave se observa envuelta en llamas, inmóvil sobre el mar.
El Pentágono ha intensificado su presencia en el Caribe, desplegando ocho buques de guerra con más de 5,000 marineros e infantes de marina. Dos funcionarios de defensa confirmaron bajo anonimato que la operación militar se ha mantenido estable durante semanas, en lo que constituye uno de los mayores despliegues navales en la región en décadas recientes.
La estrategia militar ha levantado interrogantes sobre si la administración Trump busca extender su “guerra contra los cárteles” hacia un escenario internacional más amplio, con operaciones regulares fuera de territorio estadounidense. Legisladores demócratas han advertido que la falta de supervisión del Congreso podría abrir la puerta a abusos de poder.
Mientras tanto, defensores de derechos humanos insisten en que las muertes de jóvenes caribeños en estas operaciones ponen de relieve los riesgos de usar la fuerza letal sin identificación previa de objetivos. “Estamos viendo ejecuciones sumarias en alta mar”, comentó un analista de seguridad latinoamericano a medios regionales.
La controversia sigue creciendo, y tanto en Washington como en América Latina el debate se centra en hasta dónde está dispuesto a llegar Trump en su ofensiva contra los cárteles y qué consecuencias podría tener en la estabilidad regional.
