Por Redacción
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La breve detención del senador demócrata Alex Padilla durante una conferencia de prensa del Departamento de Seguridad Nacional es el más reciente ejemplo de una tendencia alarmante: el uso creciente del poder federal para perseguir a funcionarios que se oponen a las políticas del expresidente y actual mandatario Donald Trump.
El incidente, ocurrido este jueves cuando Padilla fue esposado tras intentar interrumpir a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se suma a una serie de acciones federales dirigidas casi exclusivamente contra figuras demócratas, especialmente aquellas críticas de las políticas migratorias de Trump.
Padilla, senador por California, aseguró que solo intentaba hacerle una pregunta a Noem. Desde su oficina se dijo que se identificó como miembro del Senado, aunque autoridades afirmaron que no portaba su pin oficial. Tricia McLaughlin, vocera del DHS, indicó que el Servicio Secreto “pensó que era un atacante”. Videos del momento —captados desde diferentes ángulos— se han difundido ampliamente, dejando espacio para múltiples interpretaciones.
“No fui arrestado”, dijo Padilla a la prensa posteriormente. Pero el hecho de que fuera esposado por agentes del Servicio Secreto ha generado preocupación, especialmente al contexto más amplio de medidas tomadas por la administración de Trump contra funcionarios opositores.
Una escalada de acciones judiciales
El caso de Padilla se da tras una serie de episodios similares. Hace siete semanas, el Departamento de Justicia arrestó a la jueza local Hannah Dugan, de Milwaukee, acusándola de obstruir el arresto de un inmigrante. La jueza se ha declarado inocente. Desde entonces, el Gobierno federal ha acusado penalmente a la alcaldesa de Newark, Ras Baraka (aunque los cargos fueron luego retirados), y a la congresista LaMonica McIver, también de Nueva Jersey.
Estas acciones han sido acompañadas por declaraciones agresivas de congresistas republicanos. El representante Clay Higgins, de Louisiana, propuso arrestar a 100 jueces federales por fallar contra Trump, mientras que Gary Palmer, de Alabama, sugirió que los gobernadores de Minnesota, Illinois y Nueva York enfrenten cargos por obstrucción de la justicia debido a sus políticas de “ciudades santuario”.
Incluso Trump sugirió públicamente arrestar al gobernador Gavin Newsom, argumentando sin pruebas que su “delito principal” era haber gestionado mal California.
Reacciones y acusaciones de politización
Aunque algunos de estos casos han sido retirados, otros avanzan, despertando críticas de analistas legales y de derechos civiles, que ven en estas acciones un uso politizado del aparato judicial.
Un juez federal en Nueva Jersey reprendió a la fiscal interina Alina Habba por haber presentado cargos contra el alcalde Baraka, calificando la medida de “grave” y “motivada políticamente”. “Un arresto no es una herramienta preliminar de investigación”, dijo el magistrado, subrayando el impacto personal y reputacional de estas acciones.
En el caso de McIver, la congresista demócrata fue acusada de interferir con agentes de ICE, aunque su abogado calificó el proceso como “una represalia política”.
Para algunos, este patrón refleja una ofensiva del movimiento MAGA contra quienes se oponen a Trump. Mientras el expresidente ha enfrentado múltiples cargos penales —uno de los cuales resultó en condena—, los republicanos han redoblado esfuerzos por criminalizar a funcionarios públicos, en muchos casos por actos que los tribunales han considerado dentro de sus atribuciones legales.
“Esto marca un punto de inflexión”, comentó un analista legal. “Pasamos de investigar delitos a usar los arrestos como herramientas políticas”.
Aunque el caso de Padilla aún está lejos de resolverse, el contexto en el que ocurrió no puede ignorarse. Más allá de las circunstancias individuales, lo que preocupa es el patrón emergente: un Gobierno que parece dispuesto a utilizar el poder judicial como arma política.
