Por Agencias
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), eliminó un acuerdo ‘inusual’ con Arizona que pretendía anular la capacidad de Biden para reformar sobre inmigración.
De aceurdo a la agencia de prensa AP, dicho acuerdo fue firmado por el principal fiscal de Arizona días antes de la salida de Trump de la Casa Blanca, y señala que las órdenes tienen derecho a un “período de consulta de 180 días antes de que entren en vigencia los cambios de política del poder ejecutivo”.
Dichas medidas restringirían la capacidad del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden de eliminar o reformar medidas impuestas por su antecesor, Donald Trump.
Si bien, no está claro qué ha sucedido con los demás acuerdos que se firmaron antes de la llegada de Biden a la Casa Blanca, la agencia de noticias reveló que las ‘polémicas’ medidas podrían permanecer vigente por ocho años si el DHS no ‘actúa’.
Por su parte, el fiscal del estado de Arizona, Mark Brnovich, presentó una demanda en contra de la moratoria firmada por el presidente Joe Biden que busca frenar casi todas las deportaciones durante 100 días.
La oficina del fiscal solicitó a la Corte Federal del Estado de Arizona dictaminar que la nueva política viola la ley federal y el acuerdo existente entre Arizona y el DHS, lo que derivó en retirar este acuerdo.
De acuerdo con la demanda, detener las deportaciones durante 100 días plantea serios problemas de seguridad para las comunidades de Arizona.
El fiscal considera que el plan no sólo podría liberar a las personas acusadas o condenadas por delitos dentro de las comunidades de Arizona, sino que existe la preocupación de que las personas liberadas no estén siendo examinadas por COVID-19, lo que podría agravar aún más la situación de los hospitales locales.
“Es inconcebible que el DHS libere a detenidos potencialmente peligrosos en nuestro estado, especialmente cuando no se hacen esfuerzos para coordinar con los tribunales y departamentos de libertad condicional correspondientes. Le estoy pidiendo a la Corte que haga cumplir la ley”, recalcó Brnovich en un comunicado de prensa.
A finales de enero, Texas se convirtió en el primer estado en presentar una demanda para impedir que la administración del presidente Joe Biden implemente una moratoria a las deportaciones por 100 días.
Al igual que Arizona, Texas argumenta que la moratoria viola un acuerdo firmado en las últimas semanas.
Recientemente, un juez federal en Texas dictaminó que la nueva política del DHS probablemente viola la ley e impuso una orden de restricción temporal a la moratoria.
Esta orden se ha extendido otros 14 días a nivel nacional y ahora vence el próximo 23 de febrero.
El fiscal de Arizona señaló que dentro de los primeros tres días después de que Biden firmara la orden ejecutiva y antes de la decisión del juez en Texas, el DHS liberó a 27 inmigrantes en el área de Phoenix.
“Estas nuevas acciones ejecutivas han reiniciado el flujo masivo de inmigrantes a nuestra frontera y pronto tendrán un impacto significativo en los recursos de los gobiernos locales”, explicó el Alguacil del Condado de Yuma, Leon Wilmot, en el mismo comunicado.
En su opinión, bajo esta moratoria a las deportaciones “cientos y pronto miles de migrantes” serán potencialmente liberados en Arizona, así como en otras comunidades fronterizas.