Por Redacción
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La administración de Donald Trump confirmó que está deteniendo a familias migrantes con niños como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración ilegal, según una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
“Estas personas tienen órdenes finales de deportación emitidas por jueces federales”, afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, en un comunicado. “Esta administración no ignorará el Estado de derecho”.
Centros de detención reabiertos para familias
Dos instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas—los centros de detención de Karnes y Dilley—han sido reabiertos y reacondicionados para alojar a familias migrantes, según McLaughlin.
“La mejor opción para los extranjeros ilegales es la autodeportación. Si se van ahora, todavía pueden tener la oportunidad de regresar y vivir el sueño americano”, agregó.
El miércoles, CoreCivic, una de las mayores empresas privadas de prisiones en EE.UU., anunció que llegó a un acuerdo con ICE para reanudar las operaciones en un centro de detención en Dilley, con capacidad para 2,400 personas. La instalación se encuentra a unos 112 kilómetros al suroeste de San Antonio.
Cuando se solicitó más información, un portavoz de ICE remitió las consultas a McLaughlin.
Operativo para localizar y deportar menores no acompañados
Una operación separada está en marcha para rastrear y deportar a miles de niños migrantes que ingresaron a EE.UU. sin sus padres, según un memorando interno obtenido por Reuters.
Tom Homan, el “zar de la frontera” de Trump, y la secretaria del DHS, Kristi Noem, han reiterado que su enfoque principal es arrestar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Sin embargo, advirtieron que otros individuos encontrados durante las redadas también podrían ser detenidos.
Aunque el gobierno ha buscado formas de aumentar las deportaciones, el ritmo actual durante el segundo mandato de Trump se ha mantenido estable en comparación con el año pasado, según un análisis de datos de vuelos de deportación.
Organizaciones de derechos humanos e inmigración han criticado enérgicamente las medidas del gobierno de Trump, especialmente su decisión de restringir drásticamente las solicitudes de asilo en la frontera entre EE.UU. y México. Algunas de estas políticas ya han sido impugnadas ante los tribunales.
El viernes, Homan defendió las acciones del gobierno en una entrevista, afirmando que “por más trágica, emotiva y controvertida que sea la aplicación de las leyes de inmigración, es una medida necesaria para asegurar nuestras fronteras y salvar vidas”.
