Por Agencias
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Jeffri Dávila-Reyes dice que todavía está desconcertado por cómo terminó cumpliendo una condena en una prisión federal de Estados Unidos
La operación que terminó con el decomiso de cocaína en altamar y su detención se realizó más cerca de Costa Rica, su tierra natal, que de Estados Unidos; y los relativamente pocos kilos de droga que transportaba tenían como destino Jamaica en lugar de las costas estadounidenses.
Su situación es similar a la de cientos de extranjeros capturados por la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas internacionales todos los años, la mayoría de ellos pescadores pobres de Centro y Sudamérica, impulsados al contrabando con ofertas de más dinero del que jamás hayan visto: en el caso de Dávila Reyes, 6.000 dólares.
“Nadie tiene culpa de nacer pobre”, escribió en una carta.
Ahora, faltando tres años para completar su sentencia de 10 años, la condena de Dávila-Reyes ha sido anulada en un fallo que pasó desapercibido y que amenaza con dañar un arma clave en la guerra de Estados Unidos contra las drogas: una ley que por décadas ha dado a ese país la autoridad para realizar arrestos en altamar, en cualquier lugar del mundo, incluso si las drogas no se dirigen a costas estadounidenses.
Es una ley que ayuda a Estados Unidos a reforzar sus números sobre interdicción de drogas y mostrar su fuerza marítima en una región donde más se trafica.
Pero dado que a menudo se dirige a los contrabandistas en los peldaños más bajos del narcotráfico, no impacta en los enormes volúmenes de narcóticos que fluyen hacia territorio estadounidense.
“Es un desperdicio del dinero de los contribuyentes estadounidenses tener estas costosas desventuras mientras jugamos a la policía antidrogas del mundo”, dijo Eric Vos, jefe de la oficina del Defensor Público Federal en Puerto Rico, donde se inició el caso de Dávila-Reyes. “Nuestros esfuerzos de aplicación de la ley y los gastos de miles de millones de dólares deberían concentrarse exclusivamente en las drogas que realmente ingresan a Estados Unidos”.
La norma en cuestión es la Ley Marítima de Drogas (Maritime Drug Law Enforcement Act), aprobada por el Congreso en 1986, en el apogeo de la epidemia de crack. Define al contrabando de drogas en aguas internacionales como un crimen contra Estados Unidos y le otorga poderes para realizar detenciones en cualquier lugar del mar, siempre que determine que una embarcación “no tiene nacionalidad”.
Pero cómo considerar que una embarcación es apátrida puede ser enredado.
Cuando la Guardia Costera persiguió la lancha rapida de Dávila-Reyes en el Caribe occidental en 2015, él y sus dos primos —que fueron vistos mientras arrojaban paquetes de cocaína por la borda frenéticamente— identificaron su embarcación como proveniente de Costa Rica, según el resumen de la investigación del FBI.
Sin embargo, más allá de marcas en el costado del bote que se asemejan a la bandera de Costa Rica, los hombres carecían de documentación para respaldar su reclamo. Cuando Estados Unidos pidió al gobierno de Costa Rica que confirmara el registro de la embarcación, respondió 12 semanas después de la redada que no podía confirmar ni refutar la afirmación.
Unas semanas después, los hombres fueron acusados y eventualmente se declararon culpables de posesión de narcóticos “a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos”.
La condena habría pasado desapercibida si no fuera por la impugnación constitucional presentada por un grupo de defensores públicos en Puerto Rico, donde muchos de los casos de drogas son juzgados.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito, en Boston, dictaminó en enero que las disposiciones de la ley —que equiparan la respuesta ambigua de una nación con una negación rotunda del reclamo de nacionalidad de un capitán— eran una extensión inconstitucional de los poderes policiales de Estados Unidos más allá de sus fronteras.
Además, casi ninguna de las personas arrestadas bajo la ley había puesto un pie en Estados Unidos ni fueron acusadas de intentar importar cocaína a ese país. En el caso de Dávila-Reyes, los cinco a 15 kilogramos de cocaína que se le acusó de transportar se dirigían supuestamente a Jamaica.
A pesar del fallo, Dávila-Reyes permanece tras las rejas mientras el Departamento de Justicia busca la reconsideración de los nueve jueces del Primer Circuito. Sus dos coacusados fueron liberados en 2018 y 2020 después de cumplir sentencias de alrededor de cinco años cada uno.
UNA GUERRA SIN FIN
Desde el momento en que el presidente Nixon declaró la “guerra contra las drogas”, en 1971, la Guardia Costera de Estados Unidos ha estado al frente de la campaña para detener el ingreso de narcóticos ilegales al país. Hoy, gasta más de 2.000 millones de dólares anuales como parte de ese esfuerzo. Otras agencias federales —el FBI, DEA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y los Departamentos de Estado y de Justicia — aportan miles de millones más.
El objetivo es incautar cocaína en un cuello de botella vulnerable, ocasionar pérdidas enormes a los traficantes y limitar la cantidad de drogas que llegan a las calles de Estados Unidos.
Pero, casi desde el principio, ese objetivo ha resultado escurridizo.
Los precios de la cocaína, un indicador de la oferta, se han mantenido en mínimos históricos durante más de una década mientras que la producción de cocaína de Colombia se ha disparado a niveles récord. En un buen año, apenas el 10% de los envíos de cocaína que fluyen a través de la zona de tránsito del hemisferio occidental —donde se trafica la mayor parte de la cocaína del mundo—, son incautados o destruidos en el mar, según las propias estimaciones del gobierno de Estados Unidos.
A pesar de ese historial tan pobre, los funcionarios estadounidenses aún proclaman su éxito en el mar.
Un informe de 2020 de la Guardia Costera dijo que las detenciones en el mar son la manera más efectiva para combatir a los cárteles y las redes criminales. Desde 2017, la cantidad de cocaína que ha incautado o destruido supera las 959 toneladas.
“Estamos golpeando a los traficantes de drogas donde más les duele: en sus bolsillos”, dijo Rahul Gupta, el zar antidrogas de la Casa Blanca, en una conferencia de prensa a principios de este año en Fort Lauderdale, Florida, para dar la bienvenida a un barco de la Guardia Costera tras una operación de tres meses que arrojó incautaciones de 30 toneladas de cocaína y marihuana con un valor de 1.000 millones de dólares.
Pero entre las drogas apiladas ordenadamente en la cubierta no se veía por ninguna parte a los 86 narcotraficantes extranjeros responsables de los envíos, algunos de los cuales habían sido desembarcados y encarcelados el día anterior.
Los procesamientos con base en la Ley Marítima de Drogas se dispararon el año pasado a 296 —casi cinco veces más que hace una década—, según estudios hecho por la Universidad de Syracuse, que recoge datos del Departamento de Justicia. Pero debido a que cada caso involucra a varios acusados, la cantidad real de extranjeros detenidos en el mar el año pasado fue de 635, la cifra más alta desde 2017.
Cada delito conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años, debido a las grandes cantidades de cocaína involucradas.
Los críticos de la política antidrogas de Estados Unidos dicen que la mayoría de esos contrabandistas aceptaron el trabajo debido a la pobreza y no vale la pena encerrarlos por tanto tiempo cuando legiones de sus compatriotas en situación de pobreza están listos para tomar su lugar. Dávila-Reyes, por ejemplo, tuvo que dejar la escuela en el tercer grado para ayudar a su familia y eventualmente encontró un trabajo en la construcción por apenas 10 dólares al día.
“Ellos no son autores intelectuales como Pablo Escobar o ‘El Chapo’ Guzmán”, dijo Kendra McSweeney, geógrafa de la Universidad Estatal de Ohio, quien durante años ha investigado las políticas antinarcóticos de Estados Unidos.
“Pero si estás tratando de alcanzar cifras y nadie mide la importancia de esas cifras, entonces todos los incentivos están ahí para continuar”, dijo. “Hace que la gente se sienta bien consigo misma, pero es tremendamente ineficiente”.
PRISIONES FLOTANTES
Después de su arresto, Dávila-Reyes dijo que recibió maltrato mientras permaneció a la deriva en el mar: le permitieron bañarse sólo una vez por semana y le sirvieron platos de frijoles malolientes y echados a perder.
“No podía comer esa comida”, escribió en una serie de cartas en español desde su prisión en Virginia Occidental.
No se pudo verificar el relato de Dávila-Reyes, pero los abogados designados por los tribunales para representar a los narcotraficantes extranjeros dicen que esas historias son comunes.
Bert Dominguez, abogado defensor de Miami, señaló un testimonio en la sala del tribunal el año pasado en el que un oficial de la Guardia Costera describió cómo los detenidos son encadenados de una pierna a la cubierta de los barcos guardacostas. Sólo quitan las cadenas para permitir que los detenidos usen el baño, se duchen o hagan un poco de ejercicio diario.
“Son tratados como fruta almacenada”, dijo Dominguez.
La Guardia Costera de los Estados Unidos rechaza esa caracterización y dice que después de ser detenidos, todos los sospechosos tienen acceso regular a tratamiento médico, productos de higiene personal, protección contra la lluvia, el sol y las salpicaduras del agua del mar, y a comidas regulares.
“La Guardia Costera trata a cada persona confiada a nuestro cuidado con dignidad y respeto”, dijo en un comunicado el comandante y portavoz Matt Kroll.
Lo que es indiscutible es que pasarían 19 días desde el momento de la detención de Dávila-Reyes hasta su comparecencia inicial ante un juez federal en Puerto Rico. Para los estándares de la justicia en casos de tráfico de drogas que involucra a embarcaciones, eso es bastante rápido: en todo el país, la demora promedio es de más de 23 días, según un análisis de 28 casos este año que involucran a 89 ciudadanos extranjeros. En un caso, la espera duró 46 días.
Los procesos penales de Estados Unidos exigen que los sospechosos, incluso aquellos arrestados fuera de los Estados Unidos, sean llevados ante un juez “sin demoras innecesarias”. Por lo general, eso significa no más de 48 horas después del arresto.
Kroll dijo que la Guardia Costera busca garantizar una transferencia “oportuna” de los sospechosos, pero justificó las detenciones prolongadas debido a la necesidad de mantener operaciones policiales en curso a través de grandes distancias geográficas.
“El gobierno está operando bajo esta ficción de que en realidad no están arrestados cuando son detenidos y encadenados a la cubierta de un barco de la Guardia Costera”, dijo Tracy Dreispul, defensora pública de Miami, durante el interrogatorio del testigo de la Guardia Costera el año pasado. “Pero todos sabemos lo que significa ‘arresto’”.
CONSECUENCIAS LEGALES
Ni la Guardia Costera ni el Departamento de Justicia comentaron sobre la apelación de Dávila-Reyes, pero los expertos dicen que es demasiado pronto para juzgar las consecuencias del fallo histórico, el cual pone límites a la capacidad de procesar delitos relacionados con el narcotráfico en altamar.
Actualmente, la oficina de Vos en Puerto Rico prepara 14 mociones de desestimación de otros casos en embarcaciones a nombre de acusados encarcelados y procedentes de Colombia, Venezuela y República Dominicana. El fallo también ha sido citado en al menos cinco procesos fuera del Primer Circuito.
De los 28 casos de altamar este año, 10 involucran una declaración de la nacionalidad de la embarcación que un gobierno extranjero no pudo confirmar o negar, según un análisis de los registros judiciales. En solo cinco casos no se declaró la nacionalidad, y en los 13 restantes los registros judiciales no la decían.
“Definitivamente es un resquicio en la armadura”, dijo Roger Cabrera, un abogado designado por un tribunal en Miami que busca aprovechar a Dávila-Reyes para apelar la condena de su propio cliente. “Pero como la mayoría de los resquicios, estoy seguro de que el gobierno federal ya está buscando cómo enmendarlo”.
Por ahora, las fuerzas del orden de Estados Unidos continúan con sus búsquedas e incautaciones regulares en altamar con pocos indicios de preocupación.
En los expedientes judiciales, los abogados del gobierno de Estados Unidos han argumentado que los procedimientos para abordar una embarcación y determinar si un reclamo de nacionalidad es legítimo se rigen por tratados bilaterales, incluido uno con Costa Rica, que nunca se ha quejado de que se haya violado su soberanía.
Además, dijeron que retrasar las acciones para esperar una negación indiscutible de registro en una nación extranjera antes de declarar apátrida a una embarcación sería poco práctico y de inmediato alentaría a los traficantes a afirmar que sus embarcaciones son de Corea del Norte o de pequeños estados de Micronesia, donde los contactos diplomáticos son limitados.
“Cualquier persona involucrada en traer drogas peligrosas a Estados Unidos será responsable, sin importar su posición en la red de distribución de drogas”, dijo Nicole Navas Oxman, portavoz del Departamento de Justicia, en un comunicado. “Estos delincuentes son una parte intrincada en las redes de tráfico de drogas, que representan una amenaza directa para la salud y la seguridad de las comunidades estadounidenses”.
