Por Agencias
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Años después de migrar a Estados Unidos, María del Carmen Castellón y su esposo, Miguel Luna, construían un nuevo futuro en Baltimore.
Con el sueño de expandir su negocio de comida salvadoreña, la pareja trabajaba arduamente, hasta que una tragedia truncó sus aspiraciones.
Luna, soldador y albañil, falleció cuando un carguero perdió potencia y se estrelló contra el puente Francis Scott Key el 26 de marzo, provocando el colapso de la estructura. Luna y otros cinco trabajadores fueron lanzados al río Patapsco, muriendo en el acto. Siete meses después, la familia de Luna y las de otras víctimas buscan justicia, iniciando acciones legales contra el propietario y el operador del buque Dali.
“El día del accidente se abrió un agujero en mi corazón, una herida que nunca sanará”, expresó Castellón en una conferencia de prensa, acompañada por abogados y familiares de los fallecidos.
Las demandas presentadas alegan negligencia por parte de las empresas responsables del buque, argumentando que ignoraron problemas de la embarcación antes del accidente.
El choque fatal y las vidas afectadas
La tragedia ocurrió cuando el Dali, un barco de carga con destino a Sri Lanka, perdió potencia mientras navegaba cerca del puerto de Baltimore. El capitán del buque emitió una llamada de emergencia que permitió a las autoridades cortar el tráfico sobre el puente, pero el aviso no llegó a tiempo a los trabajadores que realizaban labores de mantenimiento nocturnas en la estructura. La mayoría de ellos se encontraban descansando en sus vehículos y no tuvieron oportunidad de escapar.
Uno de los trabajadores sobrevivió milagrosamente, logrando salir de su camioneta antes de que ésta se hundiera en las heladas aguas del río. Equipos de rescate trabajaron durante varios días para recuperar los cuerpos, mientras los escombros del puente obstruían el tráfico marítimo en la costa este, interrumpiendo las operaciones portuarias y dejando temporalmente sin trabajo a muchos estibadores.
Los seis fallecidos, todos inmigrantes latinoamericanos, habían llegado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para sus familias. Luna, originario de El Salvador, había vivido en el país durante varios años. Su muerte dejó a Castellón y a sus cinco hijos enfrentando un futuro incierto.
Luna era conocido por su arduo trabajo, tanto en la construcción como en el negocio de comida que gestionaba junto a su esposa. Tras largas jornadas laborales, solía ir directamente al camión de comida de Castellón, donde ayudaba a servir pupusas y otros platillos tradicionales salvadoreños.
Un sueño interrumpido
El negocio de comida simbolizaba el sueño compartido de Castellón y Luna de abrir un restaurante. Apenas unos días antes de su muerte, Luna sorprendió a su esposa llevándola a ver el local que planeaban alquilar para el restaurante. “Cada paso que dábamos nos acercaba más a nuestros sueños”, dijo Castellón. Ella recuerda la última vez que lo vio, cuando le sirvió la cena antes de que saliera a su turno nocturno.
A pesar del dolor, Castellón ha decidido seguir adelante con sus planes, ahora en honor a su esposo.
“Siento que Miguel me vigila, orgulloso de que estoy alzando mi voz por él y por nuestra comunidad”, expresó al finalizar la conferencia de prensa.
El reclamo de justicia
La familia de Luna no está sola en su búsqueda de justicia. Gustavo Torres, director del grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes CASA, señaló que no debería sorprender que las víctimas fueran trabajadores inmigrantes. Según Torres, estos empleados suelen aceptar trabajos peligrosos que otros no están dispuestos a realizar, y a menudo lo hacen sin la protección adecuada.
“Ninguna cantidad de dinero puede reemplazar una vida”, afirmó Torres, refiriéndose a las víctimas como “seis almas irremplazables”. Añadió que los intereses corporativos no deberían evadir su responsabilidad ni minimizar el impacto humano de la tragedia.
El Dali, propiedad de Grace Ocean Private Ltd. y operado por Synergy Marine Group, ambas empresas con sede en Singapur, ha sido el foco de las acciones legales. Días después del accidente, las compañías presentaron una moción ante la corte para limitar su responsabilidad legal, un procedimiento común bajo las leyes marítimas de Estados Unidos. Las empresas buscan restringir su responsabilidad a 43,6 millones de dólares, lo que podría convertir este caso en uno de los más costosos en términos de víctimas marítimas en la historia del país.
Un portavoz de la compañía propietaria del Dali, Darrell Wilson, comentó que las demandas eran previsibles, dado el plazo legal para presentarlas, que vence el 24 de septiembre. Sin embargo, se negó a emitir más comentarios sobre el caso.
Negligencia y seguridad laboral
La investigación preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) reveló que el Dali enfrentó problemas eléctricos tanto antes como después de partir del puerto de Baltimore. La pérdida de potencia en el motor fue fatal, ocurriendo justo cuando el buque pasaba bajo el puente. Por su parte, el FBI también ha abierto una investigación sobre las circunstancias previas al accidente.
Además de las demandas presentadas por los familiares, funcionarios de la ciudad y empresas locales han interpuesto quejas acusando a las compañías de negligencia. Las demandas exigen responsabilidades tanto por la pérdida de vidas humanas como por los daños económicos causados por el cierre prolongado de las rutas de navegación.
Castellón ha dejado claro que su lucha no es solo por justicia personal, sino para mejorar las condiciones laborales de los inmigrantes. Espera que esta tragedia impulse a las autoridades y a las empresas a implementar medidas de seguridad más estrictas para evitar que otros trabajadores se vean expuestos a peligros innecesarios.
Mientras el proceso legal avanza, el puente colapsado será reconstruido, pero las obras podrían tardar varios años. Entretanto, Castellón sigue adelante con el sueño que compartía con su esposo: abrir su restaurante y honrar su memoria.
